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¡GENERAL DE PIURA INSERVIBLE! LA ERA DE MANUEL FARÍAS ZAPATA DESATA UNA EPIDEMIA DE SICARIATO: PIURA VIVE SU AÑO MÁS SAN...
29/11/2025

¡GENERAL DE PIURA INSERVIBLE! LA ERA DE MANUEL FARÍAS ZAPATA DESATA UNA EPIDEMIA DE SICARIATO: PIURA VIVE SU AÑO MÁS SANGRIENTO DE TODA SU HISTORIA

Fracaso Total policial: cifras y nuevas evidencias del desastre gestión policial que condena a los piuranos

El balance de la gestión del general Manuel Wuilmer Farías Zapata ya no admite matices: bajo su mando, Piura pasó de la preocupación a la catástrofe en seguridad ciudadana. El aumento descomunal del sicariato es tan dramático que hoy Piura ostenta, sin competencia, el primer lugar en crecimiento porcentual de homicidios en todo el norte del Perú. Según informes del Ministerio de Salud (SINADEF) y reportes policiales, los homicidios en la región subieron más de 40% en solo un año, con casi todos los as*****tos atribuidos al crimen organizado, ajustes de cuentas y sicariato puro.

Se contrastan los datos anuales de homicidios (y, dentro de estos, los casos de sicariato) en Piura durante el periodo 2020-2025, dividiéndolos en dos etapas: (1) 2020-2022, años previos a la actual jefatura policial, y (2) 2023-2025, periodo correspondiente a la gestión del General PNP Manuel Wuilmer Farías Zapata al frente de la Macro Región Policial Piura (asumió el cargo en enero de 2024) Adicionalmente, se revisan informes oficiales (Ministerio del Interior, Policía Nacional, INEI, Defensoría del Pueblo) y notas de prensa para documentar las políticas de seguridad ciudadana, operativos contra el crimen organizado y medidas anti-sicariato implementadas bajo la gestión del Gral. Farías, contrastando dichas acciones con la evolución de las cifras de violencia en la región.
Evolución de los homicidios y sicariato en Piura (2020-2025): el drama en números

Entre 2020 y 2025, la región Piura experimentó un alarmante crecimiento e historico de la violencia homicida, especialmente vinculada al sicariato y al crimen organizado. Las cifras, sustentadas en los registros del SINADEF y reportes oficiales, describen una tendencia que pasó de la preocupación a la emergencia absoluta.
En 2020, se estimaron aproximadamente 60 homicidios, en un contexto marcado por el confinamiento y el impacto inicial de la pandemia, aunque con un repunte leve hacia fin de año
Para 2021, los as*****tos ascendieron a cerca de 70, reflejando el aumento pospandemia y el resurgimiento de actividades delictivas tras la reapertura social.

El año 2022 marcó el verdadero punto de quiebre, con aproximadamente 105 homicidios, en medio de una explosión de sicariato y la consolidación del crimen organizado como motor principal de la violencia letal.

En 2023, se registraron 81 homicidios, una reducción momentánea atribuida al estado de emergencia en zonas críticas, aunque el descenso fue efímero y localizado.

El 2024 significó el regreso del horror con 116 homicidios, cifra histórica y récord absoluto, con la práctica totalidad de estos crímenes cometidos por sicarios o en contextos de crimen organizado.

Finalmente, en 2025, las cifras ya superan 135 homicidios antes de cerrar el año, batiendo todos los récords previos e historicos y consolidando a Piura como epicentro nacional del sicariato.
Fuente: SINADEF, prensa local y reportes oficiales.
Comparativa nacional:

El año 2025 marcó un nuevo récord de violencia en Piura, con 135 homicidios registrados –la cifra anual más alta desde que se llevan registros SINADEF en la región. Este repunte representó un +48% respecto a 2023, revirtiendo la caída previa. Los datos mensuales muestran que prácticamente cada mes de 2025 superó los valores del año anterior en muertes por sicariato. Por ejemplo, marzo de 2024 tuvo 7 homicidios en Piura, mientras que marzo de 2025 (un año después) escaló a 16 casos. En promedio durante 2024 se cometieron 9-10 as*****tos por mes en la región, casi todos mediante arma de fuego o arma blanca por sicarios. Esta violencia persistente ha continuado en 2025, a pesar de diversas acciones policiales: hasta octubre de 2025 ya se contabilizaban 116 homicidios en Piura, cifra que iguala todo el 2024 y anticipa que 2025 cerrará por encima de 135 homicidios (es decir, un nuevo máximo histórico). En palabras de un exjefe policial local, “2025 se consolidará como el año más sangriento para la región” si no se logra frenar esta tendencia.

