03/08/2025
Lawfare en América Latina: la persecución judicial como arma política y el caso emblemático de Vladimir Cerrón
Por : Lenin Sanchez Díaz
Sociólogo.
En el contexto latinoamericano del siglo XXI, la guerra jurídica o lawfare se ha consolidado como una sofisticada herramienta de persecución política. Ya no se recurre a golpes militares ni dictaduras explícitas: hoy, el poder punitivo del Estado, en alianza con medios de comunicación concentrados y sectores del aparato judicial, cumple un rol determinante en deslegitimar, neutralizar o encarcelar a liderazgos populares incómodos para los intereses del bloque de poder tradicional. En este marco, resulta fundamental destacar los aportes teóricos y analíticos de intelectuales como Atilio Boron, Paula Klachko y Raúl Zaffaroni, cuyas investigaciones han esclarecido la naturaleza, mecanismos y consecuencias del lawfare en América Latina.
El lawfare como nueva forma de dominación Atilio Boron, reconocido sociólogo y politólogo argentino, ha señalado con firmeza que el lawfare no es una anomalía ni un exceso, sino un dispositivo estructurado y planificado de control político. “El lawfare es una expresión renovada de la guerra de baja intensidad que los Estados Unidos y sus aliados locales despliegan para impedir el avance de proyectos emancipadores”, sostiene Boron en múltiples entrevistas y ensayos. La judicialización de la política, en este sentido, funciona como un dique de contención ante el resurgimiento de gobiernos y movimientos populares que desafían el neoliberalismo y la dependencia.
Desde la izquierda popular y latinoamericanista, esta forma de guerra jurídica es parte de una estrategia imperialista destinada a desarticular los procesos de liberación nacional que se abren paso con dificultad, pero con fuerza creciente, en Nuestra América. Los pueblos ya no enfrentan dictaduras militares tradicionales, sino dictaduras jurídicas de nuevo cuño que operan con ropaje institucional, pero persiguen objetivos profundamente antidemocráticos y antipopulares.
En sintonía, Paula Klachko ha profundizado en los nexos entre el poder judicial, el imperialismo y los grandes medios de comunicación. En su libro Segundo turno coescrito con Boron, expone cómo el ciclo progresista latinoamericano ha sido objeto de una contraofensiva no solo económica y diplomática, sino también jurídico-mediática, que busca impedir que actores como Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales o Cristina Fernández de Kirchner recuperen protagonismo político. La clave, explica, está en “construir sentido común a partir de procesos judiciales viciados, con fiscales mediáticos y jueces parciales, donde la condena social precede a la prueba”.
Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni exjuez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y uno de los más prestigiosos juristas de la región ha advertido que el lawfare viola los principios básicos del Estado de derecho. “No hay neutralidad cuando se utiliza el aparato penal para excluir adversarios políticos”, afirma. Zaffaroni sostiene que el lawfare degrada la función judicial, erosiona la democracia y deja a la ciudadanía inerme ante un poder judicial convertido en brazo de las élites.
El caso Vladimir Cerrón: persecución con sello local En el Perú, el caso del doctor Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se ha convertido en un ejemplo paradigmático del uso del lawfare para impedir la consolidación de un proyecto popular, antiimperialista y de transformación estructural del Estado. Desde su elección como gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón ha sido objeto de una intensa campaña de estigmatización y judicialización. A pesar de haber sido absuelto de dos procesos como el caso Aeropuerto Wanka y el caso la Oroya que muchos juristas consideran desproporcionadas o carentes de sustento sólido, la persecución continúa mediante nuevas acusaciones, embargos y órdenes de detención que buscan eliminarlo del juego político.
No se trata, como pretenden mostrar ciertos sectores, de un proceso ordinario de justicia. Como bien afirma Boron, “el lawfare nunca actúa contra el poder económico ni contra quienes violan derechos laborales o entregan recursos al capital transnacional; siempre apunta contra quienes, desde abajo, cuestionan el orden establecido”. En ese sentido, el caso Cerrón revela una coordinación sistemática entre el Ministerio Público, la prensa concentrada y sectores del Poder Judicial para criminalizar a un actor político que ha hecho de la lucha contra el neoliberalismo su bandera central.
Desde la perspectiva de Perú Libre, esta persecución forma parte de una estrategia de disciplinamiento político dirigida contra los liderazgos que, con convicción y claridad ideológica, denuncian el modelo neoliberal impuesto desde los años noventa. El ataque no es solo contra Cerrón, sino contra todo el proyecto de construcción de una patria soberana, plurinacional y socialista. Como señaló el mismo Cerrón, “no es una lucha por un cargo, es una lucha por una nueva república”.
Zaffaroni ya lo advertía: “cuando el Poder Judicial se convierte en arma política, es imposible hablar de democracia plena”. La persecución contra Cerrón no solo tiene consecuencias personales, sino que busca enviar un mensaje aleccionador a todo el movimiento popular; ningún líder que confronte el orden dominante podrá hacerlo sin pagar un alto costo. La criminalización del pensamiento revolucionario y de la praxis transformadora no es nueva, pero hoy adopta formas más sutiles, aunque igual de letales.
Hacia una respuesta política y continental Las investigaciones de Boron, Klachko y Zaffaroni no solo diagnostican el problema, sino que llaman a construir respuestas desde el campo popular. Una de ellas es la articulación continental para denunciar el lawfare en foros internacionales, fortalecer la soberanía judicial de los Estados y reformar los sistemas judiciales capturados por intereses oligárquicos.
Desde la perspectiva internacionalista de Perú Libre la verdadera izquierda popular, esta lucha debe trascender las fronteras nacionales y articularse con las resistencias del Sur Global. Lo que está en juego es la capacidad de los pueblos para ejercer su soberanía política sin ser criminalizados por ello. La articulación de un frente anti-lawfare, popular y continental, es una tarea impostergable de quienes creemos en una Patria Grande con justicia social, autodeterminación y dignidad.
En el Perú, el caso Cerrón debe ser asumido no solo como una defensa individual, sino como una causa colectiva por la democracia real y el respeto al debido proceso. Es deber de las organizaciones populares, los juristas comprometidos y la ciudadanía consciente alzar la voz contra este nuevo tipo de dictadura silenciosa que no se impone con tanques, sino con togas, micrófonos y titulares amarillistas.
Como concluye Paula Klachko: “el lawfare es la forma jurídica del golpe de Estado en la era neoliberal; denunciarlo y enfrentarlo es una tarea urgente de todos los que creen en la justicia, la democracia y la soberanía de nuestros pueblos”. Y desde la izquierda popular, reafirmamos: la justicia no puede ser la excusa de los poderosos para impedir que los pueblos conquisten su destino.
¡Hasta Más Allá de la Victoria!
