24/03/2026
DENUNCIAN PENALMENTE A ALCALDE DE EL COLLAO POR "DEPREDACIÓN" DE LA PLAZA DE ARMAS DE ILAVE
Una grave denuncia penal y administrativa sacude la gestión municipal de la Provincia de El Collao. El ciudadano Cesar Alipio Cotrado Velarde ha formalizado una acusación ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno contra el alcalde Richar Ururi Cueva y sus principales funcionarios, por el presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de depredación de flora urbana.
El fin de un ecosistema urbano
Según el expediente fiscal ingresado el pasado 10 de marzo, la denuncia se fundamenta en la eliminación sistemática de 85 especies forestales, entre las que se encontraban cipreses, pinos y álamos de gran antigüedad, así como la destrucción de ocho jardines ornamentales que formaban parte del patrimonio ecológico de la Plaza de Armas de Ilave.
El documento señala que, bajo el argumento de una obra de "remodelación" iniciada en agosto de 2025, la municipalidad habría utilizado maquinaria pesada para el retiro completo de los ejemplares (apeo) y la eliminación de raíces (destoconado), dejando el lugar convertido en un "espacio yermo y descuidado".
Irregularidades técnicas y legales
El denunciante sostiene que esta intervención se realizó de manera arbitraria, señalando las siguientes presuntas omisiones:
Falta de Certificación Ambiental: La obra no contaría con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.
Sin aval de SERFOR: No se habría solicitado la opinión técnica vinculante del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Vulneración de la Ley de Espacios Públicos: Se habría infringido la Ley N° 31199, que protege la intangibilidad de las áreas verdes urbanas.
Funcionarios bajo la lupa
Además del alcalde Richar Ururi, la denuncia alcanza al Gerente Municipal, Marco Antonio Pacco Colque; al Gerente de Infraestructura, Alex Alan Aro Aro; y al Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, José Luis Paredes Paredes.
De hallarse responsabilidad, los implicados podrían enfrentar p***s de hasta cuatro años de cárcel por alteración del paisaje (Art. 313 del Código Penal) y hasta siete años por responsabilidad de funcionario público al autorizar proyectos sin los estándares ambientales vigentes (Art. 314).
Pedido a la Fiscalía
El denunciante ha solicitado que el Ministerio Público realice una inspección ocular urgente en la Plaza de Armas para constatar el daño ambiental y determinar las sanciones ejemplares.
Como medios probatorios, se han adjuntado registros fotográficos del "antes y después" de la plaza, así como declaraciones emitidas por funcionarios en medios de comunicación locales.