Estos indicadores confirman que Piura ha pasado en pocos años de tener una violencia homicida relativamente moderada (decenas de casos en 2020-2021) a sufrir niveles críticos equiparables a los de las regiones más violentas del país. La tasa de homicidios departamental saltó de ~3.5 por 100 mil hab. en 2019 a 5.5 por 100 mil hab. en 2025, uno de los mayores incrementos nacionales. Este fenómeno está intrínsecamente ligado al auge del crimen organizado en el norte peruano –particularmente extorsiones, tráfico de dr**as y minería ilegal, actividades que alimentan la contratación de sicarios– y a la insuficiente capacidad del Estado para controlar estas economías criminales.
Triple as*****to en menos de 12 horas ayer consterno a la regiòn: el horror no descansa
1. El caso Habner Joel Silva Jaramillo: una vida universitaria truncada

El terror volvió a teñir de sangre las calles de Castilla. Sicarios abrieron fuego a quemarropa contra un grupo de jóvenes en el asentamiento humano Ciudad del Niño, dejando un saldo trágico: Habner Joel Silva Jaramillo, universitario de 19 años de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Piura, perdió la vida de manera brutal. El joven, con toda una vida por delante, fue asesinado en circunstancias que reflejan la impunidad absoluta con la que operan las mafias en la región.

2. Un taxista ejecutado en plena avenida Guardia Civil

En otro acto de violencia extrema y casi en simultáneo, Luis Roberto Roque Zapata (38), taxista de oficio, fue asesinado a balazos en plena avenida Guardia Civil, justo al costado del conocido hotel Motel Manhattan Suite, en la entrada del asentamiento humano “Alas Peruanas”. La escena, presenciada por transeúntes, confirma que ni la luz del día ni la presencia de testigos disuaden a los sicarios.

3. El as*****to del abogado Percy Ipanaque: conmoción en la región

Como si fuera poco, el reconocido abogado piurano Percy Ipanaque fue brutalmente asesinado de siete balazos por presuntos sicarios a bordo de motocicleta, en otro ataque calculado y despiadado que sembró el miedo y la indignación en la sociedad piurana. La saña del ataque y el perfil de la víctima reflejan que ya nadie está a salvo en la Piura de Farías Zapata. Cabe indicar que el abogado denuncia públicamente al general de Piura, también realizo denuncias a los 5 efectivos policiales involucrados en la siembra de pruebas para meterse preso a la fuerza.
Radiografía del terror: sicariato y métodos criminales

•Modus operandi: Más del 90% de los homicidios fueron ejecutados por sicarios en motocicleta, modalidad que se consolidó ante la débil fiscalización del transporte informal. Los criminales actúan a plena luz del día, con total impunidad.

•Zonas críticas: Sullana, Piura (capital), Veintiséis de Octubre y Castilla concentran el mayor número de as*****tos. La migración de bandas entre provincias ha convertido todo el departamento en un “campo minado”.

•Impacto social: El miedo paraliza el comercio después de las 7 pm. Más del 70% de ciudadanos declara sentir “inseguridad extrema” en sus barrios, según encuesta de Ipsos publicada en El Regional de Piura.

•Economía criminal: Las principales fuentes de financiación del sicariato en Piura son la extorsión a comerciantes y transportistas, el cobro de cupos en obras públicas y el narcotráfico fronterizo.
Gestión del Gral. Manuel Farías Zapata en Piura (2023-2025): intervenciones y estrategias

El General PNP Manuel “Wilmer” Farías Zapata asumió la jefatura de la I Macro Región Policial Piura (que abarca Piura y Tumbes) a inicios de enero de 2024, relevando al Gral. Ángel Cayetano. Desde su llegada, Farías –quien se autodenominó el “general del pueblo”– anunció una serie de políticas y medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana en la región. A continuación, se resumen las principales acciones y enfoques de su gestión, según reportes oficiales y prensa local:

•Reestructuración policial y disciplina interna: Farías declaró que “no quiere ser un jefe sino un líder” cercano a la comunidad, y se comprometió a una reestructuración del despliegue policial para aumentar la presencia en todo el territorio. Una de sus primeras medidas fue exigir mayor cumplimiento horario al personal (“no a la hora del burro”) y combatir la corrupción policial interna haciendo un llamado a la ciudadanía para no ser cómplice de sobornos. En junio de 2024, informó públicamente que 180 policías en Piura fueron sancionados por corrupción, de los cuales 72 fueron expulsados del servicio, por casos de cohecho y malas prácticas. Asimismo, anunció el traslado masivo de 2.220 efectivos policiales de Piura hacia otras regiones del país, como parte de una renovación del personal para “oxigenar” la institución y eliminar vicios adquiridos por agentes con muchos años en la plaza. Esta rotación sin precedentes buscó mejorar la conducta y el rendimiento policial en la lucha contra el crimen.

•Enfoque en inteligencia y crimen organizado: Desde el inicio de su gestión, Farías enfatizó el uso de la inteligencia policial para desarticular organizaciones criminales. En su discurso de asunción señaló que trabajaría estrechamente con unidades de inteligencia “para luchar contra la extorsión y el sicariato” en Piura. Bajo su conducción, la Policía lanzó operativos específicos contra redes de extorsionadores que operan desde los penales de Piura, e incautó armamento y dr**as en varias intervenciones durante 2024. Farías también coordinó operativos con las Fuerzas Armadas para enfrentar la minería ilegal en la frontera con Ecuador, identificada como fuente de financiamiento del crimen organizado. En noviembre de 2025, alertó que más de 2 mil mineros informales registrados (REINFO) estarían siendo usados como fachada por mafias para lavar dinero de oro ilegal y costear actividades de sicariato. Informó sobre operativos binacionales exitosos en la frontera (distritos de Suyo, Las Lomas, etc.), donde se destruyó maquinaria y se capturó a cabecillas mineros, en coordinación con fuerzas ecuatorianas. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de Farías de golpear las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que operan en Piura.

