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Yancunta, Toribio Acosta Pueblo Viejo, Trujillo (2026)

18/05/2026

Descarada Omisión de Funciones:
LA DEUDA DEL ALCALDE DE SANTA MARÍA CON PERALVILLO

En junio de 2023, el entonces flamante alcalde de Santa María, José Vásquez, llegó hasta el sector de Pueblo Viejo para recorrer las huacas Peralvillo I y Peralvillo II. La escena fue la clásica postal política: autoridades, vecinos explicando la importancia histórica del lugar y una promesa que sonó correcta, necesaria y hasta esperanzadora. Según la propia nota de prensa municipal del 13 de junio de 2023, el burgomaestre se comprometió a “gestionar acciones en conjunto para difundir la historia de nuestros antepasados a toda la población”. Dos años después, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué se hizo realmente con esa promesa?

El problema es que el tiempo no se detuvo tras aquella visita. Mientras las declaraciones quedaban archivadas en redes institucionales, la realidad avanzaba con menos entusiasmo. El sitio arqueológico Peralvillo I, II y III terminó cercado por la empresa Agroimper al encontrarse dentro de su propiedad, generando una situación que exigía liderazgo municipal inmediato. No bastaba con fotografías, recorridos ni discursos bien intencionados; se requerían acciones concretas, fiscalización, coordinación con el Ministerio de Cultura y una defensa activa del patrimonio.

Y aquí entra el detalle que vuelve incómoda la hemeroteca municipal. En 2025, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución Directoral 016-2025-DGPA-VMPCIC-MC, una advertencia clara que activaba responsabilidades específicas para la Municipalidad de Santa María. No era un saludo protocolar ni un documento decorativo: era una señal directa de que el patrimonio necesitaba protección urgente. En otras palabras, la promesa de 2023 dejaba de ser voluntaria y pasaba a convertirse en obligación.

El artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades es contundente: los municipios deben proteger, conservar y poner en valor el patrimonio cultural dentro de su jurisdicción. Eso implica fiscalizar, coordinar con el sector Cultura, ordenar el territorio y defender los bienes arqueológicos frente a amenazas públicas o privadas. No es una aspiración romántica ni un gesto simbólico; es un mandato legal. Sin embargo, la realidad muestra una peligrosa distancia entre lo que la ley exige y lo que la gestión municipal ha ejecutado.

El caso Peralvillo resulta especialmente alarmante porque la medida de protección es temporal y caduca en agosto de 2026. Es decir, Santa María recibió una ventana histórica para actuar y consolidar la protección definitiva del sitio. Una oportunidad institucional que no aparece todos los años y que, de desperdiciarse, quedará registrada como una de esas ocasiones en las que la burocracia dejó pasar el tren del patrimonio.

Más allá de la responsabilidad legal, el asunto revela un problema mayor: la falta de visión sobre el valor del patrimonio como motor de desarrollo. En muchas ciudades del país, los sitios arqueológicos se convierten en ejes de turismo, identidad y economía local. En Santa María, en cambio, las huacas siguen atrapadas entre cercos privados, expedientes administrativos y promesas que envejecen sin resultados visibles.

La promesa de junio de 2023 no fue una frase menor. Fue una declaración pública frente a vecinos y frente a la historia del distrito. Hoy, esa promesa se ha convertido en una deuda política que el tiempo no deja de recordar. Porque cuando una autoridad promete proteger el pasado y termina guardando silencio, lo que queda no es solo un sitio arqueológico en riesgo, sino la sensación de que la memoria colectiva vale menos que una publicación olvidada en redes sociales.

18/05/2026

Opacidad municipal:
60 DÍAS DE SILENCIO Y EXCUSAS EN SANTA MARÍA

La transparencia volvió a quedar en el discurso y no en los hechos. Han pasado más de 60 días desde que el regidor Frank Espinoza solicita información indispensable para cumplir su labor de fiscalización y, hasta hoy, los documentos siguen sin aparecer. En cualquier gestión seria, este retraso sería motivo de alarma inmediata; en Santa María, parece haberse convertido en rutina.

La respuesta del alcalde José Vásquez, lejos de tranquilizar, confirma el desgaste institucional. Declaró estar “cansado del tema” y pidió a su gerente municipal sancionar o despedir a los funcionarios que no entregan la información. El gerente, por su parte, también aseguró estar cansado de solicitar los documentos, justificando la demora en la supuesta carga procedimental de la municipalidad. Es decir, todos están cansados, menos la burocracia que sigue intacta.

