28/11/2025
El fenómeno del encarcelamiento de expresidentes en el Perú
Que expresidentes del Perú lleguen a prisión — como es el caso de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y ahora Martín Vizcarra — demuestra que en teoría nadie está por encima de la ley, incluso quienes ejercieron la más alta autoridad. Hay una señal clara de que los crímenes de lesa humanidad, corrupción, sobornos o malversación pueden ser investigados y sancionados.
Esto puede servir como disuasivo: futuros gobernantes — y quienes aspiran a cargos públicos — deberían tomar nota de que la corrupción y los abusos de poder tienen consecuencias. La justicia debe funcionar para restaurar la confianza pública.
La gran cantidad de exmandatarios procesados (y presos) revela que la corrupción no ha sido un fenómeno aislado, sino sistémico. Eso muestra fallas profundas en los mecanismos de control estatal, supervisión y transparencia de los gobiernos. Más que “caídas aisladas”, parece un patrón recurrente.
Existe el riesgo de que los procesos se perciban como “justicia con fines políticos”: cuando tantos presidentes — de diversas orientaciones políticas — terminan presos, se abre la duda sobre si los juicios están siendo usados como castigo por intereses partidarios o venganzas políticas, en lugar de una aplicación imparcial del derecho. Esto agrava la desconfianza en las instituciones.
Tampoco basta con encarcelar exmandatarios: si no se mejoran las reglas del juego político, la regulación del financiamiento de campañas, la vigilancia ciudadana, la independencia judicial y las instituciones de control, el sistema corre el riesgo de reincidir en los mismos errores. Los encarcelamientos pueden ser reactivos, pero la prevención es la asignatura pendiente.
Finalmente, este escenario puede alimentar el cinismo: para muchos ciudadanos, “todos roban” o “da igual quién gane, va a terminar preso”. Eso erosiona la confianza en la clase política, aleja a la ciudadanía de la participación y debilita la legitimidad de las instituciones.
En resumen: los encarcelamientos de expresidentes — incluidos Fujimori, Toledo, Humala, Vizcarra — representan un avance significativo: una ruptura del ciclo de impunidad, un llamado de alerta, una posibilidad real de rendición de cuentas. Pero ese castigo individual no resuelve el problema de fondo: la fragilidad institucional, la cultura de corrupción, los vacíos en controles, la politización de la justicia.
Si el país no avanza hacia una reforma integral — en instituciones, transparencia, sistema de justicia, control ciudadano y reglas claras de gobernabilidad — estos procesos pueden convertirse en episodios mediáticos, cíclicos, sin lograr realmente transformar la política peruana.
Para que estos juicios signifiquen una reforma real, es necesario que la sociedad exija más: no solo castigo, sino prevención, educación cívica, fortalecimiento institucional.
