02/08/2025
Y deja sin efecto designaciones provisionales:
JNE restituye credencial de alcalde
a Ernesto Peña en Moyobamba
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió restablecer la credencial de alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba a favor de Ernesto Peña Roblaino, dejando sin efecto las credenciales otorgadas de manera provisional a otras autoridades.
Mediante la Resolución N.° 0286-2025-JNE, el máximo ente electoral dispuso el desarchivamiento del expediente y tomó una serie de medidas claves:
Se deja sin efecto la credencial otorgada a Ronald Gárate Chumbe, quien había asumido provisionalmente el cargo de alcalde, en aplicación de la Resolución N.° 0193-2023-JNE, del 6 de noviembre de 2023.
También se revoca la credencial de Joahana Angulo Moreto, quien se desempeñaba provisionalmente como regidora provincial.
Se restablece la vigencia de la credencial otorgada a Ernesto Peña Roblaino, devolviéndole oficialmente la condición de alcalde de Moyobamba, San Martín.
Asimismo, el JNE precisó que sus pronunciamientos deben ceñirse estrictamente a lo establecido en el Reglamento de procedimientos de restablecimiento de vigencia de credenciales. También recordó que toda la información relacionada con estos procesos está disponible en la Mesa de Partes Virtual a través del portal institucional.
Esta decisión reafirma la competencia del JNE en la resolución de conflictos de representación y su rol como garante de la legalidad en los cargos públicos de elección popular.
«Restituido legalmente: JNE habilita a Ernesto Peña Robalino como alcalde de Moyobamba y deja sin efecto credenciales de sus reemplazos»
Con la publicación de la Resolución N.º 286-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, se dispone el desarchivamiento del expediente que generó la suspensión del alcalde Ernesto Peña Robalino, lo que deja sin efecto la credencial otorgada al hasta hoy alcalde encargado, Ronald Gárate Chumbe, así como la credencial entregada a la regidora accesitaria, la señora Johana Angulo Moreto.
En consecuencia, se restablece la vigencia de la credencial otorgada al ingeniero Ernesto Peña Robalino como alcalde de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Desde el punto de vista legal, esta decisión habilita al señor Peña Robalino para reasumir inmediatamente el cargo de alcalde, conforme a la resolución mencionada. Con ello, se disipan las opiniones de ciertos operadores jurídicos que aseguraban que no podía volver a ocupar el cargo.
¿Legalmente, cuál es el siguiente paso?
Lo que corresponde ahora es un reordenamiento administrativo. Tengo entendido que la Gerencia Municipal será asumida por el señor Juan García, quien, en ejercicio de sus funciones, deberá designar a los demás gerentes y responsables de los órganos de línea para consolidar un trabajo articulado.
Mucho se habló de un posible corte institucional, pero no corresponde hablar de corte, ya que no se trata de una vacancia, sino de una suspensión. Así también lo ha señalado la Contraloría General de la República. Este asunto, ya dentro del terreno netamente administrativo, será definido por el gerente general de la municipalidad.
Desde el punto de vista legal, ¿los procesos que enfrenta el ingeniero Peña Robalino continuarán su curso en Moyobamba?
Sí, los procesos judiciales continúan de manera independiente. El ingeniero Peña Robalino tiene un proceso penal abierto que se encuentra en etapa intermedia. Próximamente se iniciará la fase estelar del proceso: el juicio oral, que estará a cargo de un juez unipersonal, aunque existe un debate sobre si correspondería más bien a un juez colegiado.
En San Martín hay un colegiado permanente y uno transitorio, pero ese tema aún está por definirse en cuanto a competencia. En cuanto al juicio oral, este se desarrollará en audiencias continuadas, aproximadamente cada ocho días, donde se analizarán la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, elementos clave para determinar si corresponde una sentencia condenatoria o absolutoria.
El expediente es de gran volumen, como ocurre comúnmente con casos provenientes de la Fiscalía Anticorrupción, donde se manejan entre ocho y diez tomos, que pueden sumar cinco mil o hasta diez mil folios, dependiendo de la magnitud del caso y del número de procesados.