Perspectiva Sur - HORA CERO

25/02/2025

ANP sobre Proyecto de Ley de congresista Agüero: Transparencia sí, restricciones a la libertad de prensa no

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP considera inaplicable y carente de sustento el Proyecto de Ley 10208/2024-CR titulado: “Ley de Transparencia en la Propiedad, Financiamiento y Actividades de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación”, presentado por la congresista de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez.

Esta fórmula legislativa confirma una tendencia más amplia de iniciativas que buscan restringir la libertad de prensa en el Perú.

En razón de ello, la ANP señala lo siguiente:

1. Si bien el argumento de la transparencia es razonable, en la práctica este tipo de medidas pueden convertirse en mecanismos de control y presión sobre los medios de comunicación, especialmente en contextos donde el poder político busca desacreditar o silenciar voces críticas.

2. El Proyecto de Ley, en la medida que plantea regular a los medios escritos, radiales, televisivos y digitales resulta inaplicable porque pretende establecer medidas estandarizadas para todos, desconociendo la real naturaleza del sistema mediático y las singularidades que cada tipo de medio tiene. La radio y la televisión, además, ya están reguladas por la Ley de radio y televisión, lo que es legítimo considerando el uso del espectro radioeléctrico que es limitado y escaso, por lo que este proyecto de ley constituiría una imposición de regulación excesiva, compleja e innecesaria.

3. Otorgar al Ejecutivo la competencia de acopiar la información para presentarla en un portal único, y atribuirle facultades sancionadoras que pueden llegar hasta la cancelación definitiva para seguir operando, legaliza un potencial mecanismo que puede utilizarse para censurar o castigar a medios críticos.

4. La ANP rechaza la aseveración en la exposición de motivos del proyecto en el que se señala que “los medios de comunicación se utilizan como herramientas para desestabilizar instituciones, atacando directamente a actores políticos y organizaciones que no se alinean con los intereses de sus propietarios y financiadores”, la que confirma que iniciativas de esta naturaleza se promueven como represalia a medios de comunicación y periodistas.

5. Finalmente, la ANP se mantendrá vigilante ante el desarrollo que tenga esta propuesta legislativa que pretende disfrazar, bajo la coartada de la transparencia, un intento más de limitar el derecho a producir información libremente y sin intimidaciones.

La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y cualquier regulación que busque imponer controles excesivos sobre el financiamiento o el funcionamiento de los medios debe rechazarse.

Lima, 25 de febrero del 2025

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

01/01/2025

ANP registró 392 ataques a la libertad de prensa en el 2024, nuevo récord en el siglo XXI

Ver informe: https://bit.ly/3PgXl3U

En el 2024 se produjeron 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación, según el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Esta cifra marca un nuevo récord en el siglo XXI, superando los 352 casos registrados en 2023 y los 303 de 2022.

El informe destaca que el tipo de ataque más recurrente es, nuevamente, la amenaza/hostigamiento, con 153 casos registrados, lo que reafirma la constante presión emocional sobre los periodistas. Le siguieron las agresiones físicas y verbales, que sumaron 70 casos, mientras que se registraron discursos estigmatizantes en 52 ocasiones, ocupando el tercer lugar y reflejando el uso de narrativas para desacreditar y deslegitimar a la prensa.
Otras formas de ataque incluyeron las trabas al acceso a la información y cobertura periodística (44 casos), la intimidación judicial (46 casos) y la afectación laboral (14 casos), que alcanzó una cifra récord en los últimos años. Asimismo, se reportaron 4 detenciones, 3 robos.

Se deben destacar las 6 amenazas legislativas, entre las que encontramos iniciativas para restringir la difusión de investigaciones fiscales o la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio profesional.

Momentos álgidos

El análisis mensual revela dos períodos de mayor intensidad. En el primer trimestre, enero (21 casos) y febrero (19 casos) marcaron un inicio moderado; sin embargo, la situación cambió drásticamente en marzo (30 casos) con el destape del caso Rolex, que generó una oleada de reacciones hostiles, especialmente de los protagonistas: la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En este periodo la presidenta calificó las preguntas sobre el tema como "tendenciosas", mientras que el gobernador acusó a los periodistas de ser "malas personas que quieren hacer daño". Este clima de tensión se intensificó en abril (51 casos) y continuó durante mayo (48 casos), una temporada marcada por agresiones relacionadas con coberturas sensibles.

El segundo período crítico ocurrió en el último trimestre del año. En octubre (43 casos), las declaraciones de Boluarte durante la ceremonia del 8 de octubre, en la conmemoración de la Batalla de Angamos, acusando a los medios de practicar “terrorismo de imagen”, avivaron el clima hostil hacia la prensa.

Estas afirmaciones fueron respaldadas por actores políticos como el congresista Waldemar Cerrón y el primer ministro Gustavo Adrianzén. Durante ese mes, el 22 de octubre, Boluarte reapareció en conferencia de prensa después de 105 días de silencio, adoptando un tono confrontacional y descalificativo hacia diversos periodistas.

Además, en este periodo ocurrieron las protestas de transportistas contra el crimen organizado en octubre y noviembre (43 casos cada uno) derivaron en agresiones policiales a reporteros.

En meses intermedios, los ataques mostraron cierta estabilidad: junio (35 casos), julio (22 casos), agosto (28 casos) y setiembre (23 casos). Para cerrar el año, diciembre (29 casos) mantuvo cifras altas en comparación con inicios de año.

