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Información de interés, estudios técnicos, actividades académicas y sociales, acciones de prevención, conservación y cuidado ambiental que se efectúan en las localidades por donde pasa la cuenca Ramis.

24/10/2025

Durante una operación en la del distrito de San Pedro de Punco, en la provincia de , la Policía Nacional (PNP) destruyó nueve laboratorios clandestinos usados para la elaboración de . En estos lugares se hallaron 7,200 kilos de coca molida, 1,500 kilos de hoja de seca, 2,504 kilos de hidrocarburos y 48,000 kilos de desechos químicos. “La PNP halló grandes cantidades de insumos y productos en proceso de transformación”, informó la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Dr**as (TID) Sur Oriente.

Las autoridades advirtieron que estos laboratorios no solo impulsan el narcotráfico, sino que también ríos, suelos y cultivos con sustancias tóxicas. “Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes contra el tráfico ilícito de dr**as en la selva alta de ”, señalaron fuentes policiales. Sin embargo, los daños ambientales y sociales persisten: la deforestación, el uso de químicos y la pérdida de biodiversidad afectan directamente a las comunidades que viven de la agricultura en esta zona de la selva puneña.

24/10/2025

El Gobierno Regional de declaró la situación de emergencia ambiental mediante la Ordenanza Regional n.° 000015-2025-GRP/Puno, debido a la grave generada por la e en diversas provincias. “El informe oficial evidencia la alarmante degradación ambiental causada por la minería ilegal, informal y otras operaciones extractivas ilícitas”, señala el documento. La medida tendrá alcance regional, con énfasis en , , San Antonio de , , , y .

El objetivo es activar mecanismos inmediatos de control y remediación ambiental, así como proteger la salud de la población expuesta. “Se considera urgente y excepcional declarar la emergencia ambiental en Puno para mitigar los impactos sobre el ambiente, la salud pública, los ecosistemas y los medios de vida de la población afectada”, precisa la ordenanza. El gobierno regional gestionará apoyo técnico y financiero ante el Ejecutivo y la cooperación internacional.

28/09/2025

Analistas políticos alertaron que la y el representan un riesgo creciente en las elecciones de 2026. Advirtieron que podrían surgir “bancadas de los ilegales”, orientadas a debilitar a las empresas formales que generan empleo y pagan impuestos. “La empresa aporta el 47 % en el a la . Si nos ponemos en términos coloquiales son los que paran la olla del país”, afirmó la periodista Diana Seminario, quien recordó que, de los 128,500 millones de hectáreas del Perú, unos 18,900 millones están a la , lo que equivale al 15 % del territorio nacional.

Por su parte, el politólogo Franco Olcese sostuvo que algunos candidatos buscan atraer a un sector reducido del electorado que respalda la informalidad. “Hay más beneficios que costos en apoyar la minería formal, pero los políticos están mirando ese 8.9 % de electores que se inclinaría por un candidato defensor de los mineros informales”, señaló.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería ilegal ocasiona pérdidas de S/22,700 millones al año y está vinculada al crimen organizado. Frente a ello, los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la formalización y comunicar mejor los aportes de la minería formal, responsable de casi el 70 % de las exportaciones del país.

28/09/2025

Durante la tercera jornada de 37, el ministro de Energía y Minas ( ), Jorge Luis Montero Cornejo, se reunió con representantes de la organización de , dedicada a la y minería . El titular del Minem destacó que la región será prioritaria en la estrategia nacional para impulsar un sector más formal y sostenible. “Este esfuerzo conjunto continuará con un nuevo proyecto de cooperación orientado a seguir fortaleciendo la minería artesanal y en pequeña escala en nuestro país”, indicó, al resaltar el rol de la cooperación internacional en esta actividad.

