01/09/2025
La Fiscalía presentó nuevos elementos que vinculan al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, con una presunta red de corrupción que habría movilizado policías a favor de intereses privados en la mina El Dorado, ubicada en Lucanas, Ayacucho. Conversaciones de WhatsApp, audios y testimonios protegidos revelan pagos de hasta 160 mil dólares para ejecutar operativos irregulares. En los chats se menciona al empresario Franco Parodi, al abogado Percy Tenorio y al general PNP Gregorio Villalón como operadores clave.
🧾 Según la investigación, los efectivos policiales fueron enviados desde Lima bajo el pretexto de fiscalizar delitos ambientales, pero en realidad buscaban desalojar a los actuales ocupantes de la concesión minera. El operativo fue coordinado desde una oficina privada en San Isidro, donde también se habría gestionado el arraigo laboral ficticio de Nicanor Boluarte para evitar una prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que Santiváñez, apodado “Cachetón” por sus allegados, estaba al tanto de los pagos y autorizaciones desde su cargo como ministro del Interior.
📣 El juez Víctor Alcócer autorizó allanamientos a nueve implicados, entre ellos empresarios, abogados y altos mandos policiales. La red habría operado desde el estudio jurídico Santiváñez y desde Palacio de Gobierno, incluso después de la censura del ministro por el Congreso. Santiváñez negó cualquier participación y aseguró que los traslados de personal policial son competencia del comando institucional. Sin embargo, los testimonios y registros fiscales apuntan a una estructura organizada con fines de tráfico de influencias, encubrimiento y cohecho.