Datos para el análisis

En cuanto a los agentes agresores, los funcionarios públicos lideraron las estadísticas con 177 casos, destacando como los principales responsables de actos contra la prensa que, por su rol, deberían cautelar. Los civiles estuvieron detrás con 129 ataques, mientras que los agentes de seguridad perpetraron 63 casos. En menor medida, se identificaron agresiones de empleadores y elementos no identificados (12 y 11 casos, respectivamente).

Entre las víctimas, los reporteros digitales fueron los más afectados, con 170 casos registrados. Las y los periodistas de televisión les siguieron, con 94 ataques, mientras que la prensa escrita enfrentó 69 agresiones.
Por su parte, los medios radiales reportaron 59 casos, lo que demuestra la transversalidad de las agresiones en todos los formatos de comunicación.

En términos de género, los hombres representaron el 47% (184 casos) de las víctimas, los medios de comunicación un 34% (132 casos), mientras que las mujeres sumaron el 19% (76 casos).

Esta brecha de género refleja que, aunque las agresiones afectan mayoritariamente a hombres, las mujeres periodistas continúan enfrentándose a entornos hostiles en el ejercicio de su labor, como evidencia el sostenido acoso perpetrado por el ahora prófugo Hialmar Laynes Sánchez contra, por lo menos, 5 reporteras.

Zonas de alerta

Lima continúa siendo la provincia con mayor incidencia, concentrando 222 casos, seguida por Huamanga (12), Cutervo y Mariscal Nieto (11 cada uno), Arequipa y Cusco (10 cada uno), Abancay (8), Maynas y Tumbes (7 cada uno), Alto Amazonas, San Román y Chiclayo (5 cada uno). Con menos casos, figuran Trujillo (6), Andahuaylas (6), Piura (4) y Huánuco (5).
Otras 35 ciudades registraron menos de cuatro casos, lo que evidencia la distribución geográfica de las agresiones en el país.

26/09/2024

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú invitan a la ciudadanía a la exposición itinerante "Democracia, Independencia y Periodismo" que se realizará del 27 de setiembre al 11 de octubre en la Sala de Exposiciones Melissa Alfaro de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

28/07/2024

14/07/2024

ANP rechaza instrumentalización del sistema de justicia: Presidente del Congreso querella reiteradamente a periodistas y exige reparación civil de 100 mil soles

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha querellado por difamación agravada a Yessica Bazalar Sequeiros y Carlos Carrillo Berveño, periodistas de Radio Universal y Cusco en Portada, respectivamente, por emitir opiniones críticas sobre su desempeño como parlamentario cusqueño.

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los periodistas fueron notificados el 3 de junio de 2024 sobre la querella presentada por Soto. El motivo de la denuncia es un comentario realizado por Yessica Bazalar el 12 de febrero de 2024: “Uno de los políticos que más avergüenza al Cusco, sin duda, es Alejandro Soto".

La denuncia ha sido admitida por el 5to Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a cargo de la magistrada María Angélica Quispe Apaza, separando a Carrillo como responsable y quedando únicamente querellada Yessica Bazalar.
Soto argumenta que la afirmación de Bazalar “afecta su proyecto de vida, truncando su destino y haciéndole perder el sentido mismo de su existencia”, exigiendo una reparación civil de cien mil soles a la periodista.

Bazalar señala que esta querella es parte de una práctica recurrente de persecución por parte del congresista. “Yo he hecho únicamente un comentario en base a lo que veo en mi ciudad: los dirigentes lo declaran como persona no grata, como traidor. Soto no llega a Cusco sino clandestinamente. En su única llegada oficial fue pifiado en las dos cuadras por las que caminó. No tiene respaldo”, comentó a la ANP.

La periodista también denunció públicamente que los periodistas de Cusco en Portada vienen siendo víctimas de una persecución sistemática con el objetivo de censurar su labor periodística. No es la primera vez que tanto Carlos Carrillo Berveño como Yessica Bazalar Sequeiros son denunciados por Soto.

Ambos comparten otra querella por difamación agravada tras haber revelado la contratación, en el Congreso de la República, de la hermana de la pareja de Soto, quien negó conocer a la persona.

Esta información fue corroborada por otros medios nacionales que demostraron la relación y la existencia de un hijo. A pesar de ello, la querella se admitió programándose una audiencia para 2025. “Con lo demostrado, esa querella ya debería estar archivada”, subraya Bazalar.

Por su parte, Carrillo enfrenta una segunda querella por retransmitir un reportaje de Latina sobre la adquisición a un precio inferior de un mausoleo en el Cementerio de La Almudena en Cusco por la madre de Soto Reyes.
Atención por favor
Mientras tanto, Bazalar también enfrenta otra denuncia por reportar que un colaborador eficaz y exasesor de Patricia Benavides dio cuenta de coordinaciones dentro del Congreso, vinculando a Alejandro Soto, según la tesis fiscal.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP repudia la reiterada instrumentalización de la vía penal, usada por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, como una forma amedrentar a hombres y mujeres de prensa que emiten críticas y opiniones, en el marco de su derecho a la libertad de expresión y opinión.

Además la ANP es crítica con los operadores del sistema de justicia que admiten este tipo de querellas sin ponderar debidamente las imputaciones.

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