25/07/2025
Nos preocupa...
La Mancomunidad de Conchucos ha expresado una gran celebración y ha calificado como una "gran gestión" la adjudicación del mejoramiento de la carretera Longitudinal Conchucos al Consorcio Vial Huari por más de S/ 273 millones, tras "años de gestión y lucha incansable". Sin embargo, este no es el momento para un triunfalismo desmedido, sino para un llamado de atención a la Mancomunidad para que adopte una postura de máxima vigilancia y profundo escepticismo. Esto se debe a los antecedentes preocupantes de una de las empresas que conforman el consorcio ganador, así como al historial de fracasos en este mismo corredor vial.
El Consorcio Vial Huari está conformado por CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD. SUCURSAL DEL PERÚ (CRTG) y B & D INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.. La preocupación principal y las razones para la cautela de la Mancomunidad recaen en CRTG, debido a sus serios cuestionamientos y antecedentes:
• Investigación abierta por corrupción: CRTG tiene una investigación abierta en la Fiscalía por el caso ‘Los Niños’. Este caso forma parte de una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal y colusión, donde se ha señalado que congresistas habrían ofrecido a empresas chinas, incluida CRTG, influir en el Ministerio de Transportes para favorecerlas en contrataciones a cambio de beneficios económicos.
• Vínculo con el 'Club del Dragón': La compañía madre de CRTG, China Railway Group Limited, y CRTG misma, fueron mencionadas en una investigación del Congreso de la República conocida como el ‘Club del Dragón’. Este informe de 164 páginas detalla irregularidades en la obtención de licitaciones por parte de empresas chinas a lo largo de tres periodos presidenciales (Vizcarra, Sagasti, Castillo), donde funcionarios públicos habrían permitido que estas empresas firmen contratos millonarios a cambio de dinero ilícito.
• Sanción por documentación falsa (actualmente suspendida): El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) sancionó a CRTG con 36 meses de inhabilitación para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentación falsa y/o inexacta el 27 de abril de 2023. Aunque un juzgado civil de Abancay suspendió esta sanción y sus efectos mediante una medida cautelar el 30 de mayo de 2023, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) está evaluando acciones para defender la institución. Es fundamental que la Mancomunidad no minimice que esta empresa fue formalmente sancionada por una falta grave, más allá de la suspensión judicial de la medida.
• Incumplimiento de pagos a trabajadores y proveedores: Obreros en Huancavelica paralizaron una construcción el 4 de junio de 2025 debido al incumplimiento de pago de cuatro semanas de labores por parte de CRTG. Además, otra empresa china mencionada por Karelim López, "Railway Tunnel Group y Constructora" (probablemente CRTG), en alianza con otra firma, subcontrató servicios en Puno y dejó a varios empresarios locales sin pagar a sus proveedores.
• Abandono de obras en otras regiones: China Railway N°10 Engineering Group Co. Ltd Sucursal del Perú (parte de la misma compañía matriz China Railway Group Limited) también dejó a medias obras en Arequipa, llevando al gobierno regional a evaluar la resolución del contrato por incumplimiento.
Sumado a los antecedentes de la empresa, el historial de fracasos en este mismo corredor vial amplifica la necesidad de cautela:
• En 2021, Provías Nacional ya había adjudicado un contrato similar para esta vía a otra empresa china, la cual incumplió sus obligaciones contractuales, lo que resultó en la resolución del contrato y la paralización del proyecto.
• Desde 2005, ninguna carretera ni proceso de mantenimiento integral se ha culminado correctamente en este eje vial, contribuyendo a su deterioro y convirtiéndola en una de las vías más peligrosas y abandonadas de la región, a pesar de "muchos procesos de licitación caídos". La falta de continuidad y la debilidad en la fiscalización han sido factores clave en este historial.
La propia Mancomunidad, en su comunicado, afirma que "se mantendrá vigilante" y reconoce que la adjudicación ha sido "recibida con escepticismo por amplios sectores de la población y actores locales, debido a antecedentes preocupantes". Este escepticismo no debe ser ignorado; es una clara señal de que la Mancomunidad debe redoblar la supervisión y la transparencia.
Finalmente, es importante recordar que, si bien la adjudicación es para un servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio (un contrato a cinco años), este tipo de intervención ha sido calificada como insuficiente por varias autoridades locales, quienes insisten en la necesidad de una obra definitiva y asfaltada. Esa obra de asfaltado integral, que superaría los S/ 1500 millones, aún se encuentra en fase de estudio y dependerá de la voluntad política y técnica de las instituciones involucradas. Por lo tanto, esta adjudicación, aunque un paso administrativo, no es la solución final que los pueblos de Conchucos anhelan.
En resumen, la Mancomunidad debe alejarse del triunfalismo y, en su lugar, adoptar una postura de máxima exigencia y vigilancia. La "confianza se gana con resultados, no con promesas". Es esencial que se exija la inmediata suscripción del contrato e inicio de la obra antes de las lluvias, pero, sobre todo, que se establezca una "veeduría ciudadana y el seguimiento riguroso del cumplimiento contractual" para evitar que este proyecto vital termine, una vez más, en arbitraje o abandono.
Piensen en esta situación como un paciente que ha esperado años por una cirugía crucial y ha tenido varias citas fallidas con médicos que abandonaron el tratamiento. Ahora, se le anuncia que un nuevo equipo de cirujanos, con un historial de demandas por negligencia y facturas impagas, ha sido contratado para un procedimiento. Aunque es un avance el hecho de que haya una fecha programada, la familia del paciente no debería celebrar efusivamente, sino, por el contrario, investigar a fondo, exigir garantías por escrito y supervisar cada paso del proceso con lupa. La Mancomunidad, en lugar de festejar un éxito, debe convertirse en el más riguroso guardián y fiscalizador de cada etapa de este proyecto.
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