•Colaboración con autoridades locales y comunidad: La gestión de Farías ha buscado articular esfuerzos con gobiernos locales y la sociedad civil. Por un lado, se ha fortalecido el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), participando en sesiones descentralizadas junto a alcaldes y la Defensoría. En agosto de 2024, por ejemplo, el CORESEC Piura –con Farías presente– evaluó los avances del estado de emergencia en Sullana y acordó solicitar su ampliación, destacando la necesidad de equipos de inteligencia especializados para evitar que las bandas migraran a provincias vecinas. Farías ha respaldado iniciativas de los alcaldes, como integrar 80 cámaras de videovigilancia municipales a la central de monitoreo de la Policía, medida implementada en Piura metropolitana a fines de 2024 para mejorar la respuesta ante delitos. Junto al alcalde provincial Gabriel Madrid, también lanzó operativos conjuntos para controlar motocicletas y mototaxis informales en el centro de Piura –dado que muchos ataques sicarios se cometen desde motos– incluyendo patrullajes sorpresa del escuadrón motorizado y la instalación de un Puesto de Auxilio Rápido en el mercado modelo. Farías resaltó la colaboración con Serenazgo, juntas vecinales y rondas campesinas como pilar de su plan: se ha apoyado la organización de más de 1.600 ronderos en distritos críticos (p. ej. Veintiséis de Octubre) dotándolos de equipos básicos, en coordinación con empresas locales. Según Farías, gracias a estas redes comunitarias “ahí se acabaron los robos” y propuso replicar el modelo vía ordenanzas regionales.

•Refuerzo de logística y nuevas tecnologías: Con recursos del Ministerio del Interior y gobiernos locales, durante 2024 se mejoró modestamente la dotación policial en Piura. Llegaron camionetas y motocicletas adicionales para comisarías, y a inicios de 2025 Farías anunció cambios sustanciales de personal y equipo desde el 1° de enero para redoblar la vigilancia en las calles. En paralelo, se incorporaron herramientas tecnológicas innovadoras: por ejemplo, la Policía de Piura empezó a promover “Canéalo”, una aplicación móvil de alertas ciudadanas en tiempo real, que permite a cualquier persona reportar emergencias o delitos enviando fotos georreferenciadas directamente a la central policial. Farías señaló que buscan integrar estas alertas con el sistema de salud para agilizar la respuesta a víctimas. Si bien estas iniciativas tecnológicas están en fase inicial, reflejan un intento de modernizar la reacción policial ante hechos delictivos.

En resumen, la gestión del Gral. Farías Zapata en Piura se ha caracterizado por una estrategia multifacética: depuración interna de la Policía, reorientación táctica contra el crimen organizado (inteligencia, operativos a gran escala), coordinación interinstitucional con autoridades locales (patrullaje integrado, cámaras, ordenanzas) y participación comunitaria (ronderos, denuncias ciudadanas vía app). Estas medidas buscan atender tanto la dimensión reactiva (mayor presencia policial y operativos) como la preventiva (control de factores criminógenos como motos informales, corrupción policial y economías ilegales). A continuación, se analiza si tales esfuerzos han logrado traducirse en mejoras en los indicadores de violencia.
Análisis comparativo: impacto de las medidas en la seguridad de Piura.

Al contrastar la evolución de los homicidios/sicariato (2020-2025) con las acciones implementadas bajo la jefatura del Gral. Farías (2024-2025), se observa una situación compleja. Por un lado, las cifras objetivas de SINADEF muestran que los homicidios siguieron en aumento durante 2024-2025, a pesar de las intervenciones descritas. En 2024 –primer año completo de Farías en el cargo– Piura alcanzó 116 as*****tos, superando en más de 30 casos el año anterior. Y en 2025, aún con múltiples operativos en curso, la región volvió a sobrepasar el récord previo de homicidios antes de finalizar el año. Esto indicaría, a primera vista, que las medidas policiales no han logrado contener la escalada de violencia letal en el corto plazo. Factores estructurales como la rápida expansión de las redes de extorsión y sicariato en el norte, alimentadas por economías ilícitas, continúan impulsando la alta tasa de homicidios. De hecho, hacia mediados de 2025 Piura seguía figurando como la cuarta región con más homicidios del país, solo detrás de Lima, La Libertad y Callao. Autoridades locales como el alcalde de Piura llegaron a cuestionar públicamente el liderazgo de Farías, señalando que “las cifras no lo acompañan” y que “no hay resultados” visibles en la contención de la inseguridad. Incluso mencionaron que no perciben un plan policial claro contra la delincuencia y criticaron declaraciones del general que minimizarían la situación. Estos pronunciamientos reflejan la percepción de frustración de parte de la población y sus autoridades frente al continuo derramamiento de sangre en la región.

