06/11/2025
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⚠️MÁS IRREGULARIDADES HALLADAS EN EL CONCURSO PÚBLICO 276 DE LA DIRESA
▪️Un nuevo análisis detallado revela serias inconsistencias en los perfiles de puesto y cuestiona la transparencia del proceso, donde destacan la intervención de un director vinculado a presuntas irregularidades.
El Concurso Público por Reemplazo y Suplencia Temporal bajo el Decreto Legislativo N.º 276, convocado por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cajamarca, ha sido señalado por una serie de irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de selección. Un reciente análisis periodístico de Otra Prensa ha identificado serias fallas en los perfiles de los puestos, evidenciando incongruencias en los requisitos y funciones, lo que genera dudas sobre la imparcialidad y legalidad del procedimiento.
Según los hallazgos, la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de DIRESA fue el centro donde se originaron las fallas. Curiosamente, estas inconsistencias no fueron advertidas por el Comité de Selección, presidido por William Roberto Tasilla Tafur, quien está vinculado a una denuncia sobre el uso indebido de contratos de locación de servicios que habrían afectado gravemente a la institución. La intervención del Comité, dirigido por un funcionario con serios cuestionamientos, deja en evidencia la falta de supervisión y control del proceso, lo que refuerza las sospechas de irregularidades y posible manipulación.
Uno de los hallazgos más graves es la plaza identificada con el código AIRHSP N.º 000295, que corresponde originalmente a la Oficina de Economía, pero ha sido incorrectamente asignada a la Oficina de Logística. Este “error” administrativo genera una inconsistencia grave que podría afectar la validez del concurso y contraviene las normativas establecidas para la correcta asignación de los puestos.
En cuanto a los perfiles de puesto, se detectaron graves contradicciones en los requisitos de formación académica. En varios perfiles se solicitaba simultáneamente formación técnica superior de 3 o 4 años y nivel universitario, sin establecer una jerarquía clara entre los dos. En ese sentido, se exigía que el técnico tuviera estudios completos, mientras que al universitario se le pedía formación incompleta. Esta incoherencia no solo es ilegal, sino que también plantea serias dudas sobre la transparencia y objetividad del proceso de selección, ya que las plazas vacantes no contemplaban la combinación de niveles educativos completos o incompletos.
Otro punto crítico es la omisión del requisito de certificación del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE, indispensable para algunas funciones descritas en los perfiles de puesto, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. La falta de este requisito contraviene la normativa vigente y podría generar que los postulantes seleccionados no cuenten con las capacidades necesarias para gestionar contrataciones públicas. Si no se corrige esta irregularidad, se estaría vulnerando la legalidad y el principio de eficiencia en el acceso y ejercicio de la función pública.
Además, la firma digital del director ejecutivo de DIRESA, Amílcar Marcelo Mantilla, aparece en los documentos oficiales de las plazas, lo que reabre cuestionamientos sobre su gestión. Mantilla ha sido públicamente criticado por presuntamente utilizar a los trabajadores de DIRESA con fines políticos, lo que ha aumentado las sospechas de que el proceso de selección podría estar siendo manipulado para beneficiar a ciertos intereses ajenos a los principios de transparencia y legalidad.
Estas irregularidades no son simples errores administrativos, sino que podrían tener implicaciones legales graves. Además de afectar la imparcialidad del proceso, estas inconsistencias podrían vulnerar los derechos laborales de los postulantes y poner en peligro la legalidad de todo el concurso. Según el artículo 6° de la Ley N.º 30057 – Ley del Servicio Civil, cualquier modificación en la estructura organizacional o perfiles de puesto debe realizarse dentro del marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y bajo la rectoría de SERVIR, lo que no ha ocurrido en este caso.
El artículo 25° del D.S. N.º 040-2014-PCM establece que toda modificación de perfiles debe ser aprobada mediante resolución del titular de la entidad, con opinión técnica favorable de la Oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, las modificaciones en los perfiles de este concurso no contarían con el respaldo técnico adecuado ni con la aprobación formal de resolución, lo que vulneraría este marco normativo.
De igual forma, la Directiva N.º 001-2023-SERVIR/GDSRH indica que ningún cambio de perfil o funciones puede efectuarse sin el proceso formal de adecuación debidamente aprobado y publicado, algo que no se ha cumplido en este concurso. Estos actos administrativos, realizados sin competencia o contraviniendo la ley, son nulos de pleno derecho, según lo establece el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
La falta de claridad en los procesos y las irregularidades detectadas en el concurso ponen en duda la imparcialidad de la selección de personal en esta institución pública crucial para la salud de los cajamarquinos. Las autoridades competentes deben tomar acciones inmediatas para esclarecer estos hechos, investigar a los responsables y, si corresponde, sancionar las faltas cometidas.
En un contexto donde la credibilidad de la gestión pública es crucial, es imperativo que los procesos de selección, especialmente en instituciones tan sensibles como salud, se realicen con la mayor transparencia posible para garantizar que las plazas sean ocupadas por los profesionales más capacitados y comprometidos con el bienestar de la ciudadanía.
Las irregularidades halladas en el Concurso Público por Reemplazo y Suplencia Temporal convocado por DIRESA requieren una revisión urgente. La intervención de las autoridades competentes será esencial para restaurar la confianza pública y garantizar que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de legalidad y transparencia.
Fuente: Información de Otra Prensa.
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