10/06/2026
🛑 || La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) vuelve a estar envuelta en una fuerte controversia. Un grupo de docentes nombrados beneficiarios de la Ley N° 32171 denunció públicamente que el rector de la universidad, Edgardo Braul Gomero, habría impedido y obstaculizado la ejecución de sus nombramientos, pese a que estos fueron aprobados y reconocidos mediante resoluciones emitidas por el propio Consejo Universitario desde julio de 2025.
Los nombramientos fueron formalizados a través de las Resoluciones de Consejo Universitario N° 890-2025-UNU-CU-R y N. 901-2025-UNU-CU-R. Sin embargo, pese a la vigencia de dichos actos administrativos, los docentes aseguran que durante meses se les viene negando su incorporación efectiva a sus Facultades correspondientes. Según denuncian, el rector intentó incluso dejar sin efecto estas decisiones ante el Consejo Universitario, pero sus pretensiones fueron rechazadas por la mayoría de consejeros, quienes ratificaron los nombramientos mediante la Resolución N° 1389-2025-UNU-CU-R, emitida en noviembre de 2025.
La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando, tras fracasar en su intento de revertir los nombramientos dentro del propio Consejo Universitario, Braul Gomero optó por trasladar la disputa al Poder Judicial, interponiendo una demanda para dejar sin efecto los nombramientos aprobados y ratificados por dicho órgano de gobierno. Según los docentes afectados, la acción judicial no solo fue dirigida contra los beneficiarios de la Ley N° 32171, sino también contra los miembros del Consejo Universitario que votaron a favor de su ratificación, en una medida que consideran contradictoria y orientada a desconocer acuerdos institucionales adoptados conforme a las normas universitarias vigentes.
Para los afectados, el problema ha dejado de ser una simple demora administrativa y se ha convertido en una abierta resistencia al cumplimiento de resoluciones que mantienen plena vigencia jurídica. El abogado Orison Valera Dávila, docente de la Facultad de Derecho y beneficiario del nombramiento, sostuvo que él y sus colegas se encuentran ejerciendo su defensa legal frente a lo que consideran una actuación arbitraria que vulnera derechos reconocidos por ley y respaldados por el propio Consejo Universitario. Asimismo, precisó que cuentan con una medida cautelar favorable emitida por el Poder Judicial y que continuarán impulsando las acciones legales necesarias hasta lograr la ejecución efectiva de sus nombramientos y el respeto irrestricto de sus derechos laborales y profesionales.
Los docentes cuestionan que, mientras la Universidad Nacional de Ucayali enfrenta una permanente necesidad de docentes en diversas escuelas profesionales, el rector continúe oponiéndose al nombramiento de profesionales que cuentan con más de ocho, diez y hasta quince años de experiencia académica y profesional. Asimismo, señalaron que la universidad no convoca a un concurso público para plazas docentes desde hace aproximadamente tres años, situación que agrava el déficit de personal académico y limita las oportunidades de incorporación de nuevos profesionales. A su criterio, esta situación perjudica directamente la calidad educativa y el fortalecimiento institucional que la universidad necesita.
La interrogante que surge es inevitable: ¿puede una autoridad universitaria desconocer resoluciones aprobadas y ratificadas por su propio Consejo Universitario sin que exista una nulidad firme y legalmente declarada? Los docentes exigen respuestas claras y el respeto a las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la universidad. Sostienen que, mientras los actos administrativos conserven plena vigencia jurídica, su cumplimiento es una obligación.
Esta nueva denuncia se suma a otros hechos que han generado debate dentro de la comunidad universitaria en los últimos meses, profundizando el cuestionamiento a la gestión de Braul Gomero como rector y alimentando las demandas de transparencia, legalidad y respeto a los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno universitario.
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