02/06/2026
Las protestas sociales ocurridas entre los años 2022 y 2023 dejaron más de 60 personas fallecidas en distintas regiones del país. Estos hechos generaron una fuerte conmoción social y un amplio debate sobre responsabilidades políticas.
Las principales manifestaciones se concentraron en el sur andino, especialmente en regiones como Puno, Ayacucho y Apurímac, donde se registró la mayor cantidad de víctimas durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Las muertes causaron indignación en la población y profundizaron la crisis social.
En el ámbito político, la ex presidenta Dina Boluarte ha sido cuestionada por diversos sectores que le atribuyen responsabilidad política en el manejo de los hechos ocurridos durante las protestas.
Asimismo, también se han dirigido críticas hacia el Congreso de la República. En particular, la bancada de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, ha sido mencionada por sectores que señalan que habría existido respaldo político al Ejecutivo en ese periodo, lo que habría reducido la presión para adoptar medidas más firmes frente a la situación.
Familiares de las víctimas exigen justicia, verdad y reparación por las muertes ocurridas durante las protestas, y demandan que se identifique a los responsables de estos hechos.