18/08/2026
MINERÍA Y DESARROLLO | Especialista plantea estrategia nacional contra la minería ilegal y menos burocracia para la formalización
La lucha contra la minería ilegal requiere una estrategia nacional sostenida que combine fiscalización, control de la comercialización y asistencia técnica para quienes buscan incorporarse a la actividad formal, afirmó Marcos Oyola, ingeniero geólogo y docente de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad César Vallejo, durante una entrevista con Walac Noticias.
El especialista consideró que enfrentar esta problemática requiere diferenciar a los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse de las estructuras vinculadas con actividades ilegales, de modo que el Estado pueda aplicar medidas de control más efectivas y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de quienes cumplen las condiciones para operar legalmente.
Control de comercialización debe identificar origen del mineral
Oyola planteó reforzar el control de la comercialización del oro para determinar su procedencia e impedir que mineral extraído ilegalmente ingrese al mercado formal. Para ello, consideró necesaria una acción coordinada entre la Policía Nacional, Sunat, Ministerio Público y otras instituciones involucradas en la fiscalización de la actividad minera.
El especialista identificó además el financiamiento como uno de los principales factores que permiten la expansión de la minería ilegal. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones no deberían concentrarse únicamente en quienes realizan la extracción, sino también alcanzar a quienes financian, compran, transportan y comercializan el mineral.
Formalización requiere menos trámites y asistencia técnica
Frente a la situación de los pequeños productores mineros y mineros artesanales, Oyola consideró necesario simplificar los procedimientos de formalización y brindar asistencia técnica para que puedan cumplir con las exigencias establecidas por el Estado.
Según explicó, reducir las barreras burocráticas permitiría diferenciar con mayor claridad a quienes buscan incorporarse al sector formal de las organizaciones que utilizan mecanismos de formalización para encubrir actividades ilegales.
El docente señaló que el Estado debe acompañar este proceso con orientación técnica y mecanismos de fiscalización que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales y tributarias.
Piura necesita aprovechar el potencial de la minería formal
Oyola también sostuvo que el Gobierno debe generar condiciones para promover la minería formal y atraer nuevos proyectos de inversión. En el caso de Piura, mencionó iniciativas como El Algarrobo, cuyo desarrollo, afirmó, requiere procesos técnicos, administrativos y sociales adecuados.
El especialista destacó que la minería formal contribuye a la generación de recursos para el Estado mediante el canon y las regalías. Sin embargo, advirtió que el desafío también está en garantizar una gestión eficiente de estos fondos para que se traduzcan en obras de infraestructura, salud, educación y mejores servicios públicos.
Confianza social requiere mayor presencia del Estado
Respecto a los conflictos sociales vinculados con proyectos mineros, Oyola señaló que recuperar la confianza de las comunidades requiere una mayor presencia del Estado, transparencia en la ejecución presupuestaria y espacios permanentes de diálogo.
Asimismo, consideró que las empresas mineras tienen responsabilidad en la construcción de relaciones de confianza con las poblaciones ubicadas en sus áreas de influencia, especialmente mediante una comunicación transparente y una adecuada gestión de las preocupaciones de las comunidades.
Finalmente, el especialista sostuvo que la lucha contra la minería ilegal y la promoción de la minería formal deben avanzar de manera paralela. Para ello, planteó fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado, reducir las trabas para la formalización, brindar asistencia técnica y mejorar la gestión de los recursos generados por la actividad minera.