No obstante, por otro lado, es importante matizar el análisis considerando algunos indicios de mejora en ámbitos específicos durante la gestión de Farías. Por ejemplo, el estado de emergencia focalizado en Sullana en late 2023, continuado en parte del 2024, sí redujo temporalmente los as*****tos en esa provincia. Las estadísticas policiales mostraron que, tras meses críticos, la tendencia delincuencial en Sullana entró “a la baja” en el último trimestre de 2023 (p.ej., caídas interanuales de 10-12% en denuncias de delitos comunes en agosto-setiembre). Sin embargo, como se mencionó, la violencia simplemente se desplazó a otras localidades de Piura, evidenciando la necesidad de ampliar las medidas a toda la región. Farías y el CORESEC han reconocido esto, solicitando extender las declaratorias de emergencia de manera más holística.

Asimismo, el propio Gral. Farías ha destacado en foros oficiales que algunos indicadores de seguridad ciudadana presentaron mejoras bajo su mando. En la Audiencia Pública Descentralizada del Congreso (Piura, nov. 2025), Farías informó que Piura pasó del 4.º al 11.º lugar en el ranking nacional de victimización (proporción de población víctima de delito). Este dato sugiere que, aunque los homicidios aumentaron, otros delitos contra la ciudadanía común (robos, asaltos) podrían haberse controlado mejor en 2024-2025, quizás gracias al patrullaje preventivo y la colaboración con rondas campesinas y juntas vecinales. De hecho, algunos distritos como Veintiséis de Octubre registraron reducciones perceptibles en delitos menores tras la organización comunitaria impulsada por la Policía. Igualmente, la limpieza interna de la institución (sanción a policías corruptos, rotación de personal) podría estar sentando las bases para una respuesta más eficaz a mediano plazo, aun si sus frutos no se reflejan de inmediato en las cifras de homicidios. Farías ha insistido en que “la seguridad la construimos todos” y que la participación activa de la comunidad y autoridades locales es indispensable para revertir la situación. En ese sentido, la integración de esfuerzos (como el plan conjunto MPP-PNP para el centro de Piura, con control de motos y cámaras integradas) son avances cualitativos que podrían ayudar a disuadir la criminalidad en el largo plazo.
“¡NO QUEREMOS MÁS PROMESAS SINO QUE SE VAYA EL GENERAL MANUEL FARIAS ZAPATA!”: NUEVOS TESTIMONIOS QUE ACUSAN
“Antes podíamos dejar a los niños jugar en la calle. Ahora, el terror se apoderó de todo. No confiamos ni en la policía: solo llegan cuando hay mu**to, nunca antes.”

Mariela, madre de familia en Castilla
“El general Farías habla de operativos y tecnología, pero aquí lo único que vemos son velorios y más gente armada. La autoridad se ha rendido.”

Julio, presidente de una junta vecinal en Sullana
“La rotación de policías fue un despropósito. Desmantelaron equipos con experiencia y ahora los criminales hacen lo que quieren.”

Socióloga Carmen Gutiérrez, especialista en violencia urbana

Las “soluciones” bajo lupa: entre la improvisación y el papel mojado

•Operativos anti-extorsión: Se anunciaron más de 40 intervenciones policiales en penales y zonas rojas. Pese a ello, los cabecillas continúan coordinando crímenes desde las cárceles, burlando controles.

•Aplicación ‘Canéalo’: En teoría, permitía alertar a la policía en tiempo real. En la práctica, miles de denuncias quedan sin respuesta por falta de logística y personal. Una aplicación inservible.

•Ronderos y serenazgo: La policía ha delegado la vigilancia a juntas vecinales y rondas campesinas, sin dotarlas de recursos ni protección. Más de 15 ronderos han sido asesinados o amenazados en 2024-2025.

•Renovación de flota: Solo el 20% de las nuevas camionetas y motos están en funcionamiento pleno. El resto permanece inoperativo por falta de mantenimiento y repuestos.
Datos adicionales de organismos oficiales y prensa

•Extorsiones: Piura registró el mayor aumento nacional de denuncias por extorsión entre 2023 y 2025, pasando de 378 a 554 casos anuales (Fuente: Mininter).

•Investigaciones fiscales: De los más de 251 homicidios investigados en 2024-2025, menos del 15% cuenta con detenidos o avances procesales.

•Corrupción policial: Solo en 2024, la Inspectoría sancionó a 180 policías y expulsó a 72 por vínculos con el crimen.

•Estados de emergencia: Decretados en Sullana y Veintiséis de Octubre; la criminalidad solo se desplazó geográficamente. No hubo reducción integral.

Ecos en el escenario político y social
“La realidad es devastadora: la gestión de Farías es un rotundo fracaso. Pedimos su relevo inmediato y la intervención del gobierno central.”

Declaración pública de la Cámara de Comercio de Piura
“Piura no soporta un año más de improvisación. No hay prevención, no hay inteligencia, solo parches y discursos.”

Pronunciamiento conjunto de organizaciones civiles y juntas vecinales



destacados

“Piura al borde del colapso: 251 homicidios en sus dos gestiones y un Estado ausente frente al crimen”.

08/11/2025

TRABAJADORES DE CAÑA BRAVA ENCUENTRAN CUATRO CACHORROS DE PUMA EN SULLANA

¡ALERTA EN PIURA! 🐾 Esta mañana, trabajadores del sector Caña Brava quedaron atónitos al descubrir al menos cuatro cachorros de puma en el distrito de Ignacio Escudero, Sullana. Según testigos, la madre huyó despavorida por la presencia humana, dejando a sus crías atrás.

