15/07/2025
((🔴))PATAZ: ORO, SANGRE Y SILENCIO EN EL DISTRITO DONDE EL ESTADO NO MANDA
Pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno, las organizaciones criminales siguen operando con total impunidad en el distrito de Pataz, en la sierra de La Libertad. El despliegue militar y policial no ha logrado desarticular a las verdaderas estructuras que manejan el negocio del oro ilegal: solo se ha capturado a algunos “parqueros”, actores secundarios de un sistema mucho más amplio, violento y jerarquizado. Los brazos armados de bandas como las de alias Cuchillo —identificado como Miguel Antonio Rodríguez Díaz—, ‘Los Pulpos’, ‘La Jauría’ o ‘La Gran Alianza’ continúan intactos, fuertemente armados y controlando sectores clave del distrito.
Las autoridades locales son conscientes: el control territorial en Pataz ya no está en manos del Estado. Los caminos que conducen a los socavones ilegales son vigilados por hombres encapuchados; la producción de oro no se detiene ni de día ni de noche. La población vive con miedo, sometida a la extorsión, el silencio forzado y la incertidumbre constante. La estrategia oficial —basada en operativos policiales y breves incursiones militares— ha fracasado en atacar la estructura profunda de las mafias que financian, arman y protegen el negocio ilícito. Y lo más alarmante: buena parte de los mineros ilegales que operan en el distrito están coludidos con estas organizaciones criminales, brindándoles cobertura, logística y legitimidad social.
“Nos dijeron que con el estado de emergencia íbamos a vivir tranquilos, pero aquí nada ha cambiado. Los que mandan siguen siendo los mismos: los que tienen armas, los que cobran cupos, los que hacen desaparecer a la gente”, relata un vecino del centro poblado de Vijus, en el distrito de Pataz, que pidió mantener su identidad en reserva. “Aquí el gobierno viene a hacer patrullajes, pero solo encuentran dinamitas, armas de fuego, municiones, pero no a los que verdaderamente son los cabecillas.”
Esa percepción se repite en cada caserío, en cada centro poblado. Pataz ha dejado de ser gobernado por las autoridades electas o por las fuerzas del orden. Manda el oro. Manda el miedo. Lo que antes fue una actividad artesanal, de subsistencia, se ha transformado en el epicentro de un imperio criminal. En esta tierra, la minería ilegal no solo destruye montañas: destruye vidas, comunidades, instituciones.
Desde 2023, al menos 100 personas han sido asesinadas en este distrito, entre trabajadores mineros, personal de seguridad y ciudadanos comunes. El 2 de diciembre de 2023, un comando armado tomó por asalto instalaciones cercanas a la minera Poderosa, dejando un saldo mortal de al menos 10 personas. En mayo de 2025, trece trabajadores desaparecieron en circunstancias similares. Fueron encontrados días después en un socavón: maniatados, ejecutados. El mensaje fue claro: nadie desafía a los que mandan en Pataz.
Los grupos criminales dominan el comercio, la circulación y la vida cotidiana en el distrito. Imponen toques de queda, cobran “cuotas de seguridad”, seleccionan qué bocaminas funcionan y cuáles no. En palabras de un comerciante local: “Aquí no manda el Estado, manda el miedo”.
La minería ilegal se ha convertido en una economía de guerra: produce dinero en efectivo, difícil de rastrear, con un mercado internacional ávido de oro barato, sin importar su procedencia. Según fuentes oficiales, más del 40 % del oro extraído en zonas como Pataz podría tener origen ilegal, moviéndose por una red que involucra testaferros, acopiadores y empresas fachadas.
¿Cómo opera esta maquinaria con tanta libertad? La respuesta está en la complicidad institucional. Muchos de estos grupos criminales se ocultan detrás del Registro de Formalización Minera (REINFO), creado para regularizar la minería informal, pero hoy utilizado como escudo legal. Autoridades locales que miran a otro lado, policías coludidos, transportistas que cargan oro sin documentos. Pataz no solo ha sido abandonado por el Estado, ha sido infiltrado.
Pataz no necesita más operativos mediáticos. Necesita justicia sostenida, inversión social y una recuperación institucional real. Mientras el oro siga brillando más que la ley, este distrito seguirá siendo el corazón oscuro del crimen minero en el Perú.
