01/04/2026
¿Los peruanos actuales soportarían la lógica de justicia del Tahuantinsuyo?: Los castigos colectivos de los indios prehispánicos del Perú
En el Perú contemporáneo, es frecuente observar que ciertos sectores, particularmente corrientes indigenistas, socialistas y progresistas, evocan la idea del retorno del Incanato o Tahuantinsuyo, al menos en lo que corresponde a la recuperación de algunos de sus principios organizativos. Sin embargo, dentro de este imaginario romántico moderno suele omitirse un aspecto fundamental, la administración de la justicia. Estos grupos, aunque reivindican modelos prehispánicos, suelen analizar la realidad desde categorías jurídicas modernas, profundamente marcadas por el derecho grecorromano, de raíz europea, y por la influencia de los sistemas de justicia liberales y revolucionarios de los siglos XVIII, XIX y XX, tanto del continente europeo como del mundo anglosajón. En ellos, la pena y la responsabilidad se conciben, ante todo, bajo un enfoque individualista.
Este marco conceptual contrasta radicalmente con los sistemas de justicia vigentes en civilizaciones indígenas prehispánicas, incluido el Tahuantinsuyo, donde la sanción tenía un carácter esencialmente colectivo. La justicia no se enfocaba exclusivamente en la responsabilidad personal de un individuo, sino en la restauración del orden comunitario, lo que implicaba que castigos, compensaciones o beneficios podían recaer sobre familias, comunidades o pueblos enteros. En el Tahuantinsuyo, el delito no se veía solo como un acto aislado de un individuo, sino como una ruptura del orden y el equilibrio que involucraba al entorno inmediato del infractor. Si un hombre cometía una falta grave, se asumía que su comunidad o su familia habían fallado en su deber de educarlo, vigilarlo o corregirlo a tiempo, activando así un mecanismo de "solidaridad jurídica" en la pena.
Esta responsabilidad compartida era particularmente estricta con los funcionarios y líderes locales. Si se cometía un delito dentro de una jurisdicción y el autor no era atrapado, o si el delito ocurría por negligencia administrativa, el Curaca o los oficiales encargados de esa población recibían el castigo en lugar del autor o junto con él. La lógica era de supervisión total, el gobierno incaico delegaba una gran autoridad, pero exigía un control absoluto de todos los aspectos de la vida en sus dominios, por tanto, la impunidad o el desorden en un pueblo eran culpa directa de quien gobernaba ese sector, aplicándose castigos que podían ir desde la reprimenda pública hasta la muerte.
Los casos más extremos de castigo colectivo se aplicaban en situaciones de traición, corrupción, desorden, rebelión o sacrilegio. En estos escenarios, las crónicas tempranas relatan la práctica del "asolamiento", es decir que el pueblo de origen del culpable podía ser arrasado de la faz de la tierra, sus parientes ejecutados hasta el cuarto grado de consanguinidad, se prohibía volver a sembrar en esas tierras y se convertía el lugar en un sitio ma***to. El objetivo era pedagógico y terrorífico a la vez, borrar de la existencia cualquier semilla de deslealtad, desgobierno y caos, para enviar un mensaje contundente a las demás provincias sobre el costo de atentar contra el mandato del Sapa Inca, quien era considerado una divinidad viviente.
El Inca Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales de los Incas, cita al padre Blas Valera refiriéndose a la severidad de estas leyes, "Los hijos de los que delinquían contra la majestad real o contra la divina, y los de los traidores, eran castigados con la muerte o con perpetuo destierro y con infamia pública". Asimismo, el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala describe gráficamente castigos donde familias enteras sufren por la falta de uno, y menciona el "Zancay", una prisión de tormento perpetuo para traidores, donde el castigo se extendía a su linaje para asegurar que la "mala sangre" no prosperara.
Por ello, aunque esta justicia pueda parecer brutal bajo la óptica actual del peruano, historiadores del derecho como Jorge Basadre han explicado que obedecía a una razón de Estado eficaz para mantener la cohesión en un imperio vasto, heterogéneo y multinacional, sin fuerza policial permanente. A diferencia de la justicia europea de la época, que a menudo era arbitraria o dependía del estatus feuda o señoriall, la justicia inca era draconiana pero sistematizada y predecible. La comunidad sabía que el destino de todos estaba atado al comportamiento de cada uno, creando un sistema de autovigilancia social sumamente efectivo que reducía la criminalidad común a niveles mínimos.
Muchos peruanos de hoy, formados en una cultura social marcada por la informalidad, la viveza criolla y la normalización de la corrupción, expresiones propias de un sistema marginal y chicha, difícilmente podrían adaptarse a la lógica de justicia de las sociedades indígenas prehispánicas. El rigor, la severidad y el carácter colectivo de las sanciones del Tahuantinsuyo eran incompatibles con la permisividad, el cálculo individualista y la flexibilidad moral que caracterizan buena parte del comportamiento social contemporáneo.
Quienes idealizan ese pasado suelen desconocer que, bajo las reglas incaicas, faltas que hoy se relativizan, negocian o evaden eran castigadas con una severidad extrema, diseñada para garantizar disciplina y cohesión antes que derechos individuales. Por esta razón, las evocaciones actuales de volver al Incanato o reivindicar sus estructuras no pasan, en la práctica, de ser un discurso populista y simbólico. Se trata de una nostalgia instrumentalizada, más útil para construir identidad política que para proponer un modelo institucional viable. La mayoría de quienes enarbolan ese ideal no sobrevivirían, ni aceptarían vivir siquiera un mes bajo un sistema donde la sanción colectiva, la obediencia estricta y la disciplina estatal eran la norma del día a día.