Este hallazgo reaviva el debate sobre la presión humana sobre la fauna silvestre y la urgente necesidad de proteger los ecosistemas que aún sobreviven en la región.

Autoridades ambientales ya fueron notificadas para rescatar a los cachorros y evaluar su estado. El caso pone en evidencia una realidad poco visible: los pumas siguen entre nosotros, cada vez más acorralados por la expansión agrícola y urbana.

Comparte esta noticia y súmate a la conversación. ¿Qué opinas sobre la convivencia entre desarrollo rural y fauna silvestre?

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¿YA NO HABRÁ CÁRCEL POR PENSIÓN DE ALIMENTOS?El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció una nueva e...
27/05/2025

¿YA NO HABRÁ CÁRCEL POR PENSIÓN DE ALIMENTOS?

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció una nueva estrategia para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país:brindar asistencia legal gratuita a personas condenadas por el delito de omisión a la asistencia familiar.

Esta medida podría beneficiar a cerca de 5,000 internos que purgan condena por no pagar pensión alimenticia.

JUSTICIA RESTAURA EL HONOR DE CÉSAR REYES PEÑA: HERMANAS BERMEJO SON SENTENCIADAS POR 1 AÑO Y 8 MESES DE PRISIÓN POR DIF...
27/05/2025

JUSTICIA RESTAURA EL HONOR DE CÉSAR REYES PEÑA: HERMANAS BERMEJO SON SENTENCIADAS POR 1 AÑO Y 8 MESES DE PRISIÓN POR DIFAMACIÓN AGRAVADA EN PIURA

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura condenó a Janeth Elvira Bermejo Rojas y Matilde Eliana Bermejo Rojas a un año de prisión suspendida y al pago de 10 mil soles de reparación civil por difamación agravada contra César Augusto Reyes Peña. La sentencia, emitida con fecha de 22 de mayo de 2025, concluye que las graves acusaciones de violación, mafia y trata de personas que las hermanas lanzaron en 2023 carecían de sustento y vulneraron el honor del agraviado.
UN ESTALLIDO EN VIVO: ACUSACIONES SIN PRUEBAS FRENTE A CÁMARAS

Una mañana de junio en Piura, ante las puertas de la fiscalía provincial de Castilla, dos hermanas tomaron el micrófono y encendieron la pradera mediática. Era el 22 de junio de 2023 y Janeth y Matilde Bermejo Rojas, visiblemente nerviosas pero resueltas, daban una entrevista en vivo para Piura TV Noticias, transmitida por Facebook. Allí, en pleno directo, lanzaron acusaciones explosivas: denunciaron públicamente al exrector César Augusto Reyes Peña por delitos atroces, desde secuestro y violación hasta pertenencia a redes mafiosas de trata de personas.

Con la voz quebrada pero firme, Janeth Bermejo aseguró ante las cámaras: “Estoy denunciando al señor César Augusto Reyes Peña y al señor José Rodríguez Linch por abuso sexual, abuso de poder y amenazas que sufrimos entre el año 2010 al 2013”. Relató que tanto ella como su hermana habían vivido años de terror silenciado. Según su testimonio, Reyes –a quien identificó como un hombre poderoso y “corrupto”– les habría apuntado con un arma, amenazado con secuestrar y violar a su madre si hablaban, y hasta amedrentado a su padre con hacer que lo despidan de su trabajo. Matilde Bermejo, por su parte, tomó la palabra para respaldar a su hermana y fue aún más directa: afirmó que “yo tenía dieciséis años cuando ese hombre… me hizo daño, me violó”. También acusó a Reyes de ser “mafioso” y de haber “ultrajado a muchas chicas del Sagrado Corazón”, insinuando que existía todo un círculo de corrupción que amparaba estos abusos. Las hermanas pintaron el cuadro de una “mafia” intocable en Piura: “Es una mafia que se esconde acá… una mafia de trata de blancas”, denunciaron frente a la audiencia digital, implicando que Reyes formaba parte de una red dedicada al tráfico de mujeres.

Estas declaraciones incendiarias en vivo no tardaron en propagarse en redes. Sin una sola prueba presentada en ese momento, las Bermejo habían colocado sobre Reyes los peores calificativos: “corrupto, delincuente, mafioso, violador”. La magnitud de las imputaciones y la forma pública en que se difundieron sentaron las bases de un caso que un año más tarde llegaría a un desenlace inesperado para ellas.
LA QUERELLA DE CÉSAR REYES: EVIDENCIAS DE UNA DIFAMACIÓN

Ofendido por las graves acusaciones públicas sin fundamentos, César Augusto Reyes Peña –exautoridad universitaria de la Universidad Nacional De Piura con reputación de intachable según sus allegados– reaccionó por la vía legal. Días después de la polémica entrevista, Reyes presentó una querella por difamación agravada contra Janeth y Matilde Bermejo, decidido a defender su honor ante lo que consideraba falsedades flagrantes. En su denuncia, Reyes Peña sostuvo que todo lo afirmado por las hermanas era completamente falso y le había causado un grave daño personal y profesional.

