31/07/2026
II ALCALDE JUAN MARCOS CHÁVEZ CONDORI ACUSADO DE EXTORSIONAR A EMPRESARIOS MAJEÑOS
El alcalde del centro poblado La Colina, distrito de Majes, Juan Marcos Chávez Condori, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse graves denuncias que lo acusan de utilizar su cargo para realizar cobros ilegales a propietarios de diversos locales comerciales de su sector.
Según los testimonios de los afectados, estos presuntos actos de
EXTORSION y abuso de autoridad se ejecutan contra locales nocturnos y restaurantes – snack, condicionando su funcionamiento a cambio de elevadas sumas de dinero que se solicitan de forma recurrente.
Empresarios afectados denunciaron incluso que, el burgomaestre tendría el consentimiento y apoyo, bajo las sombras, de la alcaldesa de Majes, Gladys Condori Huamán, madre de Juan Marcos Chávez, quien lo estaría blindando con su actual poder e influencia política.
MECANISMO DE EXTORSION Y ABUSO:
- LOCALES VULNERABLES: Los cobros van dirigidos a negocios con licencias en trámite o aquellos que buscan flexibilizar sus horarios de atención.
- CANAL DE RECAUDACIÓN: Las víctimas señalan que las exigencias económicas se canalizan a través de la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Majes, y el contacto sería el Abog. MAICOL NICOLAS CARRANZA TARAZONA, en los mismos establecimientos y en el Hotel VENTURA. La afectados piden que la Fiscalía solicite las grabaciones de cámaras de seguridad de este hotel.
- COACCIÓN EDIL: Los comerciantes son amenazados con la clausura inmediata de sus locales si se niegan a pagar los cupos solicitados. Los establecimientos que vienen siendo coaccionados son las discotecas BONGO, TIERRA CALIENTE, TE y CANELA entre otros negocios.
ATROPELLO. Los afectados, cansados del atropello y abuso que se comete en su contra, señalan que este tipo de conductas no solo constituye un delito flagrante contra la administración pública (como colusión, cohecho o extorsión), sino que representa un grave peligro para la seguridad jurídica del distrito. Al desviar las funciones de fiscalización hacia el beneficio personal, se debilita la confianza en las instituciones y se asfixia la economía de los pequeños emprendedores que buscan formalizarse.
Las organizaciones civiles y los comerciantes afectados exigen la intervención inmediata de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para iniciar las investigaciones del caso, apartar a los implicados de sus funciones y sancionar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.