28/08/2026
ยฟDรNDE TERMINARON LOS S/ 836 MIL DESTINADOS A PAGAR UNA OBRA YA TERMINADA EN AYABACA?
La Municipalidad Provincial de Ayabaca reconoce una deuda de S/ 2 millones 762 mil 458,36 con el Consorcio Vial Cautivo, correspondiente a una obra que ya fue culminada, recibida y liquidada. Sin embargo, segรบn la documentaciรณn presentada por el contratista, en julio se habrรญan incorporado S/ 836.743 que podรญan ser destinados al pago de parte de esta obligaciรณn, pero los recursos habrรญan terminado siendo utilizados en nuevas obras.
El hecho genera una interrogante que exige una explicaciรณn documentada: ยฟquiรฉn decidiรณ que esos recursos no fueran utilizados para reducir una deuda reconocida y, en cambio, fueran destinados a nuevos proyectos? Mientras la municipalidad ejecutarรญa otros contratos, el Consorcio Vial Cautivo continรบa reclamando el pago de una obligaciรณn pendiente, solicitando ademรกs un cronograma para cancelar el saldo aproximado de S/ 1,92 millones.
El caso adquiere mayor relevancia debido a denuncias y cuestionamientos que circulan en Ayabaca respecto a posibles vรญnculos entre empresas contratadas para nuevas obras y personas cercanas al entorno de la anterior gestiรณn municipal encabezada por Darwin Quinde. Estas versiones deberรกn ser corroboradas mediante documentaciรณn oficial, revisando empresa por empresa, contrato por contrato y funcionario por funcionario, a fin de determinar si existieron relaciones o intereses que pudieran haber influido en las decisiones.
El Consorcio Vial Cautivo ya habrรญa presentado una carta notarial dirigida al alcalde Eligardo Lรณpez Lรณpez y al gerente municipal Cristian Aguilar Abad, exigiendo el pago de los S/ 836.743 y estableciendo un mecanismo para la cancelaciรณn del monto restante. La existencia de esta reclamaciรณn coloca nuevamente bajo la lupa el manejo de los recursos pรบblicos y la priorizaciรณn de obligaciones pendientes frente a la ejecuciรณn de nuevos proyectos.
Ante estos hechos, corresponde determinar quiรฉn incorporรณ los recursos, quiรฉn autorizรณ su modificaciรณn o reasignaciรณn, mediante quรฉ acto administrativo se efectuรณ y a quรฉ proyectos fueron finalmente destinados. Tambiรฉn resulta necesario identificar quรฉ empresas fueron contratadas para ejecutar dichas obras, cuรกnto recibieron y quiรฉnes participaron en los procesos de contrataciรณn.
Las interrogantes podrรญan justificar la intervenciรณn de los รณrganos de control y, de corresponder, del Ministerio Pรบblico, para establecer si existieron irregularidades administrativas o elementos que pudieran configurar responsabilidades civiles, administrativas o penales. Entre los delitos que eventualmente podrรญan ser materia de evaluaciรณn, dependiendo de lo que arrojen las investigaciones y las pruebas, se encuentran la colusiรณn, negociaciรณn incompatible, peculado, malversaciรณn o trรกfico de influencias. Ninguno de estos delitos puede darse por acreditado sin una investigaciรณn y decisiรณn de las autoridades competentes.
El caso deja una pregunta de fondo para Ayabaca: ยฟpor quรฉ recursos que podรญan utilizarse para pagar una obra ya terminada habrรญan terminado financiando nuevos proyectos y quiรฉnes fueron los beneficiarios finales de esas decisiones? La ruta del dinero deberรญa permitir esclarecer quรฉ ocurriรณ con los S/ 836 mil, quiรฉn tomรณ la decisiรณn y si existieron intereses particulares detrรกs de la reasignaciรณn de estos recursos pรบblicos.
