01/07/2026
¿LA MUNI DE NEGRITOS EN LA EDAD DE PIEDRA? NO TIENE MESA DE PARTES DIGITAL EN LA PLATAFORMA OFICIAL DEL ESTADO PERUANO.
Contraloría advierte que el municipio presuntamente no habría implementado la Mesa de Partes Digital obligatoria y ello podría estar limitando el acceso de los ciudadanos a trámites virtuales.
Mientras el Estado peruano impulsa la digitalización de los servicios públicos, la Municipalidad Distrital de La Brea habría quedado rezagada en uno de los mecanismos más importantes para la atención ciudadana.
Así lo advertiría un reciente Informe de Orientación de Oficio de la Contraloría General de la República, documento que identifica una situación que, de no corregirse oportunamente, podría afectar el derecho de los administrados a realizar trámites de manera virtual y dificultar el proceso de modernización institucional.
Aunque el informe no determina responsabilidades ni impone sanciones, sí enciende una señal de alerta sobre un presunto incumplimiento de una obligación que debió implementarse hace varios años.
La observación que encendió las alarmas
Tras efectuar una revisión de la Plataforma Digital Única del Estado (Gob.pe), la comisión de control habría constatado que la Municipalidad Distrital de La Brea no tendría implementado ni operativo el servicio de Mesa de Partes Digital.
La observación podría parecer técnica; sin embargo, sus implicancias resultarían mucho más profundas.
La Mesa de Partes Digital constituye actualmente la puerta de ingreso para que cualquier ciudadano presente solicitudes, documentos, reclamos o escritos sin desplazarse físicamente hasta una oficina municipal.
En otras palabras, su ausencia podría significar que numerosos procedimientos administrativos continúen dependiendo exclusivamente de la atención presencial.
Una obligación que no sería reciente
Lo que más llamaría la atención del órgano de control es que esta obligación no nació este año.
La Ley N.° 31170 dispuso hace varios años que todas las entidades públicas implementaran este servicio digital dentro del plazo establecido por la norma.
Por ello, el hallazgo de la Contraloría podría revelar que el proceso de transformación digital de la municipalidad aún no habría alcanzado uno de sus componentes esenciales.
¿Qué riesgos advierte la Contraloría?
El informe identifica una situación adversa que podría generar diversas consecuencias para la ciudadanía si no es corregida.
Entre ellas:
- Los vecinos podrían tener dificultades para presentar documentos mediante internet.
- Personas que viven fuera del distrito podrían verse obligadas a desplazarse únicamente para ingresar un expediente.
- Adultos mayores y personas con discapacidad podrían encontrar mayores barreras para acceder a los servicios municipales.
- La gestión documentaria institucional podría continuar dependiendo de procedimientos presenciales, reduciendo la eficiencia administrativa.
La Contraloría no afirma que estos escenarios ya estén ocurriendo; sin embargo, advierte que existiría el riesgo de que puedan presentarse mientras la situación permanezca sin solución.
La evidencia presentada
Como parte del sustento técnico, el informe incorpora el resultado de un monitoreo realizado en la Plataforma Gob.pe.
Durante dicha verificación se habría encontrado el siguiente mensaje:
«"Esta entidad aún no ha migrado a Gob.pe. Visita su página oficial."»
Para la comisión de control, este resultado constituiría un indicio de que la entidad todavía no habría incorporado el servicio digital requerido por la normativa vigente.
Más que una página web
Especialistas en gestión pública suelen señalar que la transformación digital no consiste únicamente en contar con un portal institucional.
Implica permitir que el ciudadano pueda interactuar con la administración pública sin obstáculos innecesarios, reduciendo tiempos, costos y desplazamientos.
En ese contexto, la ausencia de una Mesa de Partes Digital podría representar un retraso dentro del proceso de modernización administrativa que impulsa el Gobierno peruano.
¿Habrá medidas correctivas?
El informe de Contraloría recomienda al titular de la entidad adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Asimismo, dispone que la municipalidad informe al Órgano de Control Institucional sobre las medidas implementadas dentro del plazo previsto.
Será precisamente esa respuesta institucional la que permitirá conocer si la observación será subsanada en el corto plazo o si persistirá una situación que la propia Contraloría considera adversa.
Una alerta que no debería pasar desapercibida
Aunque el informe no concluye que exista responsabilidad administrativa, civil o penal, sí pone sobre la mesa un aspecto que podría tener repercusiones directas en la atención que reciben los ciudadanos.
La advertencia formulada por la Contraloría deja abierta una interrogante que seguramente muchos vecinos comenzarán a hacerse:
¿Por qué un servicio que la legislación exige desde hace años aún no estaría plenamente implementado en la Municipalidad Distrital de La Brea?
La respuesta, por ahora, dependerá de las acciones que adopte la propia administración municipal para atender las observaciones del órgano de control.
