19/05/2026
INFORME ESPECIAL: Impunidad sobre ruedas y el desprecio por la vida en las calles de Puno
Una camioneta del Serenazgo de Ácora atropelló a una trabajadora de limpieza de 61 años, fugó, terminó estrellada y abre el debate: ¿Hasta cuándo se usará el patrimonio del Estado para la juerga y el delito?
Por: Marco Ortega, 19 de mayo de 2026
La madrugada en Puno suele ser fría, silenciosa y resguardada únicamente por quienes barren sus calles para mantenerlas dignas. Sin embargo, la madrugada del lunes 18 de mayo se transformó en una escena de espanto, cobardía e impunidad institucional.
Alrededor de las 03:00 horas, Hermenegilda León Choquecahua (61 años), trabajadora de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Puno, cumplía con su labor en la intersección de la avenida Circunvalación Sur con el jirón Fray Martín de Porres. En ese instante, un vehículo oficial (que debió estar resguardando la seguridad ciudadana) la embistió violentamente, dejando a la humilde madre de familia tendida entre los residuos sólidos y el pavimento. Lo que vino después no fue auxilio; fue la muestra más vil de la irresponsabilidad estatal: la unidad se dio a la fuga.
La huida, el dosaje positivo y la sombra de una autoridad a bordo
La camioneta involucrada pertenece al Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ácora. Tras el impacto, el conductor aceleró con rumbo al centro poblado de Ichu.
Alertados por el hecho, agentes del Serenazgo de Puno iniciaron una persecución que expuso el nivel de peligro que representaban los ocupantes: en su desesperación por escapar, el vehículo oficial invadió el carril contrario, se despistó y terminó estrellándose contra un cerro.
Las investigaciones policiales y fiscales ya arrojaron los primeros y escandalosos resultados:
Alcoholemia Positiva. - El examen practicado al conductor del patrullero de Ácora confirmó que manejaba en flagrante estado de ebriedad.
Presencia de una alta autoridad. - Información preliminar de las autoridades detallan que dentro de la unidad se encontraba nada menos que Rogelio Pari Cutipa, primer regidor de la Municipalidad Distrital de Ácora, quien presuntamente ejercía funciones como alcalde encargado. Los ocupantes retornaban, aparentemente de participar en celebraciones por el aniversario del Distrito de Mañazo.
Mientras la trabajadora ingresaba de emergencia al hospital regional Manuel Núñez Butrón con severas contusiones en la pelvis que le demandarán varias semanas de recuperación, el alcalde titular de Ácora cortó las llamadas telefónicas a la prensa y hasta el cierre de este informe, la comuna Distrital no ha emitido ningún pronunciamiento ni ha mostrado interés por la salud de la víctima.
¿Hasta cuándo? El uso indiscriminado de los bienes del Estado
Este indignante suceso no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica en la administración pública peruana: el uso de los vehículos estatales como si fueran propiedad privada para fines de juerga y recreación. Desde una perspectiva legal, los involucrados no solo enfrentan cargos por el accidente y la omisión de socorro, aquí se configuran presuntos delitos graves contra la administración pública:
Peculado de Uso: Utilizar vehículos, combustible y recursos logísticos del Estado para fines ajenos al servicio público (fiestas particulares).
Conducción en Estado de Ebriedad y Lesiones Graves: Agravado por la condición de servidores públicos en ejercicio de funciones (o usando bienes públicos).
El dato alarmante: El gerente de Residuos Sólidos de Puno, Rubén Ramos Lupo, reveló una cifra negra que debería avergonzar a la región: en los últimos años, siete trabajadores de limpieza pública han perdido la vida en Puno debido a accidentes de tránsito mientras cumplían su labor.
Opinión: El silencio cómplice debe terminar
La ciudadanía se pregunta con justa indignación: ¿Hasta cuándo las autoridades van a permitir este tipo de hechos? Los patrulleros de serenazgo se compran con el dinero de los contribuyentes para combatir la delincuencia, no para trasladar autoridades ebrias de madrugada ni para convertirse en armas letales contra los propios ciudadanos.
La Fiscalía Corporativa de Puno y la Policía Nacional tienen la obligación moral e institucional de actuar con la máxima severidad. No se puede permitir que el cargo político o el uniforme de serenazgo sirvan de escudo para la impunidad.
Hermenegilda León hoy se recupera de milagro, pero la dignidad y la confianza de Puno en sus autoridades municipales han quedado, una vez más, completamente atropelladas.
