01/07/2026
⬛🟥¿PROTECCIÓN O IMPUNIDAD? EL ENTRAMADO LEGAL QUE CIEGA LOS ABUSOS DE LAS FUERZAS DEL ORDEN EN EL PERÚ
Un severo cuestionamiento viene generando el paquete de contrarreformas legales y proyectos normativos impulsados en el Congreso de la República. Lo que formalmente se presenta como un marco de "fortalecimiento" de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA), es denunciado por diversos sectores civiles como una estrategia sistemática de impunidad, desmantelamiento de la justicia y opresión en favor de intereses particulares.
A través de una serie de leyes promulgadas y proyectos en marcha —visibilizados recientemente en plataformas informativas se evidencia un blindaje judicial que arrebata el control a la justicia ordinaria y deja desprotegida a la ciudadanía.
El menú de la impunidad: Leyes aprobadas y proyectos en camino
El análisis crítico del paquete normativo expone cómo se debilita el equilibrio de poderes frente a los delitos cometidos por uniformados:
Olvido impuesto a los crímenes del pasado: Con la Ley 32107 , las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en las décadas de los 80 y 90 dejan de ser considerados delitos de lesa humanidad, facilitando su prescripción. Esto se complementa con la Ley 32419 , que otorga amnistía directa a militares y policías juzgados por el conflicto armado interno, beneficiando incluso a sentenciados mayores de 70 años.
Trabas a la justicia internacional: El proyecto PL 14337 busca elevar deliberadamente los requisitos legales para calificar un delito como "lesa humanidad", haciendo casi imposible su aplicación en el estándar jurídico peruano.
Jueces y parte en sus propios delitos: Mediante el proyecto PL 9187 , se pretende que los delitos cometidos por militares y policías sean juzgados exclusivamente en tribunales militares, ordenando el archivo automático de los procesos en el Poder Judicial civil.
Borrón y cuenta nueva ante las protestas: El proyecto PL 13048 apunta directamente a detener todos los procesos judiciales vigentes contra la PNP y las FFAA vinculados a la represión y fallecimientos ocurridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
El repliegue de la Fiscalía: Finalmente, la Ley 32130 le devuelve a la PNP la conducción de la investigación preliminar del delito, restándole el rol operativo y supervisor que históricamente ejercía el Ministerio Público para garantizar la imparcialidad.
Nota ciudadana: La concentración de estos beneficios legales configura, para los críticos, un escenario peligroso donde las armas del Estado dejan de defender al ciudadano común para convertirse en herramientas de un poder político y militar autoprotegido, inmune a las leyes que rigen al resto de peruanos.