El problema no es la fatiga de las autoridades, sino la ausencia de resultados. La ciudadanía ya ha escuchado antes advertencias del alcalde prometiendo que el funcionario que no trabaje “tiene que irse”. Sin embargo, la historia reciente demuestra que esas frases suelen quedarse en el aire, como tantas promesas que nunca se traducen en acciones concretas.

Basta recordar el caso de la compra sobrevalorada de plantas ornamentales. En su momento, el alcalde aseguró que no se efectuarían los pagos y que los responsables serían sancionados. El tiempo pasó y, como ocurre con demasiada frecuencia, no ocurrió absolutamente nada. Hoy ese antecedente pesa como una losa sobre cualquier nueva advertencia.

La pregunta inevitable surge sola: ¿qué contienen esos documentos que no se entregan? Cuando la información pública se retiene durante dos meses, la sospecha deja de ser especulación y empieza a convertirse en preocupación legítima. La transparencia no puede depender del humor o el cansancio de los funcionarios.

Ante este escenario, el regidor Frank Espinoza ha advertido que, de persistir la negativa, solicitará la suspensión del alcalde sobre la base del reglamento interno del concejo. La advertencia marca un punto de quiebre: o la información aparece, o la crisis política escalará inevitablemente.

Santa María no necesita más discursos de hartazgo ni amenazas sin ejecución. Necesita gestión, decisiones y, sobre todo, transparencia real. Porque cuando las promesas se repiten sin cumplirse, dejan de ser anuncios y se convierten en una burla pública.

18/05/2026

Negligencia municipal ante el patrimonio:
EL SILENCIO DEL ALCALDE DE SANTA MARÍA FRENTE A LA PROTECCIÓN DE PERALVILLO

🚨 Agroimper cerca el sitio arqueológico Peralvillo y peligra el pasado histórico de Huacho

La Resolución Directoral 016-2025-DGPA-VMPCIC-MC emitida por el Ministerio de Cultura no fue un documento decorativo ni una formalidad burocrática más. Fue una advertencia clara y directa que activaba responsabilidades concretas para la Municipalidad Distrital de Santa María, especialmente bajo el marco del artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, a meses de que la medida de protección temporal caduque en agosto de 2026, la gestión del alcalde José Vásquez parece haber optado por la peligrosa estrategia del inmovilismo.

El artículo 82 de la LOM no deja espacio para interpretaciones cómodas: las municipalidades deben proteger, conservar y poner en valor el patrimonio cultural dentro de su jurisdicción. Esto implica acciones concretas como fiscalización, coordinación con Cultura, ordenamiento territorial y defensa del patrimonio frente a amenazas privadas o públicas. No es una sugerencia ni una aspiración; es una obligación legal. Y cuando la ley es ignorada, la negligencia deja de ser percepción para convertirse en evidencia.

El caso del Sitio arqueológico Peralvillo I, II y III es particularmente escandaloso. Las huacas han sido cercadas por la empresa Agroimper al encontrarse dentro de su propiedad, generando una situación que exigía liderazgo municipal inmediato: diálogo institucional, fiscalización, señalización, planes de protección y defensa del patrimonio. Nada de eso ha ocurrido con la contundencia que exige la ley. El tiempo pasó, el cerco quedó y el municipio guardó silencio.

La gravedad del asunto aumenta al recordar que la resolución es temporal. Si en agosto de 2026 no existe una acción municipal firme que consolide la protección, el distrito habrá desperdiciado una ventana histórica para asegurar la preservación definitiva del sitio. En términos simples: Santa María recibió una oportunidad institucional para actuar y la está dejando vencer por desidia administrativa.

Pero este no es un problema menor ni localista. El complejo Peralvillo forma parte del paisaje histórico que explica el origen y evolución de Huacho y del valle de Huaura. Estas huacas no son montículos de tierra incómodos para el crecimiento agrícola; son evidencia material de sociedades prehispánicas que ocuparon y organizaron el territorio mucho antes de la ciudad moderna. Son memoria, identidad y potencial turístico. Son, en términos económicos y culturales, una oportunidad que otras ciudades cuidarían con celo.

La inacción municipal revela algo más profundo que un simple retraso administrativo: expone una preocupante falta de visión sobre el valor del patrimonio como motor de desarrollo. Mientras ciudades peruanas luchan por poner en valor sus sitios arqueológicos para atraer turismo, inversión cultural y orgullo ciudadano, Santa María parece resignada a que su historia quede encerrada tras un cerco privado y el polvo de los expedientes.