Para sustentar su querella, Reyes aportó pruebas contundentes que contrastaban con la falta de respaldo de las acusaciones en su contra. Entre los principales elementos probatorios presentados ante el juzgado estuvieron:

• Video de la entrevista: un CD con la grabación íntegra de la transmisión en Piura TV Noticias, donde quedaron registradas palabras por palabra las imputaciones difamatorias vertidas por ambas hermanas. La visualización de este video permitió al juzgado constatar directamente el contenido y tono de las acusaciones realizadas en vivo.

• Cartas notariales de exhorto: Reyes envió cartas notariales a cada una de las hermanas Bermejo el 30 de junio de 2023, días después de la entrevista, exigiéndoles rectificarse de las acusaciones difundidas. En dichas cartas (N° 22-23-2023) se detallaron las frases exactas, la fecha y el medio por el cual fueron ampliamente difundidas. Sin embargo, ninguna de las dos respondió ni presentó descargo alguno tras ser notificadas, lo cual reforzó la impresión de que no contaban con pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

• Certificado de antecedentes penales: Reyes acompañó un certificado oficial de sus antecedentes penales, que acreditaba que no registraba condena ni proceso penal alguno por los delitos que se le imputaban en la entrevista. Este documento buscaba demostrar ante el juez que, lejos de tener un “historial criminal” como dijeron las acusadas, Reyes carecía de antecedentes, subrayando así la gravedad de tildarlo de “delincuente” o “violador” sin base factual.

Además de estos documentos, la parte querellante destacó en audiencia el perfil respetable de César Reyes en la comunidad: un docente universitario, exrector y padre de familia con años de servicio, cuya imagen pública –según la querella– quedó manchada injustamente por las acusaciones viralizadas. De hecho, Reyes solicitó inicialmente una reparación civil de S/. 100,000 por el “daño moral” sufrido, argumentando que las acusaciones falsas resonaron en redes sociales y en la opinión pública, provocándole descrédito y hasta amenazas. En cuanto a sanción penal, su acusación particular pidió que se imponga a las hermanas Bermejo un año y ocho meses de cárcel, junto con una multa severa, como escarmiento por propalar afirmaciones tan graves sin sustento.
LA DEFENSA DE LAS ACUSADAS: “NUESTRA VERDAD” Y EL DERECHO A HABLAR

En el proceso judicial, Janeth y Matilde Bermejo asumieron una posición desafiante pero arriesgada: insistieron en su historia, presentándose no como difamadoras, sino como víctimas que buscaban justicia. Su defensa argumentó que las hermanas habían denunciado formalmente a César Reyes ante las autoridades por el delito de violación sexual, y que sus declaraciones a la prensa reflejaban esa denuncia. En esencia, pretendían ampararse en su derecho a denunciar públicamente hechos que, según ellas, ocurrieron realmente. Alegaron que tras años de silencio forzado por temor a represalias, hablar ante la prensa fue un acto desesperado para lograr justicia y proteger a otras jóvenes.

Sin embargo, al contrastar estas afirmaciones con las exigencias del proceso, la estrategia defensiva de las Bermejo evidenció flancos débiles. No presentaron documentación alguna de la supuesta denuncia original por violación que decían haber interpuesto contra Reyes. De hecho, durante el juicio desistieron de ofrecer medios probatorios que respaldaran sus dichos. La ausencia de pruebas concretas –ni copias de denuncias policiales, ni peritajes, ni testigos adicionales– dejó su relato gravemente debilitado ante los ojos del tribunal.

Más aún, salió a relucir un dato contundente: la investigación fiscal que alguna vez se abrió por la denuncia de abuso sexual contra Reyes había sido archivada. Según se reveló en audiencia, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento (archivo) de aquella investigación y un juzgado ya había declarado fundada esa solicitud antes de la sentencia de difamación. Es decir, la propia justicia había encontrado infundada o insuficiente la denuncia original de las hermanas por violación. A pesar de ello, Janeth y Matilde continuaron replicando esas acusaciones en público.

La defensa de las acusadas intentó centrar el debate en la libertad de expresión y el derecho de toda víctima a alzar su voz. Las hermanas manifestaron que sus declaraciones en televisión fueron “su verdad”, su testimonio de algo que vivieron, y que hablar públicamente buscaba evitar la impunidad y advertir a la ciudadanía. En palabras de Matilde en la entrevista: “solo quiero que se haga justicia para nosotras y para muchas chicas más que han sido ultrajadas… no somos solo mi hermana y yo, hay muchas chicas detrás de todo esto”. Su abogada sostuvo que, si existía una denuncia en curso (aunque fuera preliminar), las hermanas tenían el legítimo interés de denunciar también ante la opinión pública lo que consideraban un delito gravísimo y un encubrimiento por parte de las autoridades corruptas.

