Alterna TV

12/09/2026

El Nuevo alcalde de Santa María no debe permitir la permanencia de la gente que mal manejó el servicio de agua y maltrató a los usuarios

12/09/2026

12/09/2026

| ¡SANTA MARÍA AL BORDE DEL COLAPSO: LA “UGM” DEL ALCALDE SE DESMORONA Y EL AGUA TERMINA EN EL LIMBO!

Santa María llega al límite después de cuatro años de una administración que, en lugar de resolver el problema del agua y alcantarillado, habría construido una ficción administrativa alrededor de la supuesta creación de la UGM. Los plazos están vencidos y, según los cuestionamientos planteados por los propios dirigentes, no existe una habilitación legal suficiente que permita sostener que esa UGM puede continuar administrando el servicio como si fuera una empresa prestadora. Mientras tanto, el Frente de Defensa del Agua del distrito ha convocado para este 12 de setiembre a la población a una reunión en el local Humildad y Paciencia, frente a la plazuela de Luriama, bajo una consigna contundente: “No al corte arbitrario del alcantarillado, no a los cobros excesivos e ilegales y no al colapso sanitario”. A la convocatoria se sumarían también candidatos a la alcaldía distrital, convirtiendo el problema del agua en uno de los principales campos de batalla electoral.

Y aquí aparece una contradicción que el alcalde tiene la obligación de explicar: Aguas Lima Norte viene interviniendo en el servicio de alcantarillado mientras sigue sin estar claro cuál es el instrumento legal mediante el cual el distrito le habría transferido formalmente el desagüe. Si no existe un acuerdo de Concejo que materialice dicha transferencia, ¿con qué sustento se está interviniendo el servicio? Y si la UGM fue presentada durante años como la alternativa para administrar el agua, pero hoy sus plazos y sustento legal están cuestionados, entonces la población merece una explicación completa y documentada. No discursos, no propaganda y mucho menos nuevas promesas. La crisis no se resuelve escondiendo el problema debajo de la alfombra: se resuelve diciendo quién tiene legalmente la competencia, quién administra el servicio y bajo qué norma.

La próxima gestión tendrá una responsabilidad enorme: tomar una decisión de fondo y cortar de una vez con esta cadena de improvisaciones. Y eso también implica revisar a todos los funcionarios responsables de la administración del agua y alcantarillado durante estos últimos cuatro años. Si hubo incapacidad, abusos contra usuarios, decisiones arbitrarias o una conducción deficiente del servicio, corresponde determinar responsabilidades y no convertir a quienes participaron en la crisis en parte de la solución. Santa María no necesita otro maquillaje administrativo ni funcionarios reciclados: necesita transparencia, legalidad y una gestión que ponga el agua y la salud pública por encima de intereses políticos. La convocatoria del Frente de Defensa demuestra que el malestar ya salió de las oficinas municipales y está en la calle. Ahora la pregunta es directa: ¿quién asumirá la responsabilidad por haber llevado al distrito hasta este punto?

12/09/2026

| ¡SE MUEVE EL TABLERO EN SALUD: TRES SALEN, PERO LA LIMPIEZA NO PUEDE QUEDAR A MEDIAS!

La caída de tres funcionarios vinculados al sector Salud marca un nuevo capítulo en una crisis que, durante demasiado tiempo, ha generado cuestionamientos y denuncias que merecen ser investigadas hasta las últimas consecuencias. Se trata de Edwin Carbajal, director de Recursos Humanos de la DIRESA Lima; Danae Solórzano, jefa de Personal del Hospital Regional de Huacho; y Jorge Camino, jefe de Asesoría Jurídica del mismo nosocomio. Desde esta plataforma advertimos oportunamente al director de la DIRESA Lima, José Calderón Yberico, sobre la necesidad de revisar a fondo el funcionamiento de determinadas áreas y funcionarios. Hoy, sus salidas evidencian que había razones suficientes para tomar decisiones.

Y hay un dato político que tampoco puede pasar inadvertido: ha tenido que intervenir un senador de la República para poner nuevamente bajo los reflectores los cuestionamientos sobre presuntos actos irregulares en el sector Salud. ¿Era necesario que una autoridad política externa encendiera la alarma para que finalmente se tomaran decisiones? Si las investigaciones y evaluaciones internas ya estaban sobre la mesa, la pregunta es inevitable: ¿por qué se esperó tanto?

