09/06/2026
Chumbivilcas .
El ente fiscalizador advirtió que la gestión de la Municipalidad Distrital de Quiñota permitió que personal contratado por locación de servicios asumiera facultades exclusivas de funcionarios públicos, comprometiendo la transparencia del gasto.
La Municipalidad Distrital de Quiñota, en la provincia de Chumbivilcas, ha sido puesta bajo el reflector de la Contraloría General de la República. Mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 6914-2026-CG/PREV-AOP, el organismo de control ha revelado una grave irregularidad administrativa: la acreditación de personal externo, bajo la modalidad de locación de servicios, en los sistemas financieros del Estado.
Un riesgo latente para los fondos públicos
La investigación técnica determinó que la entidad edil autorizó que locadores de servicios fueran registrados en el Sistema de Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (AERAF) . Esta acreditación les otorgó la facultad de autorizar el "Gasto Devengado", un proceso crítico donde se reconoce formalmente la obligación de pago de la institución hacia sus proveedores.
Para la Contraloría, esta delegación de funciones es una "línea roja" que no debe cruzarse. Al no tener un vínculo laboral con el Estado y no pertenecer a la estructura orgánica del municipio, estos trabajadores no están sujetos al Régimen Disciplinario de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) . Esto crea un vacío de responsabilidad: ante cualquier irregularidad en el uso del dinero público, la entidad no tendría los mecanismos legales para sancionar a estos individuos.
Fallas en el control del SIAF
El informe es contundente al señalar que el proceso de ejecución del gasto —que incluye la certificación, el compromiso, el devengado y el pago— requiere un resguardo estricto de las claves de acceso al sistema. El Módulo de Autorización de la Administración Financiera (MADAF) exige que estas credenciales sean personales, exclusivas e intransferibles.
Al permitir que terceros accedan a estos niveles, la municipalidad no solo ha facilitado la posibilidad de autorizaciones sin el sustento documental requerido, sino que ha debilitado la integridad de la información financiera registrada en el SIAF-SP, exponiendo al municipio a serios riesgos de malversación.
Plazo perentorio
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ha notificado formalmente a la autoridad municipal de Quiñota. El alcalde tiene ahora un plazo máximo de veinte días hábiles para presentar un Plan de Acción ante el órgano de control. En dicho documento, deberá detallar las medidas correctivas adoptadas para anular las acreditaciones irregulares, deslindar las responsabilidades administrativas a las que haya lugar y garantizar que, en adelante, la gestión del presupuesto vuelva a manos de funcionarios públicos debidamente facultados.
La ciudadanía de Quiñota se mantiene a la expectativa de las acciones que tome la actual gestión para garantizar que los fondos públicos sean manejados con la transparencia y rigurosidad que exige la ley.