No obstante, esta línea argumentativa se enfrentó a un principio legal claro: la libertad de expresión no ampara imputaciones de delitos concretos sin pruebas fehacientes. La Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencia señalando que no hay difamación cuando se difunde información contenida en denuncias formales de manera neutra y objetiva, en aras de la transparencia. Pero ese no era el caso de las Bermejo. Ellas no ofrecieron ni siquiera copia de una denuncia policial o fiscal vigente que respaldase sus dichos de violación o trata de personas, mucho menos algún indicio adicional, y además sus declaraciones estuvieron lejos de la neutralidad: fueron afirmaciones directas, calificativas y categóricas contra Reyes. En resumen, la defensa basó todo en la palabra de las acusadas, pidiendo que se les crea por el solo hecho de decirse víctimas –una apelación emocional comprensible, pero jurídicamente insuficiente.
EL ANÁLISIS JUDICIAL: VERDAD PROCESAL VS. ACUSACIONES TEMERARIAS

El caso forzó al Poder Judicial a sopesar dos valores en aparente conflicto: por un lado, la protección del honor y la presunción de inocencia de César Reyes; por otro, la libertad de expresión y el derecho a denunciar de las hermanas Bermejo. En su sentencia, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura, a cargo de la jueza Esthela Alva Pantaleón, realizó un análisis minucioso de las declaraciones y la evidencia (o falta de esta) aportada en juicio, para determinar si las expresiones de las acusadas constituían delito.

Lo primero que destacó la magistrada es que las imputaciones de las hermanas no estaban amparadas en ningún proceso judicial activo ni en prueba verificable alguna. A diferencia de una cobertura periodística que se limite a informar sobre una denuncia existente, aquí no se había corroborado siquiera la existencia de la denuncia formal que las Bermejo alegaban haber presentado por violación sexual. La sentencia enfatiza que “la querellada no ha presentado el mínimo sustento documental que acredite la existencia de una denuncia policial o fiscal por violación sexual, ni mucho menos que esta se haya judicializado. Así, la afirmación de Matilde (“me violó”) no podía interpretarse como una mera narración de un hecho denunciado oficialmente, sino como una imputación directa de un delito grave sin respaldo alguno. En términos simples: acusaron sin tener cómo probarlo.

El tribunal enumeró una a una las expresiones vertidas por Janeth y Matilde en aquella entrevista, contrastándolas con la realidad probatoria. Frases como “nos amenazaron con pistola”, “pertenece a una mafia”, “jueces y fiscales lo están ayudando” o “es una banda de mafiosos y corruptos” retumbaron en la sala de audiencias al repasar el video. Ninguna de esas aseveraciones vino acompañada de alguna prueba independiente que las sostenga. No había documentos, ni testigos, ni investigaciones oficiales que acreditaran, por ejemplo, que Reyes lideraba una red de trata de personas o que hubiese una conspiración de jueces para protegerlo. La sentencia resume con claridad: todas “estas afirmaciones… suponen una imputación directa de hechos delictivos y calificativos agraviantes… sin que obre elemento probatorio alguno que justifique tales afirmaciones”. En criollo, se les reprochó haber lanzado acusaciones temerarias al aire, vulnerando la honra del querellante.

Asimismo, el fallo explicó el tipo penal imputado. Las hermanas Bermejo fueron halladas culpables de difamación agravada según el artículo 132 del Código Penal. Se trata de la modalidad de difamación que ocurre cuando la imputación difamatoria se realiza ante varias personas de modo que pueda difundirse la noticia, especialmente a través de medios de comunicación social. En tales casos, la ley establece p***s más severas –hasta tres años de cárcel y altas multas– dado el daño masivo que puede causar una acusación falsa difundida públicamente. Justamente, la jueza subrayó que la entrevista de Piura TV transmitida por Facebook permitió que el agravio al honor de Reyes alcanzara a un público potencialmente ilimitado, configurando esa agravante especial del delito. Que las imputaciones se hicieran en vivo y fueran luego replicadas en redes sociales elevó la seriedad del caso: no era un simple chisme de vecindario, era una difamación con megáfono virtual, la reputación de la querellante expuesta al escarnio ante toda Piura y más allá.

Tras ponderar todo lo expuesto, el juzgado llegó a una verdad judicial incuestionable: no existían pruebas que respaldaran las acusaciones de las hermanas Bermejo, y en cambio sí evidencias de que dichas acusaciones eran infundadas y dañinas. En consecuencia, declarar su culpabilidad por difamación agravada era lo que correspondía en aras de la justicia.
LA CONDENA: UN AÑO SUSPENDIDO, MULTA Y S/. 10,000 POR ATENTAR CONTRA EL HONOR

El veredicto final se plasmó en el expediente N°- 06982-2023-0-2001-JR-PR-05 de Resolución N° 14-2025, emitida el 22 de mayo de 2025. En ella, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura halló culpables a Janeth Elvira y Matilde Eliana Bermejo Rojas del delito contra el honor –difamación agravada– en agravio de César Augusto Reyes Peña. La pena impuesta busca un equilibrio entre la severidad y la oportunidad de enmendar: un año de prisión, pero suspendido en su ejecución por el mismo periodo de prueba. Esto significa que ninguna de las hermanas irá a la cárcel efectiva, siempre y cuando cumplan estrictamente con las reglas de conducta fijadas por el juzgado. Dichas reglas incluyen presentarse mensualmente ante el juzgado para dar cuenta de sus actividades y registrarse biométricamente, no ausentarse ni cambiar de domicilio sin autorización judicial, y mantenerse alejadas de lugares de dudosa reputación (bares, cantinas) mientras dure el año de suspensión. La jueza fue clara: si llegan a incumplir cualquiera de estas condiciones, la suspensión podría revocarse y ambas serían enviadas a prisión efectiva al establecimiento penitenciario de mujeres que corresponda (en Piura, sería el penal de Sullana).

