12/10/2025
Alcalde Escobar podría ser encausado por desacato y presunto encubrimiento
FISCAL AMPLÍA INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA
RESIDENTE DE OBRA MUNICIPAL DE CARUMAS
Periódico El Rotativo.- Mediante Disposición 05 notificada el 16 de septiembre de 2025, el fiscal penal Arturo Eloy Pacheco Villagra prorrogó la investigación preparatoria contra el ingeniero Franklin Martín Arpasi Llanque, residente de la obra de la Municipalidad Distrital de Carumas donde perdió la vida el trabajador Juan Carlos Zapata Romero, a los 45 años de edad.
En la prórroga de la investigación penal por el presunto delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo previsto en el artículo 168-A del Código Penal, el representante del Ministerio Público contempla siete diligencias.
Entre las diligencias está la declaración del imputado Arpasi Llanque y de Marco Antonio Rivera Juárez, en calidad de encargado de prevención de riesgos, ambos acompañados de sus abogados, además de requerir que SUNAFIL remita un informe documentado.
PERICIA INGENIERIL
A fin de determinar si existieron las condiciones de seguridad en la ejecución de la excavación en la que murió el obrero, el fiscal dispuso que se oficie al Colegio de Ingenieros a fin de que remita la nómina de ingenieros habilitados, para efectos de designar un perito en la materia.
DESOBEDIENCIA Y
ENCURIMIENTO
De manera reiterada se requiere que la Municipalidad de Carumas, bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y encubrimiento, remita el expediente técnico de la obra, el M*F y ROF de la municipalidad y los informes del residente de obra.
También se requiere que la entidad edil remita los nombres completos, dirección domiciliaria y celulares del supervisor e inspector de obra, aparte de informar si para la ejecución de la citada obra se contrató ingeniero de seguridad y salud en el trabajo o prevencionista.
RESUMEN DE
LOS HECHOS
El obrero murió el 19 de noviembre de 2019 en el “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de Santa Bárbara”, obra que el residente ejecutaba sin prevencionista, sin ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, sin puntales, sin encofrado, sin señales de seguridad y sin implementos de seguridad, a pesar que el expediente técnico contemplaba presupuesto para “seguridad y salud”.
La versión de los compañeros de trabajo, así como el concluyente informe de SUNAFIL, señalan que el trabajador falleció aplastado por la tierra y las piedras del deslizamiento, cuando realizaba labores finales en la excavación de la base para un muro-talud de más de cuatro metros de altura.
Todas las pruebas revelan que Juan Carlos falleció por traumatismo cerrado de tórax y abdomen por contusión y aplastamiento (según la necropsia); sin embargo, el residente quiso sustraerse de responsabilidad “falseando los hechos”, dejando entrever que el obrero murió por negligente.
SUNAFIL HUNDE
AL RESIDENTE
El 15 de octubre de 2020, la Resolución de Sub Intendencia 093-2020-SUNAFIL/IRE-MOQ/SIRE concluye que la obra municipal donde murió el trabajador se ejecutaba infringiendo el marco legal de seguridad y salud en el trabajo.
En ese entonces se multó a la Municipalidad de Carumas por no contar con Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no tener libro de actas del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de carecer de protección de excavadores y/o apuntalamiento.
HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL
El segundo párrafo del Artículo 168-A del Código Penal dice que: “Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador…, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años…”.
ESCOBAR SE BURLA
DE FALLO JUDICIAL
El 17 de octubre de 2022, con Resolución 033, el Juzgado de Trabajo declaró ejecutoriada la Sentencia 050-2022, disponiendo que la municipalidad pague S/ 10,442.00 por daño emergente, S/54,000.00 por lucro cesante, S/10,000.00 por daño moral, además de intereses legales y costos procesales; haciendo un monto total de S/.79,742.50.
Desde 2023, se le requirió reiteradamente al alcalde Édgar Manuel Escobar Nina para que la municipalidad cumpla la sentencia judicial, pero hasta la fecha no le da la gana de presupuestar ni de fijar el cronograma de pago.
A pesar que en la municipalidad demandada existen suficientes recursos para cubrir deudas sociales, el burgomaestre y sus funcionarios siguen haciendo el perro-muerto, en clara desobediencia a la autoridad, adoptando una conducta omisiva, abusiva, insensible e inhumana.
