14/03/2026
Cuando la política se convierte en refugio: por qué el Perú no debe repetir los mismos errores
El Perú atraviesa una crisis política profunda. Pero lo más grave no es solo la crisis institucional: es la normalización de prácticas que degradan la política y convierten el poder en un mecanismo de protección personal. La candidatura presidencial de César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso, vuelve a poner en debate el tipo de liderazgo que el país podría enfrentar en los próximos años.
Su paso por el Gobierno Regional de La Libertad debería servir como advertencia clara para todo el país. No como propaganda política, sino como un ejemplo de lo que ocurre cuando el poder se utiliza para construir influencia política mientras los problemas reales de la población quedan sin resolver.
Durante su gestión, La Libertad se convirtió en una de las regiones más golpeadas por la inseguridad. Extorsiones, sicariato y organizaciones criminales crecieron mientras las autoridades regionales demostraban incapacidad para enfrentar con firmeza esta crisis. Si una región no pudo ser protegida de la violencia, resulta legítimo preguntarse cómo podría administrarse un país entero bajo el mismo liderazgo.
A ello se suman los cuestionamientos por contratos, obras públicas y decisiones administrativas que generaron controversias y denuncias. La gestión regional estuvo marcada por polémicas constantes, investigaciones periodísticas y una sensación permanente de desorden institucional.
Pero el problema no termina allí. El comportamiento político de Alianza para el Progreso también ha sido duramente cuestionado. En el Congreso, su bancada ha sido criticada por actuar como un bloque disciplinado al servicio de su líder, priorizando intereses políticos antes que las reformas que el país necesita con urgencia.
Las controversias también alcanzan a dirigentes del propio partido. En la provincia de Yauyos, el alcalde provincial Diomedes Dionisio Inga, quien enfrenta denuncias vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública y ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción, ocupa además el cargo de secretario provincial de Alianza para el Progreso. Para muchos ciudadanos esto refleja una práctica preocupante: utilizar las estructuras partidarias como espacios de protección política.
A esto se suma el caso de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, quien fue condenada por el delito de peculado doloso agravado. El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate estableció una sentencia de nueve años y cinco meses de prisión, además del pago de S/100 mil de reparación civil, por irregularidades detectadas en contrataciones y adquisiciones realizadas durante su gestión entre 2023 y 2025.
Sin embargo, lejos de marcar distancia con estos hechos, su entorno político continúa impulsando proyectos electorales. Diversos críticos señalan que desde ese mismo entorno se promueve la candidatura de su esposo al Senado por Lima Provincias, presuntamente con la finalidad de obtener poder político que le permita enfrentar o eventualmente librarse de las consecuencias de esta sentencia.
Frente a este panorama, el ciudadano peruano no puede permanecer indiferente.
La historia reciente del país demuestra que cuando la política se convierte en refugio de dirigentes cuestionados, las instituciones se debilitan, la corrupción se normaliza y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias.
Por eso, el electorado debe ser claro y contundente en las urnas. El Perú no puede darse el lujo de entregar su futuro a partidos que acumulan tantos cuestionamientos y escándalos.
No se trata solo de elegir un candidato; se trata de evitar que un modelo político marcado por denuncias, conflictos y dirigentes cuestionados llegue al poder nacional.
El mensaje debe ser firme: el Perú no debería votar por Alianza para el Progreso ni por quienes representan este tipo de política.
Porque si el país repite los mismos errores, los resultados también serán los mismos: más corrupción, más impunidad y más frustración para millones de peruanos.