Además de la pena privativa de libertad suspendida, la sentencia impuso sanciones económicas significativas. Por un lado, se fijó una pena de multa diferenciada para cada hermana: 120 días-multa en el caso de Janeth (equivalente a S/. 1,800) y 80 días-multa para Matilde (equivalente a S/. 800), montos que deberán pagar a favor del Estado (Tesoro Público) en un plazo de 10 días hábiles una vez que la sentencia quede firme. La diferencia en el monto sugiere que se consideraron las circunstancias individuales de ambas sentenciadas, posiblemente sus capacidades económicas o grado de responsabilidad en los hechos, imponiendo a Janeth una multa mayor que a Matilde.

Asimismo, el juzgado ordenó una reparación civil total de S/. 10,000 a favor de César Reyes, destinada a resarcir el daño moral ocasionado. Este monto deberá ser asumido en partes iguales por las dos hermanas, es decir, S/. 5,000 cada una, y cancelado dentro de los dos meses posteriores a que la sentencia quede consentida o ejecutoriada. El pago se efectuará mediante depósito judicial a la orden del expediente, garantizando la transparencia en la transferencia de dinero al agraviado. Aunque esta suma es mucho menor que los S/. 100,000 que Reyes inicialmente reclamó por daños, representa una sanción económica importante para las condenadas y un reconocimiento de que su accionar lesionó gravemente la honra de una persona inocente.

Finalmente, se impuso a las hermanas Bermejo el pago de las costas procesales del juicio, es decir, los gastos judiciales generados, conforme corresponde cuando un acusado es hallado culpable. Con esta serie de medidas –pena suspendida, multa, reparación civil y costas–, el fallo busca no solo penalizar la conducta difamatoria, sino también enviar un mensaje aleccionador: acusar a alguien de delitos graves sin pruebas tiene consecuencias legales serias.

Cabe destacar que todos estos pronunciamientos se dictaron en el marco de la ley peruana vigente, que tutela tanto el derecho al honor como la libertad de expresión. El artículo 132 del Código Penal, invocado en este caso, contempla para la difamación agravada p***s que pueden llegar incluso a la cárcel efectiva. En esta ocasión, el tribunal optó por una condena condicional, dando a las sentenciadas la oportunidad de no ir a prisión efectiva, pero dejándoles claro que cualquier reincidencia o desacato las llevará tras las rejas. El mensaje subyacente es firme: la justicia puede ser comprensiva, pero no tolerará la difamación impune.

Por último, la sentencia ordena que, una vez quede firme, se remitan los oficios pertinentes para registrar esta condena en los antecedentes penales de las sentenciadas. Así, Janeth y Matilde Bermejo cargarán con el antecedente de haber sido condenadas por difamación, un estigma legal que sin duda pesará en adelante.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN SÍ, DIFAMACIÓN NO

El desenlace de este caso deja lecciones contundentes tanto para el periodismo como para la ciudadanía en general. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, y alzar la voz contra la injusticia es un acto no solo válido sino necesario. Sin embargo, este derecho fundamental no ampara la mentira ni la acusación irresponsable. Como ha quedado demostrado, sindicar a alguien de delitos horrendos sin una sola prueba no es hacer justicia, es cometer un delito. En el afán de buscar la verdad y exigir trasparencia, no se puede pisotear el honor de inocentes ni socavar la presunción de inocencia que asiste a toda persona.

El caso de las hermanas Bermejo versus César Reyes es paradigmático. Por un lado, tenemos a dos mujeres que afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual y corrupción, buscando ser escuchadas. Por otro lado, a un hombre cuya honorabilidad fue públicamente demolida sin que mediara sentencia ni evidencia en su contra. El fallo judicial ha puesto cada cosa en su lugar: si existen denuncias, estas deben seguir los cauces legales y basarse en hechos verificables; si no hay pruebas, no se puede acudir al escarnio público esperando reemplazar la labor de la justicia con rumores o acusaciones al aire.

Este resultado no debe desincentivar a las verdaderas víctimas de delitos de alzar su voz, pero sí llama a ejercer ese derecho con responsabilidad y veracidad. El periodismo de investigación y los medios –como Noticias Piura cumplen su rol cuando exponen la verdad sustentada en hechos. La verdad judicial, en este caso, ha sido clara: las imputaciones de violación, mafia y trata resultaron ser infundios al no tener ni un atisbo de corroboración. Repetir acusaciones gravísimas sin evidencias no constituye valentía ni búsqueda de justicia, sino una transgresión al estado de derecho.

En conclusión, este proceso judicial reafirma un principio esencial: la reputación y el honor de las personas son bienes jurídicos protegidos, y destruirlos con acusaciones falsas es tan reprochable como cualquier otro delito. La justicia peruana, al condenar a Janeth y Matilde Bermejo, ha sentado un precedente aleccionador en Piura: la libertad de expresión no puede ser excusa para la difamación. Decir la verdad es un derecho; inventarla para dañar a alguien, en cambio, tiene un precio. Y ese precio, en este caso, quedó fijado en una sentencia penal contundente. Las palabras importan, y cuando se usa el poder de la palabra para acusar sin prueba.

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