23/07/2026
LEY DE IMPUNIDAD PARA LA PNP Y FF.AA. PROMULGADA POR EL FUJIMORISMO DEJARÁ CASOS DE HUACHO, COLCABAMBA Y PUNO SIN JUSTICIA
La ley de impunidad establece que los policías y militares sean investigados por ellos mismos y no en la justicia ordinaria. Asimismo, ordena a los jueces archivar investigaciones cuando se corrobore que los casos son materia de indagación militar-policial. Las investigaciones del as*****to de un niño de 8 años en Huacho, la de 5 jóvenes en Colcabamba y las agresiones a un abogado en Puno quedarían impunes.
El as*****to de un niño de 8 años en Huacho (Lima), las graves agresiones contra un abogado en una comisaría de Puno y la masacre de cinco jóvenes en Colcabamba podrían quedar impunes. La razón es que el Congreso, a través de su presidente, el fujimorista Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que permite que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas sean procesados por la justicia militar-policial cuando cometan delitos comunes durante el ejercicio de sus funciones, en lugar de ser juzgados por la justicia ordinaria.
La ley también dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven las investigaciones cuando verifiquen que los mismos hechos ya son objeto de investigación en la jurisdicción militar-policial.
As*****to de niño de 8 años en Huacho quedaría impune
Las disposiciones de la ley podrían alcanzar la investigación que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura sigue contra el suboficial de la PNP Luis Nazario, quien es investigado por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial ocurrida el último fin de semana en Huacho.
De acuerdo con la tesis fiscal, el agente del Escuadrón de Emergencia de Huacho habría disparado con su arma de reglamento durante un operativo realizado en la avenida Mercedes Indacochea. En ese momento, el menor viajaba junto a su madre como pasajero de una mototaxi.
El Ministerio Público sostiene que el uso del arma de fuego habría sido desproporcionado, ya que no existiría una situación de riesgo real que justificara el disparo. Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó la incautación del arma y del efectivo, la realización de pericias balísticas y la recopilación de las grabaciones de video registradas durante la intervención.
"Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas, éramos mujeres", declaró la madre del menor a La República.
Las agresiones contra abogado en comisaría de Puno quedarían sin justicia
El pasado 29 de junio, el abogado Danilo Vargas Ccoya acudió a la comisaría de Melgar-Ayaviri, en Puno, para denunciar que un tráiler había impactado contra su vivienda. Sin embargo, tras presentar la denuncia, fue intervenido y agredido por efectivos de la PNP dentro de la dependencia policial. Además, permaneció detenido desde ese día hasta la noche del 1 de julio por el presunto delito de resistencia a la autoridad.
Los agentes señalados como presuntos responsables son los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa del abogado centra sus cuestionamientos en este último, quien declaró que Vargas Ccoya llegó a la comisaría con lesiones y ensangrentado, versión que, según sostiene, es falsa.
"Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios", precisó la defensa de Vargas Ccoya.
A raíz de estos hechos, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno abrió diligencias preliminares para investigar a los presuntos responsables por el delito de tortura.
La masacre de Colcabamba
La masacre de Colcabamba ocurrió durante la madrugada del 25 de abril de 2026, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Una patrulla del Ejército abrió fuego contra una camioneta en la que se desplazaban ocho jóvenes. Como consecuencia, cinco de ellos murieron y otros tres resultaron heridos de bala.
En un primer momento, las Fuerzas Armadas sostuvieron que los militares habían repelido un ataque de presuntos narcotraficantes durante un operativo antidrogas. Sin embargo, la investigación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín descartó esa versión al concluir que nunca existió un enfrentamiento armado.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los militares realizaron un ataque unidireccional con fusiles de asalto contra la camioneta, pese a que no enfrentaban una amenaza real, letal o inminente. Las pericias también establecieron que en el vehículo no se hallaron armas de fuego.
El informe fiscal detalla que el conductor, Nilson Montenegro Valencia, recibió 51 impactos de proyectil, mientras que Cristian Vilcatoma Águila, quien viajaba en el asiento del copiloto, presentó 16. Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos; William Soto Núñez, quien iba en la tolva, ocho; y Jaime Bendezú Paraguay, tres.
Militares habrían abusado de dos adolescentes
El Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy) denunció que presuntos integrantes del Ejército habrían ingresado de manera violenta a la residencia estudiantil Ciro Alegría, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde dos adolescentes habrían sido víctimas de tocamientos indebidos.
En declaraciones a RPP Noticias, la presidenta de Comuawuy, Rosemary Pioc, señaló que el hecho habría ocurrido durante la noche del 20 de julio, mientras las estudiantes dormían en la residencia, ubicada cerca de un campamento militar que lleva el mismo nombre. De acuerdo con la denuncia, los efectivos habrían irrumpido en las instalaciones sin autorización y sin una justificación aparente, para luego presuntamente cometer los actos denunciados.
Tras los hechos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó con firmeza la violencia sexual que habrían realizado los militares y afirmó que los sucesos "constituyen una grave vulneración de los derechos humanos".
Asimismo, informó que el Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui se encuentra en la comunidad de Ciro Alegría para orientar a los padres de las víctimas y explicarles la importancia de participar en las diligencias, como la cámara Gesell.
"Exhortamos a una investigación célere para sancionar a los responsables y tener en cuenta el principio del interés superior del niño. Ningún acto de violencia contra niñas y adolescentes puede quedar impune", comunicó.
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