Pero si el nuevo director del Hospital Regional de Huacho realmente quiere cortar con cualquier estructura de poder enquistada, tres salidas no pueden convertirse en el punto final. Desde esta tribuna sostenemos que existen otros funcionarios cuya permanencia debe ser evaluada de inmediato, entre ellos Yesenia Loloy, señalada como secretaria y asesora del anterior director, y Rosela Quinteros Rota. Sobre ambas corresponde realizar una revisión objetiva de sus funciones, antecedentes administrativos, vínculos funcionales y participación en las decisiones adoptadas durante las anteriores gestiones. Nadie debería tener privilegios ni convertirse en pieza intocable de ninguna administración.

La etapa que viene exige algo más que cambiar nombres en los cargos: hay que desmontar cualquier red de influencia que haya sobrevivido a los cambios de gestión. Si existen responsabilidades, que se investiguen y sancionen; si no existen, que se demuestre documentalmente. El sector Salud no puede seguir funcionando como territorio de confianza, cuotas o lealtades personales. Al nuevo director le corresponde demostrar que habrá un verdadero punto de quiebre: tres funcionarios ya salieron; ahora toca investigar hasta el último rincón y determinar quiénes deben continuar y quiénes deben dar un paso al costado.

12/09/2026

Desesperados en defender a los candidatos Quieren trabajo en los municipios. Son los que te tratarán mal en tus trámites

11/09/2026

| ¡QUIEREN FRENAR EL CAMBIO EN DIRESA!
UNA RESOLUCIÓN QUE CAMBIA LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ABRE PREGUNTAS SOBRE LAS PRESUNTAS PRESIONES QUE RODEAN LA DECISIÓN

✅ ¡Población debe respaldar decisiones que viene tomando el gobernador!

La Resolución Gerencial General Regional N.° 330-2026-GRL/GGR, emitida el 10 de septiembre de 2026 y firmada por la gerente general regional Ada Rosa Basulto, movió una pieza importante en DIRESA Lima: dio por concluida la designación de Edwin Yobany Carbajal Burgos como director de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y designó en su reemplazo a la Mg. Lucía Mónica Castillo Delgado. El documento señala que la nueva funcionaria cumple los requisitos establecidos y que la verificación de integridad realizada reportó “nivel de riesgo verde”. Es decir, la resolución tiene detrás informes de Recursos Humanos, Integridad Institucional y Asesoría Jurídica.

Y AHORA SURGEN LAS PREGUNTAS. Fuentes cercanas al Gobierno Regional señalan que existirían presiones externas para cuestionar o intentar revertir la decisión. Estas versiones no han sido acreditadas públicamente, pero resultan suficientes para plantear una pregunta de interés público: ¿existen sectores que pretenden influir en los cambios administrativos de DIRESA? Las mismas fuentes sostienen que esas presuntas presiones no tendrían origen en el gobernador regional, sino en actores externos. Si existen argumentos administrativos o legales contra la resolución, corresponde que sean expuestos con transparencia y por las vías institucionales correspondientes.

También circulan versiones sobre el malestar que habría generado la salida de funcionarios vinculados o identificados con la anterior gestión de Rosa Vásquez Cuadrado. La pregunta es contundente y necesaria ¿por qué determinados cambios administrativos generan tanta tensión y si existen intereses políticos alrededor de una institución tan sensible.

DIRESA NO PUEDE SER EL TERRENO DE UNA PELEA DE PODER. La salud pública exige decisiones institucionales, transparencia y funcionarios evaluados por sus capacidades, no por sus cercanías políticas. Si la Resolución 330-2026-GRL/GGR debe mantenerse, modificarse o eventualmente revisarse, que sea mediante argumentos legales y administrativos, no mediante presiones de pasillo. El Gobierno Regional tiene la oportunidad de demostrar que los cambios responden a una política de ordenamiento institucional. Y la población tiene derecho a saber quién cuestiona la decisión, por qué la cuestiona y, sobre todo, qué argumentos concretos tiene para hacerlo.