Montero subrayó que la articulación con países como Suiza y Alemania permitirá elevar los estándares de producción responsable y abrir mercados para los pequeños productores de Puno. Además, enfatizó que el Gobierno busca integrar a los mineros locales en cadenas de valor más competitivas. “El Perú va para adelante, no lo para nadie. Están todas las grandes empresas y corporaciones mundiales de la minería en nuestro país”, afirmó y destacó la oportunidad de que Puno fortalezca su desarrollo territorial a través de una minería inclusiva y sostenible.

https://titikakanoticias.pe/ministro-de-energia-y-minas-anuncia-fortalecimiento-de-la-mineria-artesanal-en-puno/

04/09/2025

De acuerdo con un estudio del , la es vista por el 65.8 % de los peruanos como destructiva, , y vinculada al crimen organizado. En contraste, solo el 16.9 % la considera positiva porque genera empleo. En ese escenario, el 54.6 % afirmó que en las próximas elecciones votaría por un candidato que proponga medidas para controlar y restringir esta actividad.

El rechazo a la ilegal es mayoritario entre distintos sectores políticos: el 68.8 % de los votantes de Fujimori, el 80 % de Rafael López Aliaga y el 70 % de Carlos calificaron esta actividad como negativa. “La gente no está reconociendo a ningún político por apoyar a la minería informal. No hay capitales políticos que estén ganando. Lo están viendo de manera muy negativa”, afirmó Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq.

El informe también advierte que la minería ilegal evade S/5,200 millones en impuesto a la renta, dinero que debería llegar a gobiernos regionales y municipales. Asimismo, el 70.2 % de los encuestados considera que algunos congresistas la respaldan porque reciben financiamiento de actores ilegales. Para el Centro Wiñaq, estos resultados reflejan la demanda ciudadana de “mano dura” frente a economías ilícitas que incrementan la inseguridad en el país.

04/09/2025

El es visto por como un socio clave en la transición energética, que duplicará su demanda de cobre hacia 2035. Sin embargo, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Juan Carlos Ortiz, advirtió que los retos van más allá de las reservas minerales. “No se trata solo de extraer cobre, sino de hacerlo de manera responsable”, afirmó, al señalar que la pone en riesgo la institucionalidad, el medio ambiente y la confianza internacional.

Esta actividad ilícita no paga impuestos, contamina y financia redes criminales. Un reciente operativo permitió incautar más de S/29 millones en maquinaria y dinero en distintas regiones, lo que revela la magnitud del problema. Para consolidarse como socio estratégico, el país necesita reforzar la formalización, garantizar reglas claras y combatir frontalmente a las mafias que operan en las zonas mineras. “El Perú tiene los recursos, pero necesita también instituciones sólidas y gestión eficiente”, subrayó Ortiz.

04/09/2025

Según el Marco , la le cuesta al alrededor de S/20,000 millones cada año, cifra equivalente al presupuesto del sector y cuatro veces la refinería de Talara. De ese total, el sector privado asume S/13,900 millones (1.2 % del PBI) y el Estado S/5,90 millones (0.5 %). “La y el crimen afectan el clima de negocios, desalientan la inversión y reducen las jornadas laborales”, advierte el de y Finanzas, que estima un impacto económico cercano al 1.7 % del PBI.

Para el abogado José Ignacio Carrión, el efecto trasciende lo económico y compromete la confianza de los inversionistas. “¿Cómo puede haber inversión en un país donde los empresarios son extorsionados todos los días?”, cuestionó.

Esta percepción frena créditos y consumo, limita la producción y reduce la recaudación. En un escenario donde casi 8 de cada 10 trabajadores son informales y aún faltan más de dos millones de empleos productivos para alcanzar los niveles de 2019, la falta de seguridad se convierte en un obstáculo decisivo para el crecimiento.

04/09/2025

Marcelino Surco Quispe, presidente del Frente de Defensa de los de la , anunció que presentarán una propuesta técnica al central para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales semejante a la instalada por la empresa Cumbres del Sur en .

Explicó que el río Llallimayo registra graves niveles de contaminación por metales pesados y un pH de 3, mientras que en la experiencia observada “el pH con tratamiento de la planta se elevó prácticamente de 3 a un rango de 7.5 a 8. Eso significa que una planta de tratamiento sí funciona”, remarcó, al destacar que la prioridad es frenar la contaminación que afecta a las comunidades ganaderas y garantizar un uso responsable del agua.

