06/08/2025
ESCÁNDALO: ANIN PIURA QUIERE CONTRATAR A CONDENADO POR VIOLENCIA FAMILIAR Y DESACATO QUE COBRÓ 117 MIL SOLES BAJO LA GESTIÓN DE LUIS NEYRA LEÓN
La reciente revelación que la Oficina de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en Piura estaría evaluando contratar a Davies Simón Soto Pozo —un ex trabajador del gobierno regional de Piura sentenciado por violencia familiar— ha desatado polémica en la región. Documentos judiciales indican que Soto Pozo fue condenado en 2017 por agredir a su expareja y por desobedecer órdenes judiciales. Este informe especial examina sus antecedentes judiciales, las pruebas en registros oficiales, sus vínculos políticos recientes con el Gobierno Regional de Piura, y la posición (o falta de ella) de la ANIN ante la controversia.
Antecedentes Judiciales por Violencia Familiar y Desobediencia a la Autoridad
En 2012, la expareja de Davies Simón Soto Pozo, identificada con iniciales J.S.M.M., lo denunció por violencia física y maltrato familiar ante la justicia de Piura. A raíz de esta acusación, el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la víctima: prohibió a Soto Pozo acercarse al domicilio familiar o a cualquier lugar donde se encontrara su exconviviente, bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad si incumplía la orden. Esta medida cautelar quedó firme y consentida al no ser apelada por el denunciado.
Pese a la restricción legal vigente, en noviembre de 2014 Soto Pozo volvió a irrumpir en la vivienda donde se encontraba su expareja, desencadenando un nuevo episodio de violencia. Según el informe judicial, llegó al lugar en presunto estado de ebriedad e inició una agresión verbal con insultos denigrantes, que rápidamente escaló a violencia física: golpeó a la víctima con puñetazos en la cabeza y brazos, la tiró al suelo y la pateó, deteniéndose únicamente al percatarse de la presencia de su hijo menor que observaba la escena. Este brutal incidente configuró un flagrante desacato a la orden de alejamiento previa, agravando la situación legal de Soto Pozo.
Expediente Judicial y Estado del Caso
El proceso penal resultante quedó registrado en el expediente N° 03909-2015-4-2001-JR-PE-03 del Cuarto (antes Séptimo) Juzgado Unipersonal del Poder Judicial de Piura. Finalmente, en septiembre de 2017, dicho juzgado emitió sentencia contra Soto Pozo por los delitos de violencia familiar y desobediencia a la autoridad. El acusado se sometió a una conclusión anticipada del juicio (una especie de acuerdo de aceptación de cargos), tras lo cual el tribunal dispuso la reserva del fallo condenatorio a su favor
La reserva de fallo condenatorio implicó que Soto Pozo fue hallado culpable, pero se suspendió la ejecución de la pena efectiva, con el compromiso de que cumpla estrictas reglas de conducta impuestas por el juzgado. Es decir, el condenado evitó una pena de cárcel inmediata, quedando la condena en suspenso siempre y cuando no reincidiera y acatara las normas fijadas. Dicha sentencia, al no ser impugnada por ninguna de las partes, quedó firme y consentida en 2017
Según los registros judiciales, desde entonces consta en sus antecedentes penales esta condena, aunque con el beneficio legal de la reserva (mecanismo que muchas veces se otorga a primarios para rehabilitación). En suma, los documentos oficiales del Poder Judicial confirman plenamente la culpabilidad de Soto Pozo en el caso de violencia familiar y desacato a la autoridad, y revelan que su situación legal quedó definida hace ya varios años.
Vínculos Laborales y Políticos Recientes
Una figura cuestionada, múltiples contratos públicos y un alias que resuena en los pasillos del poder y de las redes sociales. Se trata de Davies Simón Soto Pozo, más conocido como “Chato Plin Plin en las redes sociales”, un personaje que, pese a contar con antecedentes por violencia familiar y desobediencia a la autoridad, habría sido contratado reiteradamente por el Gobierno Regional de Piura durante la actual gestión del gobernador Luis Ernesto Neyra León.
Según información que comenzó a circular en una cuenta de Facebook —y que hemos contrastado con documentos públicos y fuentes internas—, Soto Pozo percibió 117 mil 500 soles en concepto de servicios prestados entre marzo de 2023 y mayo de 2025, principalmente en la Oficina de Imagen Institucional.
Las órdenes de servicio detallan pagos sucesivos con montos que iniciaron en S/ 3,500 y escalaron hasta S/ 15,000 en un solo contrato. El crecimiento sostenido de sus honorarios ha despertado serias dudas sobre la naturaleza real de sus servicios y si estos respondían más a favores políticos que a capacidades profesionales.
En círculos cercanos a la gestión regional se le señala como operador político camuflado de “periodista”, con la supuesta función de difamar, hostigar y atacar a críticos del gobernador Neyra León a través de sus paginas "Destapes PIURA y Viral Noticias. Diversas publicaciones lo vinculan directamente con campañas de desprestigio a opositores, medios de comunicación independientes y voces disidentes.
“Él no hacía prensa, hacía guerra sucia. Le pagaban por destruir reputaciones en Facebook y justificar cualquier acción del gobernador. No se podía tocar a Neyra sin que aparezca ‘el Chato’ a atacar”, afirma un extrabajador de confianza del Gobierno Regional de Piura.
El alias “Chato Plin Plin” no solo se habría popularizado en redes por sus constantes publicaciones ofensivas, sino también en oficinas del propio GORE, donde se le identificaba como parte del equipo en las sombras.
Las órdenes de servicio corroboradas revelan contrataciones mensuales o bimestrales sostenidas durante más de dos años. Aquí algunos puntos clave:
2023: Percibió pagos mensuales de S/ 3,500 a S/ 4,500, por presuntos servicios en imagen institucional.
2024: El monto subió a S/ 5,000 e incluso S/ 10,000 cada dos meses, sin mayor detalle técnico.
2025: Una sola orden de servicio por S/ 15,000, cubriendo marzo, abril y mayo.
En total, sumó al menos 19 contrataciones individuales, todas bajo el concepto de “contrataciones hasta 8 UIT”, modalidad que no requiere concurso público y permite mayor discrecionalidad.
Las fuentes consultadas dentro del Gobierno Regional aseguran que Soto Pozo fue retirado discretamente en los últimos meses, cuando comenzaron a surgir denuncias en su contra. “No salió por mal trabajo, sino por escándalo. Lo sacaron para que no los arrastre cuando esto explote”, dijo un funcionario bajo reserva.
Sin embargo, la responsabilidad política no se diluye con su salida. La ciudadanía se pregunta:
¿Por qué una persona con antecedentes fue contratada una y otra vez en el área de imagen del Gobierno Regional de Piura?
¿Qué informes produjo? ¿A qué medios se contrató o benefició desde esa oficina desde la oficina de imagen institucional?
¿Qué relación tenía con el entorno del gobernador?
Hasta el momento, Luis Neyra León no ha dado la cara, ni explicado públicamente los motivos que llevaron a su gestión a desembolsar más de 117 mil 500 soles a una figura rodeada de escándalos..
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