13/07/2025
CRECE RIESGO DE QUE MINEROS ILEGALES FINANCIEN CAMPAÑAS EN 2026
Con más de 4,600 millones de dólares anuales en movimiento, el dinero de la minería ilegal tiene capacidad para financiar miles de campañas electorales en el país. El riesgo no es solo de corrupción, sino la captura del poder.
En regiones como Puno, donde la minería ilegal ha devastado ecosistemas y contaminado ríos con mercurio y cianuro, la amenaza de que estos grupos financien candidatos afines es especialmente alta. Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Puno concentra alrededor del 20 % de las denuncias fiscales por delitos ambientales del país, con más de 600 investigaciones abiertas, la mayoría por minería ilegal en zonas como La Rinconada, Ananea y la cuenca del río Suches.
Quizás después de las elecciones generales, regionales y municipales de 2026, muchos alcaldes, gobernadores, congresistas o incluso el presidente ya no representen al Estado, sino a los intereses de las economías ilegales.
Según el estudio Tendencias y alertas 4 – Estimaciones de economías ilegales en el Perú, hay un alto riesgo de que las mafias financien 2,368 campañas presidenciales, 57,728 campañas congresales y más de 51,000 campañas regionales y locales. Y los mineros ilegales serían los más interesados en hacerlo. En Puno, estos grupos controlan no solo la extracción y comercialización de oro, sino también servicios de transporte, insumos químicos, seguridad privada e incluso el abastecimiento de alimentos en los campamentos.
En la actualidad, ya existen autoridades que defienden sus intereses. Según César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental, los mineros ilegales cuentan con una bancada multipartidaria en el Congreso. Las bancadas que han impulsado o apoyado leyes favorables para estos mineros incluyen a Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú.
Estrategia de infiltración
Los especialistas advierten que el riesgo en la próxima campaña es que los mineros ilegales se infiltren en todo el proceso electoral: desde la afiliación a los partidos, la selección de candidatos, la influencia en las agendas locales y el debate público, hasta la llegada al poder. Podrían mover el dinero sucio en las campañas utilizando fundaciones y donaciones, empresas fantasma, testaferros, pago a consultoras y asesores, manipulación de encuestas y publicidad política en medios.
Lo ocurrido con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitió que miles de mineros operen por años sin formalizarse realmente, es un ejemplo de lo que estos grupos pueden lograr con influencia en el Congreso y presencia en los gobiernos regionales y municipales.
En Puno, operativos realizados por la Policía y la FEMA en La Rinconada y la cuenca del Suches durante 2021 y 2023 destruyeron maquinaria ilegal, pero no lograron frenar la actividad. Al contrario, los mineros organizaron protestas, bloquearon carreteras e incluso amenazaron a fiscales y policías. Estos episodios demuestran el poder económico, social y político que han acumulado.
Desde el Estado, la respuesta para controlar la infiltración del dinero sucio en las campañas ha sido insuficiente. No se ha fortalecido la inteligencia financiera, ni se audita el origen de los aportes de campaña, ni se exige estándares éticos verificables a partidos y candidatos.
Si no se toman medidas ahora, la minería ilegal en Puno y otras regiones no solo seguirá contaminando ríos, bofedales y glaciares, sino que también podría capturar las instituciones que deberían fiscalizarla, consolidando un círculo vicioso de impunidad y deterioro ambiental.