17/09/2025
BLINDAJE A DIRECTORA DE POSGRADO QUIEN NO QUIERE DEJAR EL CARGO
>>>Zavaleta continúa en el cargo pese a que venció su periodo
La situación en torno a la directora de posgrado, Leticia Zavaleta, evidencia un preocupante blindaje por parte de ciertos decanos y funcionarios administrativos, pese a que ya no cumple con los requisitos legales para seguir en el cargo. Existe una resolución del Consejo de Escuela de Posgrado que remite al Consejo Universitario el debate sobre su continuidad, dado que su periodo concluyó; sin embargo, la votación se suspendió en medio de maniobras para evitar la pérdida de mayoría. A pesar de la opinión de asesoría legal que señala que Zavaleta ya no debería participar en el Consejo, se permitió que continuara, consolidando un acto de protección que contradice la normativa vigente.
El hecho de que el decano Torres Carranza, el decano de Derecho y el representante sindical Francisco Collantes se retiraran de la sesión sin que ello frenara el blindaje, muestra cómo algunos sectores universitarios privilegian intereses particulares sobre la transparencia y la institucionalidad. Resulta inaceptable que, en un espacio que debe ser ejemplo de democracia y legalidad, se sostenga a una funcionaria cuyo periodo ya venció. Corresponde al Consejo Universitario y al rector pronunciarse con firmeza y frenar este tipo de prácticas que socavan la confianza en la universidad y lesionan el principio de legitimidad que debe regir toda gestión académica.
Finalmente, la funcionaria mencionada, quien ya no cumple con los requisitos legales para permanecer en el cargo y viene incurriendo en actos contrarios a la norma, ahora buscaría proyectarse como candidata al rectorado en el próximo año. Este panorama resulta especialmente grave, pues pone en evidencia que el blindaje que recibe no solo busca sostenerla de manera irregular en la dirección de posgrado, sino también allanar el camino hacia instancias de mayor poder dentro de la universidad, pese a las serias dudas sobre su legitimidad, transparencia y respeto a la institucionalidad. Una candidatura bajo estas condiciones no solo comprometería la credibilidad del proceso electoral, sino que también pondría en riesgo el principio de meritocracia que debe regir en la vida universitaria.
Del mismo modo, el representante sindical ha sido severamente cuestionado, ya que habría persuadido al rector para la contratación de un familiar directo, configurando un claro conflicto de intereses que podría incluso constituir un delito por esclarecer. Este tipo de conductas no pueden ser minimizadas, pues reflejan un preocupante deterioro institucional en el que los intereses personales y de grupo se imponen sobre la ley, la ética y la confianza de la comunidad académica. Urge que el Consejo Universitario, junto con las autoridades competentes, actúe con firmeza y transparencia, enviando un mensaje claro de que la universidad no puede convertirse en un espacio de favores, pactos oscuros y permanencias ilegítimas, sino en un verdadero ejemplo de legalidad, democracia y ética pública.
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/16BZTTC9BS/
