04/11/2025
🔵 || Una crisis de gestión pública sin precedentes ha inmovilizado un capital fundamental para el desarrollo de Ayacucho. La Contraloría General de la República ha emitido informes contundentes que confirman la Pérdida de Vigencia de la Declaratoria de Viabilidad en 153 proyectos, haciendo que la cifra aproximada de S/ 333,473,433 de soles quede legalmente fuera de la posibilidad de ejecución.
Este incumplimiento de requisitos técnicos y plazos, bajo responsabilidad directa de los equipos municipales, representa un colapso financiero que se traduce en obras paralizadas y un riesgo inminente de que los fondos reviertan al Tesoro Público, constituyendo la mayor afectación al presupuesto de inversión en la historia reciente de la región. La Contraloría califica este error como un hecho consumado que compromete el futuro de la infraestructura regional.
Los Tres Pilares de la Negligencia: Más de S/ 114 Millones Invalidados
La gravedad de la situación radica en la concentración del daño. Solo tres distritos acumulan una pérdida consolidada de S/ 114,330,907.37, evidenciando un fracaso administrativo focalizado, pero con impacto regional.
San José de Ticllas (Huamanga) encabeza el listado de la ineficacia con proyectos por S/ 54,413,947.11 sentenciados por la pérdida de viabilidad, lo que representa la mayor paralización de fondos en un solo distrito.
Le sigue Ocros (Huamanga), que registra fondos inutilizados por S/ 34,800,589.66.
Finalmente, el distrito de Anco (La Mar) completa el podio de la negligencia con una pérdida consolidada de S/ 25,116,370.60.
Este desastre financiero es un patrón sistémico que se extiende a lo largo de al menos 10 provincias de la región, alcanzando a distritos de Huamanga, La Mar, Lucanas, Páucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo. El monto restante de S/ 219,142,525.63 corresponde a proyectos vitales en otras jurisdicciones, lo que subraya la magnitud total del problema.
La parálisis de los S/ 333.4 millones anula la construcción de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y servicios básicos que las comunidades esperaban. La Contraloría, que exige planes de acción, reitera que la Pérdida de Viabilidad es una falla de origen que expone la incapacidad de los gobiernos locales para manejar la inversión pública de manera rigurosa. La ciudadanía exige no solo la corrección de los expedientes, sino la rendición de cuentas por el perjuicio institucional y social causado por la desidia administrativa.