Si la ley obligaba a actuar y la resolución advertía la urgencia, ¿qué explica la pasividad? La respuesta apunta inevitablemente a la gestión municipal y a sus funcionarios. La negligencia frente a Peralvillo no es solo un error técnico; es una señal de ineptitud administrativa que podría dejar a Santa María como el distrito que dejó caducar la protección de su propio pasado y del pasado de Huacho. Y cuando una ciudad abandona su historia, también compromete su futuro.

18/05/2026

Osinergmin de adorno:
EL LIBRE MERCADO QUE SOLO FUNCIONA PARA LOS GRIFOS

En el Perú, llenar el tanque se ha convertido en una ruleta que nadie regula de verdad. Mientras transportistas y ciudadanos reclaman por diferencias escandalosas en los precios del combustible, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería observa desde la tribuna con informes técnicos en mano y una explicación repetida hasta el cansancio: “el mercado fija los precios”. Una frase legalmente correcta, pero socialmente insostenible.

El problema no es solo que el precio sea alto; es que la brecha entre distritos, ciudades e incluso grifos de la misma provincia puede superar los dos soles por galón sin que exista una reacción visible del Estado. Bajo la lógica de la libre competencia, se supone que el mercado corrige abusos. Sin embargo, cuando la competencia es débil o inexistente, el consumidor queda atrapado pagando lo que le cobren.

La comparación internacional deja al Perú en una posición incómoda. En Brasil, el mercado es libre, pero el Estado vigila márgenes y abre investigaciones cuando detecta distorsiones. En Colombia existe una banda de precios que amortigua subidas bruscas. En Chile opera un sistema de estabilización que evita golpes repentinos al bolsillo del ciudadano. Es decir, libertad sí, pero con red de protección.

Estados Unidos, el país que inspiró el modelo peruano, tampoco fija precios; pero allí la fiscalización económica es feroz. Las autoridades investigan posibles colusiones, convocan audiencias públicas y aplican sanciones millonarias cuando sospechan manipulación del mercado. El mensaje es claro: el precio es libre, pero el abuso no lo es.

En el Perú, en cambio, la percepción ciudadana es otra. El regulador supervisa calidad, seguridad y transparencia, pero la discusión sobre márgenes, competencia real o posibles abusos parece quedar fuera del radar público. El resultado es una sensación creciente de desprotección: el mercado es libre, pero el consumidor está solo.

La pregunta que flota en las calles y en los paraderos es inevitable: si el combustible puede venderse mucho más barato en ciertos puntos del país y seguir siendo rentable, ¿por qué en otros lugares se mantiene caro sin explicación convincente? ¿Estamos ante competencia real o ante un sistema que dejó de mirar el bolsillo del ciudadano?

Urge que un nuevo gobierno abra el debate y revise la legislación para impedir la especulación, sancionar abusos y equilibrar la balanza entre empresas y usuarios. Porque cuando el regulador parece de adorno, la libertad de mercado deja de ser una virtud y empieza a parecer una excusa.

18/05/2026

RENATO CASANA ANUNCIA SU CANDIDATURA Y BUSCA LLEVAR LA VOZ DE LOS VECINOS AL CONCEJO DE VÉGUETA

El vecino de Végueta, Renato Casana Collantes, anunció oficialmente su participación en las próximas elecciones municipales como candidato a regidor distrital, con un mensaje centrado en la participación ciudadana, el deporte y la cercanía con la población.

Durante su presentación, Casana destacó su condición de padre de familia y residente del distrito, subrayando que su decisión de postular nace de la experiencia cotidiana de vivir los problemas locales. Señaló que Végueta cuenta con talento, esfuerzo y potencial, pero que existe un creciente cansancio ciudadano ante promesas incumplidas y proyectos que no logran concretarse.

El candidato enfatizó que su propuesta se basa en tres pilares principales: gestión, transparencia y cercanía con los vecinos. Según indicó, su objetivo es que más ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones municipales y que el concejo distrital refleje las necesidades reales de la población.

Uno de los ejes centrales de su planteamiento es el impulso al deporte y la juventud. Casana afirmó que promover espacios deportivos es una herramienta clave para prevenir la violencia y brindar oportunidades a los jóvenes, resaltando el trabajo previo realizado a través de su iniciativa “Apoyando al Deporte”.

Asimismo, el aspirante a regidor aseguró que su campaña priorizará el contacto directo con los vecinos mediante visitas puerta a puerta y diálogo permanente, evitando promesas irreales y enfocándose en propuestas de trabajo sostenido.

