08/07/2024
LUIS NEYRA ES DENUNCIADO POR LIDERAR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE HABRÍA ROBADO MÁS DE 132 MILLONES DE SOLES AL ESTADO
En la denuncia por lavado de activos también aparecen como parte de la organización su esposa, Tatiana León, sus hermanos Francisco y Yani Neyra, entre otros implicados.
El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, fue denunciado por lavado de activos en la modalidad de organización criminal porque le habría robado a la región un total de más de 132 millones de soles, a través del direccionamiento de diferentes obras, con empresas que, según la denuncia, no cuentan con el respaldo económico para poder licitar con el Estado.
En el documento aparece Johan Caballero Moreros, asesor principal de Neyra, como el que articula y direcciona la obras a ejecutar, de esta manera, sería una de las cabezas de la presunta organización criminal.
En la denuncia se detalla que su esposa Tatiana León, estaría a cargo de colocar a empresas en el sector salud. Mientras Francisco Neyra y Yani Neyra, ejecutarían todo lo planificado por su hermano el gobernador.
En el caso de Diana Castillo Talledo, amiga personal de la esposa y gerente del Programa de Ayuda Social, es la que falsificaría todas las donaciones que llegan al GORE.
Por su parte, José Vargas Tinoco, gerente de la sub región, encargado del proyecto Morropón Huancabamba, se encarga de la colocación de obras en Piura.
También se menciona a Darwin Quinde Rivera, alcalde de Ayabaca, es el que ejecuta las obras del GORE. Los otros mencionados son: Fernando Santa Cruz Aguilar, gerente de Infraestructura, Alan Cruz Márquez, jefe del programa de Juventud, Juan Córdova, quien, según el documento recoge las coimas de las empresas, Roddy La Torre Gómez, director de Aguas en Bayobar, Ricardo Silva Saavedra, Francisco Duncan Pavel, Dennis Ortiz Encalada y Alejandro Callirgos Rivas
El total de 132 millones, 709 mil 500 soles, se debe a la obra de creación de la represa de Casapampa en la provincia de Huanvabamba y a la ejecución de saldo de obra para la construcción de la represa Tronera Sur y Tunel Transandino, a través de las empresas COnsorscio R y Consorcio Lima Sur, quienes no cumplirían con los requisitos para ganar las licitaciones correspondientes, ni se cumplieron con las fechas de presentación para otorgar la buena pro.
Cabe resaltar que, para los funcionarios de alto rango, la pena privativa de libertad es no menor de 10 años ni más de 15 años.