“Lo que nosotros queremos es justamente la descontaminación de este río”, afirmó Surco, tras destacar que el tratamiento no solo corrige el pH, sino que también elimina metales pesados. Añadió que experiencias como la de Cumbres del Sur demuestran que sí es posible convivir con una minería responsable y en armonía con las comunidades, por lo que exigen que se replique el modelo en Llallimayo.

02/09/2025

La minería ilegal mueve más de US$10,500 millones al año, según la Unidad de (UIF), y se ha convertido en un poder paralelo con capacidad de penetrar en la política. En regiones como , esta actividad representa una amenaza directa, pues el Instituto Peruano de ( ) estima que “más de US$7,000 millones en proyectos de minería formal se mantienen paralizados por la presencia de ”.

La expansión de estas mafias no solo afecta a la inversión privada, sino también a los ingresos fiscales que financian obras públicas en la región. El impacto va más allá de lo económico: en zonas del sur andino se reportan bandas armadas que operan al margen de la ley, imponiendo violencia y temor.

Una encuesta de Datum revela que “el 85 % de los ciudadanos considera que la respuesta estatal es poco o nada efectiva”, reflejando la desconfianza de la población ante la inacción. Para Puno, donde la minería es motor de empleo y canon regional, el avance de la ilegalidad amenaza con frenar su desarrollo y consolidarse como un factor de inseguridad y pobreza.

02/09/2025

La del informó que, hasta julio de 2025, Puno registró 19 conflictos sociales activos, lo que la ubica entre las regiones con mayor del país. “ concentra históricamente un alto nivel de conflictividad vinculada a la actividad , energética y a demandas sociales por servicios básicos”, indicó la institución en su Reporte de Conflictos Sociales N.º 257. De los 199 casos registrados a nivel nacional, la región representa casi el 10 %.

El informe precisa que más del 50 % de los conflictos en el país son de tipo y que el 30.2 % están relacionados directamente con la minería. En el caso de Puno, esta problemática se repite en varios de los conflictos activos.

La Defensoría advirtió que, pese a una ligera reducción de casos respecto a años anteriores, el nivel de conflictividad sigue siendo elevado y requiere atención prioritaria. “El objetivo es asegurar que las medidas acordadas se implementen y evitar que los conflictos escalen a fases de violencia”, remarcó la entidad.

04/05/2025

El gerente general del Instituto de Ingenieros de del , Gustavo de Vinatea, afirmó que el Registro Integral de ( ) no debe prorrogarse más allá del 30 de junio de 2025, fecha en la que vence su vigencia. “Para el país no es un avance que el Reinfo se prorrogue por un plazo adicional, porque sabemos todos los problemas que conlleva la existencia del registro”, señaló, advirtiendo que su ampliación origina un crecimiento inmanejable de la minería ilegal.

De Vinatea saludó la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir un marco legal que exonere de responsabilidades penales, civiles o administrativas en procesos de formalización. Sostuvo que el Reinfo ha permitido el aumento desproporcionado de precios y operaciones ilegales.

“Un decreto supremo no puede modificar una ley. No podría prorrogarse ni un día más el Reinfo en los términos que está redactado”, precisó, remarcando que solo el Congreso tiene la facultad para hacerlo, lo que convierte el tema en una responsabilidad política clave.

04/05/2025

La actividad minera ilegal continúa generando situaciones de violencia, amenazas y conflictos sociales en distintas zonas del país. La falta de control en áreas concesionadas ha facilitado la operación de grupos irregulares que actúan al margen de la ley, afectando a trabajadores y comunidades. “La situación muestra cómo la falta de control sobre la actividad minera fomenta disputas y pone en riesgo a trabajadores y comunidades”, declaró a la prensa el general de la PNP, Guillermo Llerena, al referirse a la necesidad de una mayor intervención estatal frente a estas actividades.

Además de los hechos de violencia, se han registrado protestas vinculadas a presuntos incumplimientos de compromisos en temas sociales como salud, educación y empleo. Según voceros de la Defensoría del Pueblo, estas demandas surgen por la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización y diálogo entre las empresas mineras y las comunidades.

“Es urgente fortalecer la fiscalización y establecer condiciones claras para una minería responsable, que no dependa de la informalidad ni de la presión social para responder a las demandas”, señaló un representante de la institución.

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