Con este anuncio, Renato Casana se suma oficialmente al escenario electoral distrital, planteando una candidatura que busca representar a los vecinos desde la experiencia cotidiana y la participación activa en la gestión municipal.

18/05/2026

Uniformes no es seguridad:
EL SHOW MUNICIPAL QUE CONFUNDE OBLIGACIONES CON LOGROS

🚨 El show de Ángel Rodríguez, alcalde de Végueta.

La Municipalidad Distrital de Végueta ha decidido presentar como “fortalecimiento de la seguridad ciudadana” la entrega de uniformes al Serenazgo, como si cumplir una obligación administrativa básica fuese una política pública de alto impacto. El problema no es la entrega en sí —que corresponde y es necesaria— sino el intento de venderla como una gran estrategia frente a la delincuencia, cuando la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deja claro que la seguridad va mucho más allá de casacas, gorras y borceguíes.

La normativa peruana es contundente: la seguridad ciudadana se sustenta en planificación, articulación interinstitucional, diagnóstico del delito y ejecución de planes integrales. En ese marco, el rol del secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana no es decorativo ni protocolar; es el eje técnico encargado de elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana que debe guiar el trabajo de la Policía Nacional, municipalidad y juntas vecinales. Sin un plan serio, medible y basado en evidencia, los uniformes son apenas tela nueva cubriendo viejos problemas.

Resulta preocupante que se sobredimensione la entrega de indumentaria como si fuera una política estratégica, cuando equipar al Serenazgo es una obligación mínima del municipio hacia sus trabajadores. No es un logro extraordinario: es el punto de partida. Convertirlo en titular institucional revela una peligrosa confusión entre gestión pública y propaganda.

Más aún, la seguridad ciudadana no es sinónimo de Serenazgo. La ley establece que el Serenazgo cumple funciones de apoyo preventivo y coordinación, mientras que la lucha directa contra el delito corresponde a la Policía Nacional. Pretender que la seguridad del distrito mejora por cambiar uniformes es reducir un problema estructural a una foto protocolar.

La ciudadanía no necesita ceremonias, necesita resultados: patrullaje integrado real, mapas del delito actualizados, prevención focalizada y liderazgo técnico competente. Sin eso, la inseguridad seguirá avanzando con la misma rapidez con la que se desgastan los nuevos uniformes.

Si la gestión municipal quiere hablar de seguridad ciudadana, el debate debe empezar por la idoneidad técnica, la planificación estratégica y la articulación efectiva con la PNP. Todo lo demás es marketing institucional disfrazado de gestión pública.

18/05/2026

Alcaldesa que no sabía:
EL CENTRO CÍVICO MILLONARIO QUE SE CONSTRUYÓ SIN QUE SU TITULAR SUPIERA CUÁNTO COSTABA

La escena judicial dejó una imagen difícil de olvidar: la exalcaldesa de Huarochirí por tres periodos, Rosa Vásquez Cuadrado, defendiendo que sí era la máxima autoridad municipal, pero que no sabía casi nada sobre la millonaria obra del Centro Cívico de Matucana. La estrategia de desmarque terminó convirtiéndose en una confesión incómoda: gobernar sin saber.

Durante el interrogatorio del procurador anticorrupción, la exautoridad intentó convencer al tribunal de que los reportes de ejecución presupuestal “los ven las áreas” y no el despacho del alcalde. En otras palabras, el despacho principal del municipio habría funcionado como una oficina de escucha social, pero no de control del dinero público. Un argumento que, lejos de disipar dudas, abrió nuevas interrogantes sobre la gestión del erario.

La confusión se volvió evidente cuando se abordó el presupuesto de la obra. Primero, la exalcaldesa no pudo precisar el monto inicial; luego habló de aproximadamente 2 millones 200 mil soles; después recordó que su gestión había desembolsado 1 millón 600 mil soles. La aritmética política parecía moverse con la memoria. Y cuando el procurador le preguntó por la diferencia, la respuesta fue una mezcla de cifras, porcentajes y “de repente no me he dejado entender”.

La contradicción alcanzó su punto crítico cuando admitió que conoció el monto desembolsado recién a partir de la investigación penal y no durante su gestión. Es decir, la titular del pliego presupuestal supo cuánto se pagó cuando el caso ya estaba bajo la lupa de la justicia. Una revelación que resume el problema: la información llegó después del poder.

