22/04/2026
El Beni al borde de una crisis electoral sin precedentes, regresa la sombra de un posible "FRAUDE"
“Si hay manipulación, que haya cárcel y una tercera vuelta”
Las declaraciones del candidato Hugo Vargas (MNR) no pueden ser tratadas como un simple reclimo político de campaña.
Al señalar “graves incoherencias” en las actas de Trinidad, Guayaramerín, Riberalta y San Borja, y al afirmar que el error superaría el umbral del 3%, Vargas ha encendido todas las alarmas sobre la legitimidad del proceso electoral en el Beni declara estado de alerta 24/7 a su militancia y pueblo en general.
Si lo denunciado es cierta manipulación de datos dentro del sistema informático del Tribunal Electoral del Beni, corrección indebida de actas y una distorsión sistemática de la voluntad popular?, entonces no estamos ante un mero tecnicismo. Estamos ante un posible delito electoral de gravedad extrema, FRAUDE.
El escenario de una tercera Elección.
Hasta ahora se hablaba de una posible tercera vuelta. Pero si la auditoría que exige Vargas demuestra que las irregularidades afectaron de manera estructural el cómputo, la única salida institucional no sería repetir solo el balotaje, sino anular la totalidad de la elección departamental y convocar a una nueva votación desde cero. Es decir, una tercera elección en el Beni (segunda vuelta anulada, eventual posible tercera vuelta?, y unos comicios completamente nuevos).
Ese escenario, aunque extremo, tiene precedentes en Bolivia (como la anulación de elecciones nacionales con el fraude electoral de Evo Morales.
El costo político, logístico y económico sería altísimo, pero menor al de convalidar un resultado fraudulento.
Sanciones judiciales: p***s de cárcel sí, no solo multas
La denuncia de Vargas no puede quedar en un simple pedido de auditoría.
Si las pruebas existen él dice tener el 100% de las actas, entonces la justicia ordinaria deben actuar de oficio. Manipular actas, alterar el sistema informático o corregir datos sin control notarial son delitos tipificados en la Ley Electoral boliviana y en el Código Penal.
Quienes resulten responsables vocales de mesa, técnicos informáticos, funcionarios de la Corte Electoral o incluso autoridades departamentales deben enfrentar demandas penales con p***s privativas de libertad.
En democracia, atentar contra el voto es atentar contra la soberanía popular. No puede haber atenuantes ni “errores de sistema” cuando hay indicios de dolo.
Lo que viene ahora
Primero, la Corte Electoral del Beni debe aceptar inmediatamente la auditoría independiente al sistema informático, con participación de los partidos y organismos observadores. Segundo, debe habilitarse un cotejo público de todas las actas físicas contra los resultados digitales.
Tercero, si se confirma la manipulación, las denuncias penales deben presentarse en un plazo máximo de 72 horas.
El candidato Vargas tiene la responsabilidad de mostrar las pruebas que dice poseer.
La Corte Electoral, la de garantizar transparencia. Y los jueces, de aplicar la ley sin contemplaciones.
El Beni merece saber la verdad, aunque duela.
Y si hubo trampa, que paguen cárcel los tramposos. Incluso si eso implica repetir todo el proceso por tercera vez. La democracia no se negocia.
