30/03/2024
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El final del Viernes Santo trajo consigo una acción policial y fiscal que sacudió los cimientos del poder en Perú: el allanamiento de la residencia de Dina Boluarte en Surquillo. Sin embargo, este no fue un hecho aislado, apenas cinco horas después, las autoridades realizaron una operación similar en el palacio de Gobierno, reviviendo el eco de acciones pasadas contra el expresidente Pedro Castillo. El Primer Ministro Adrianzén no tardó en denunciar estas acciones como ilegales e inconstitucionales, pero paradójicamente, fueron similares a las que llevaron a Boluarte al poder.
Ninguna marcha popular salió en defensa de Dina. Harvey Colchado, conocido por liderar incursiones similares en el pasado, nuevamente estuvo al frente de estas operaciones. Si bien la derecha lo había aplaudido anteriormente en su intento por derrocar a Castillo, ahora se encuentra en una posición complicada para oponerse abiertamente.
Resulta increíble que en el domicilio de la presidenta no hubiera nadie presente en el momento del allanamiento, lo que obligó a los agentes a ingresar forzosamente. Esta situación plantea interrogantes sobre la seguridad de Boluarte y la posibilidad de que no quisiera colaborar con las autoridades.
Previo al operativo, se había denunciado el valor exorbitante de las joyas de Dina, así como su extenso guardarropa de lujo. Todo esto señala hacia una situación financiera cuestionable que podría ser solo la punta del iceberg de un problema mayor.
La suerte de Dina parece estar sellada, y su pronto derrocamiento es inminente. Varios ministros están considerando renunciar en medio de la crisis. Su único respaldo significativo se encuentra en el Congreso el más impopular en la historia del país y algunos gobernadores regionales, incluido Luis Chombo que mantienen una débil alianza. Sin embargo, su caída podría significar elecciones generales adelantadas, lo que amenazaría la supervivencia de muchas facciones políticas.
La crisis de legitimidad es tan profunda que se vislumbra como la única salida posible un cambio radical en el liderazgo del país. Es posible que incluso aquellos partidos que antes apoyaban a Boluarte ahora aboguen por su salida para evitar ser arrastrados por el escándalo.
Ante este panorama desolador, surge la necesidad de una Asamblea Constituyente con plenos poderes que reorganice radicalmente la sociedad peruana. Mientras que unas nuevas elecciones podrían ofrecer un respiro momentáneo, sería simplemente un parche temporal en una situación que exige cambios estructurales profundos.
Las diversas protestas que han sacudido el país, desde las privatizaciones de servicios hasta la ley antiforestal y la creciente pobreza, deben unificarse bajo una plataforma que exija la salida inmediata de Dina y del Congreso, y la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente soberana. Es hora de que las mayorías tomen el control y reconstruyan un Perú más justo y equitativo.
