13/09/2026
LA €XTORS10N POL1T1C4 DE KE1KO: «Si no me dan las facultades, no soluciono nada»
Han pasado casi 50 días desde que Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú, el 28 de julio, y la pregunta que se hacen millones de peruanos es simple: ¿qué cambió? En el norte del país siguen las muertes. En el Callao los homicidios son casi diarios. Los fiscales que investigan al crimen organizado ahora son blanco de amenazas. Y en los mercados, las bodegas y los pequeños negocios de todo el país, pagar cupo dejó de ser una excepción para convertirse en la regla de supervivencia.
Y sin embargo, la explicación oficial para que nada de esto se resuelva ya no es la falta de voluntad, ni siquiera la complejidad del problema. Es una condición: denme las facultades legislativas, o no hay solución.
Vale la pena recordar la secuencia. El día de su investidura, Fujimori prometió que los peruanos «sentirían la diferencia desde el primer día». Pasadas dos semanas, el discurso cambió: era imposible resolver todo tan rápido. Luego el horizonte se corrió a «el próximo año». Y finalmente llegó el argumento que hoy sostiene todo: sin la delegación de facultades del Congreso, el Ejecutivo tiene las manos atadas.
El caballo de troya
¿Es legítimo pedir facultades legislativas? Sí, es una herramienta constitucional que han usado gobiernos de todos los colores. El problema no es el mecanismo, es el tamaño del paquete. Lo que el gobierno envió al Congreso no es un pedido acotado a seguridad ciudadana. Son 66 puntos que van de la lucha contra el crimen organizado a reformas tributarias, laborales, mineras, de simplificación administrativa y de reorganización del Estado. Un caballo de Troya con la etiqueta de «seguridad» pegada por fuera, mientras adentro viaja la posibilidad de rediseñar sectores enteros del país sin pasar por el debate del Congreso.
Y ahí está el chantaje: si el Congreso no entrega ese paquete completo, los peruanos seguirán siendo rehén de los extorsionadores, del crimen organizado y de un Fenómeno El Niño que ya está encima de nosotros. Es, en esencia, la misma lógica de la extorsión que hoy asfixia a los comerciantes del país: paga el cupo o no trabajas. Aquí es: dame el paquete o no gobierno.
El propio premier Luis Galarreta lo dijo sin rodeos ante la Comisión de Constitución: si el Congreso no aprueba la delegación, las normas tendrán que tramitarse por la vía ordinaria, y eso, lo admitió, podría tomar «un año o dos». Es decir, el propio Ejecutivo reconoce que la alternativa a las facultades no es la parálisis, sino un camino más lento. La diferencia entre «más lento» y «no soluciono nada» la puso Keiko, no el reglamento del Congreso.
Mientras se debate ese paquete, ¿qué ha hecho el gobierno en sus primeros dos meses? Coordinaciones con el Grupo Romero en el norte, una ronda de embajadas repartidas con presupuesto público, ministerios y viceministerios ocupados por funcionarios que ya trabajaron con Dina Boluarte y José Jerí, y una ofensiva política para captar congresistas de la oposición. La lucha contra la inseguridad, la que prometió encabezar «desde el primer minuto», quedó como una línea más en la lista de pendientes.
El clan de los argentinos
Y mientras se pide paciencia a los peruanos, el gobierno tiene otro frente que preferiría mantener lejos de las cámaras: el de sus propios asesores. Keiko Fujimori reconoció en público, el 25 de agosto, haber recibido ayuda de tres «amigos extranjeros» durante la campaña, a quienes nombró solo por su nombre de pila, «el señor Carlos, el señor Damián, el señor Román».
Detrás de esos nombres están Carlos Díaz-Rosillo, Damián Valenzuela (el empresario argentino cercano a la mandataria) y, según reportes periodísticos, el operador Fernando Cerimedo, hoy detenido en Bolivia y señalado como el armador de granjas de bots y campañas de desinformación que ya salpican a los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Honduras. No es un dato menor: el mismo entramado que hoy investigan varios países de la región habría tocado también la elección y el entorno de Keiko Fujimori. ¿Necesitará también facultades para tapar esto, o seguirá con la estrategia de negar y esperar que el escándalo se enfríe solo?
La bancada clave
En medio de esto, una de las bancadas clave para destrabar el pedido es la del Partido del Buen Gobierno, liderada por Jorge Nieto. Y aquí hay algo que no se puede pasar por alto: el propio Nieto ha dicho, con razón, que no existen excusas para que el gobierno no actúe ya, que buena parte de lo pedido puede hacerse con decretos de urgencia, sin necesidad de una delegación tan amplia. Pero al mismo tiempo, anunció que su bancada está dispuesta a conceder facultades «para que no tengan más excusas». El argumento es entendible como jugada política, pero no deja de ser contradictorio: Nieto había dicho en campaña que sería oposición ganara quien ganara. Que hoy termine siendo pieza clave para entregarle a Fujimori el paquete que pide es, cuando menos, una señal que la propia oposición debería mirar con cuidado.
Al final, el país se queda con una presidenta que aparece en cámara para anunciar buenas noticias, mientras su entorno negocia 66 facultades legislativas, muchas de ellas sin relación directa con la seguridad o El Niño, como condición para gobernar. Seguridad y emergencia climática son apenas la fachada de un paquete que, en su mayor parte, huele a manejo total del aparato del Estado con favores repartidos puertas adentro.
Que quede claro: nadie en LA LUPA discute que el Ejecutivo necesite herramientas ágiles frente a una ola de extorsión que superó las 27 mil denuncias en un solo año. El problema no es que pida ayuda. El problema es que la condicione: o me das todo, o no resuelvo nada. Eso no es gobernar. Eso es, con otro nombre, extorsión política.
