26/08/2026
ANTE LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO AL ALCALDE DE AUCALLAMA POR PRESUNTA INACCIÓN FRENTE A PUNTOS CRÍTICOS DEL RÍO CHANCAY.
Pedro Mendoza, coordinador del FREDELCO Huaral, pide intervención del Ministerio Público ante el riesgo que amenaza a agricultores y pobladores
Una grave preocupación por la seguridad de agricultores, pobladores e infraestructura ubicada en las zonas cercanas al río Chancay ha llevado al coordinador del FREDELCO Huaral, Pedro Mendoza Arellano, a acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Huaral contra el alcalde de Aucallama, Edwin Valdivia Santiago, y el gerente municipal, Luis Quintana Mendoza, por una presunta falta de acciones oportunas frente a sectores considerados críticos del río.
La denuncia pone bajo la lupa la actuación de los funcionarios municipales frente a las advertencias técnicas que, según la documentación presentada por Mendoza, habrían sido comunicadas a la Municipalidad Distrital de Aucallama desde el año 2025.
El cuestionamiento central es directo: ¿Qué acciones adoptó la Municipalidad de Aucallama desde que tuvo conocimiento de la existencia de estos puntos críticos y del riesgo que representan las crecidas del río Chancay?
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el coordinador del FREDELCO, la Autoridad Local del Agua (ALA) habría identificado sectores vulnerables y recomendado la ejecución de trabajos preventivos, entre ellos descolmatación y enrocado, destinados a reducir el riesgo ante eventuales incrementos del caudal.
Sin embargo, la denuncia sostiene que dichas recomendaciones no habrían sido atendidas oportunamente.
CONTRALORÍA HABRÍA CONSTATADO QUE NO SE EJECUTARON LOS TRABAJOS
Uno de los elementos que otorga mayor relevancia a la denuncia es el Informe de Visita de Control N.° 023-2026-OCI/0432-SVC, documento que, según Mendoza, fue presentado como parte de los antecedentes ante la Fiscalía.
El coordinador del FREDELCO sostiene que durante una visita de control realizada en julio de 2026 se habría constatado que en los sectores observados del río Chancay no se habían ejecutado los trabajos de descolmatación y enrocado recomendados.
De confirmarse documentalmente estos hechos, corresponderá determinar qué ocurrió durante el período comprendido entre las primeras advertencias técnicas y la visita de control.
La Fiscalía deberá establecer, dentro de sus competencias, si las autoridades municipales adoptaron medidas preventivas, gestionaron recursos, solicitaron maquinaria, elaboraron expedientes técnicos, coordinaron acciones con la Autoridad Nacional del Agua, solicitaron apoyo a otras entidades o implementaron mecanismos alternativos para reducir el peligro.
La denuncia no implica, por sí misma, que el alcalde Edwin Valdivia Santiago o el gerente municipal Luis Quintana Mendoza sean responsables de un delito. Esa determinación corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, luego de evaluar documentos, actuaciones administrativas, responsabilidades funcionales y demás elementos que sean incorporados al caso.
Pero precisamente por tratarse de un riesgo potencial para la población, el tema ha adquirido una dimensión que trasciende la discusión política municipal.
Para los agricultores de Aucallama, el río Chancay no es solamente una fuente fundamental para la actividad agrícola. También puede convertirse en un factor de riesgo cuando se producen crecidas extraordinarias.
Una inundación podría afectar terrenos agrícolas, cultivos, animales, viviendas, caminos, canales de riego y otras instalaciones vinculadas directamente con la economía de numerosas familias.
Por ello, la preocupación expresada por Pedro Mendoza apunta a que la prevención debe ejecutarse antes de que ocurra una emergencia y no después de que el agua haya provocado daños.
El temor se incrementa ante la posibilidad de eventos climáticos intensos asociados al Fenómeno El Niño y otros escenarios hidrometeorológicos que puedan elevar significativamente el caudal del río.
En este contexto, la existencia de puntos críticos previamente identificados obliga a formular preguntas que deben ser respondidas con documentación oficial.
¿Cuándo recibió la Municipalidad las fichas técnicas? ¿Qué medidas adoptó el alcalde? ¿Qué hizo la Gerencia Municipal? ¿Se gestionó presupuesto? ¿Se solicitó maquinaria? ¿Se coordinó con la Autoridad Nacional del Agua? ¿Se comunicó el riesgo al Concejo Municipal? ¿Se realizaron trabajos preventivos?
Estas interrogantes deberán ser esclarecidas.
Ante este escenario, Pedro Mendoza Arellano decidió acudir a la Fiscalía de Prevención del Delito de Huaral, solicitando que el Ministerio Público evalúe la situación y adopte las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones.
La denuncia tiene como objetivo que se determine si existe un riesgo concreto para la población y si las autoridades responsables han cumplido con sus obligaciones preventivas frente a una situación que, según los documentos citados, habría sido advertida con anterioridad.
El caso será ahora materia de evaluación fiscal.
La actuación del Ministerio Público deberá permitir contrastar la denuncia presentada por Mendoza con la información que proporcione la Municipalidad Distrital de Aucallama, así como con la documentación de la Autoridad Local del Agua, la Autoridad Nacional del Agua y los órganos de control correspondientes.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente pudieran establecerse, existe una preocupación que no admite postergaciones: la seguridad de la población y de los agricultores que viven y trabajan en las inmediaciones del río Chancay.
Si existieron advertencias técnicas desde 2025 y posteriormente se verificó que determinadas obras preventivas no habían sido ejecutadas, corresponde establecer con claridad qué se hizo, qué no se hizo y por qué.
La prevención de desastres no puede depender de la llegada de una emergencia.
Por ello, la denuncia presentada por Pedro Mendoza coloca nuevamente en el centro del debate la gestión del riesgo en Aucallama y exige que las autoridades competentes determinen si hubo una actuación diligente de los funcionarios municipales o si, por el contrario, existieron omisiones que pudieron incrementar el nivel de exposición de la población.
El río Chancay seguirá su curso. La responsabilidad de prevenir los riesgos corresponde a las autoridades. Ahora será la Fiscalía la que deberá evaluar los hechos denunciados y determinar las acciones que correspondan.
