26/08/2026
CONTRALORÍA PREPARA OPERATIVO NACIONAL PARA SUPERVISAR SERVICIOS Y CIERRE DE BRECHAS EN ZONAS FRONTERIZAS
En Madre de Dios, el contralor general inspeccionó vía de 16 kilómetros que conecta comunidades rurales con la carretera Interoceánica y la frontera con Bolivia
MADRE DE DIOS. - La Contraloría General de la República tiene previsto iniciar un operativo de control sectorial a nivel nacional en las zonas fronterizas del país, con el objetivo de identificar brechas en servicios públicos esenciales y contribuir a que el Estado garantice una adecuada atención a las poblaciones que habitan en estos territorios.
Como parte de esta intervención, se ha conformado una comisión multisectorial que evaluará, a través de equipos desplegados en los distintos puntos fronterizos, el acceso de la población a servicios como salud, educación, saneamiento, carreteras y otros servicios básicos.
El propósito es determinar los avances, necesidades y compromisos pendientes para orientar las acciones del Estado y contribuir al cierre de brechas sociales y de servicios públicos.
En este contexto, el contralor general César Aguilar llegó hasta el distrito de Tahuamanu, provincia del mismo nombre, en Madre de Dios, donde lideró las acciones de control y supervisó el camino vecinal Shiringayoc–Santa María–Valparaíso, una vía de 16 kilómetros que conecta a comunidades rurales con la carretera Interoceánica y que se encuentra próxima a la frontera con Bolivia.
La vía, cuya inversión actualizada asciende a S/ 13,3 millones, es ejecutada por la Municipalidad Distrital de Tahuamanu y registra 99,1 % de avance financiero y 86 % de avance físico. Sin embargo, actualmente se encuentra paralizada debido a controversias y problemas vinculados al contratista.
Durante las acciones de control se advirtió que el pavimento de la vía viene siendo colocado sobre una superficie deteriorada y con baches, lo que podría reducir su resistencia y vida útil. También se identificaron deficiencias en el acabado e instalación de las alcantarillas.
Además, un informe de control determinó que se pagó por partidas parcialmente ejecutadas o no ejecutadas, generando un perjuicio económico de S/ 2 016 631, por lo que se identificaron presuntas responsabilidades y se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.
OTROS PROYECTOS CON RIESGOS IDENTIFICADOS
En Puerto Maldonado, el equipo multidisciplinario de la Contraloría también advirtió la paralización, desde hace cuatro años y medio, de la planta de ventas de Petroperú, proyecto valorizado en más de S/ 78 millones y destinado a mejorar el abastecimiento de combustible en la región, con capacidad de almacenamiento de hasta 50 000 galones. Los trabajos permanecen suspendidos desde 2022 por falta de disponibilidad presupuestal.
Asimismo, en el Campo Ferial Km 14, ejecutado por el Gobierno Regional de Madre de Dios, se identificó un avance físico de apenas 25,93 % y financiero de 33,26 %, pese a que su culminación está prevista para octubre de 2026.
También se detectaron ausencia de personal operario, inconsistencias en el registro de asistencia y discrepancias entre el inventario físico y las guías de remisión de materiales.
En la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) se identificaron riesgos en proyectos de infraestructura. En la Escuela Profesional de Enfermería se advirtieron deficiencias en las especificaciones técnicas de materiales para una subestación eléctrica y la ejecución de partidas adicionales sin la aprobación correspondiente.
En la Residencia Universitaria, la asignación presupuestal pendiente de S/ 11,6 millones viene generando retrasos y podría afectar la culminación del proyecto destinado a 132 beneficiarios.
Además, en el proyecto de laboratorios de Ciencias Básicas se encontró acero con signos de oxidación, con un posible perjuicio económico de S/ 19 504,84.
Finalmente, en el puesto de control El Triunfo, en Tambopata, se constató que aproximadamente 5 000 pies de tabla incautada permanecían expuestos a la intemperie, presentando deterioro por humedad y precipitaciones, pese a haber transcurrido más de un mes y medio desde su inmovilización.
Con estas acciones, la Contraloría busca contribuir a que las entidades públicas adopten medidas oportunas frente a los riesgos identificados y que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente, especialmente en zonas donde el acceso a servicios y la adecuada ejecución de infraestructura resultan fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población.