Tampoco hubo claridad sobre los plazos de ejecución. La obra, que debía culminar en 300 días, seguía al 80 % en abril de 2014. La explicación giró en torno a lluvias andinas y transferencias progresivas del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el procurador subrayó la contradicción central: si nadie le informaba del avance físico ni financiero, ¿cómo podía asegurar que esas eran las causas del retraso?

El interrogatorio cerró con una frase que resume el tono de la audiencia. La exalcaldesa admitió que delegaba la supervisión porque “así es el trabajo”. Una declaración que deja flotando la pregunta clave: si la máxima autoridad no supervisaba, no sabía los montos y no recibía reportes, ¿quién gobernaba realmente la obra millonaria del Centro Cívico? La respuesta, por ahora, sigue sin aparecer en el expediente.

18/05/2026

Escándalo sanitario:
TRASLADAN ECÓGRAFO DE VÉGUETA MIENTRAS SUS GESTANTES SIGUEN SIN ATENCIÓN

La indignación crece tras las declaraciones del director del Hospital Regional de Huacho, Santiago Ruíz, quien confirmó que el equipo de ecografía del Centro de Salud de Végueta fue trasladado para una campaña destinada a reducir la demanda acumulada de más de 1 400 pacientes en lista de espera. La revelación ha causado sorpresa porque la población de Végueta asegura que jamás supo que dicho equipo existía en su propio establecimiento de salud.

Según el propio director, la campaña utiliza equipos prestados de diversas instituciones: el ecógrafo de Manzanares, el del Hospital de Barranca, incluso uno de EsSalud, pese a que estos centros también enfrentan déficit de atenciones. A esta lista se sumó el equipo de Végueta, que ahora aparece como “refuerzo” para la campaña, mientras en su lugar de origen la atención nunca se brindó.

La reacción de las madres veguetanas no se hizo esperar. La pregunta fue directa y contundente: “¿Végueta tenía ecógrafo?”. Muchas gestantes aseguran verse obligadas a acudir a clínicas privadas para realizarse ecografías, pagando entre 100 y 350 soles por examen, un gasto que golpea duramente a familias que deberían recibir este servicio de forma gratuita en su propio centro de salud.

Este episodio expone una grave falta de gestión: durante la administración de Santiago Ruíz no se habría contratado un ecografista que permita operar el equipo en Végueta. El resultado es un servicio inexistente para la población local, mientras el equipo termina siendo utilizado para cubrir emergencias en otros lugares.

La indignación también alcanza al silencio de las autoridades distritales. El alcalde de Végueta, Ángel Rodríguez, quien además preside la comisión de salud del distrito, aún no se pronuncia ni exige la contratación urgente de un especialista que garantice la atención en su propia jurisdicción.

Hoy la población reclama respuestas claras: ¿por qué un equipo que debía salvar vidas en Végueta terminó fuera del distrito mientras sus gestantes siguen pagando por atención privada? La controversia apenas empieza y la presión ciudadana crece.

Fuente: Stereo 92

18/05/2026

Candidatos como cancha:
LA ALIANZA APP–LA CHOLITA INUNDA HUAROCHIRÍ CON LISTAS Y POCAS RESPUESTAS

La carrera electoral en Huarochirí arranca con una avalancha de postulantes que parece apostar más por la cantidad que por la calidad. La alianza APP–La Cholita, vinculada políticamente a Rosa Vásquez, ha decidido jugar a la saturación del tablero: 31 listas de candidatos entre alcaldías y regidurías repartidas en casi todos los distritos de la provincia. Solo Carampoma quedó fuera de esta lluvia de postulaciones que hoy despierta más preguntas que certezas.

Según los datos de la ONPE en la fase de elecciones primarias de las EMR 2026, la presencia de esta alianza es abrumadora. La estrategia es clara: copar el mapa distrital y asegurar visibilidad total. Pero detrás de este despliegue masivo surge una interrogante inevitable: ¿se trata de fortaleza política o de una desesperada necesidad de ocupar cada espacio disponible sin importar la consistencia de las candidaturas?

El fenómeno no ocurre en solitario. Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú también muestran presencia significativa en la provincia. Sin embargo, la ofensiva de APP–La Cholita destaca por su volumen casi industrial de listas. El mensaje implícito parece ser que, si hay suficientes nombres en la boleta, alguno terminará ganando. Una lógica que reduce la política a una apuesta estadística.

La figura de Rosa Vásquez aparece inevitablemente en el centro de esta maquinaria electoral. La expansión territorial de candidaturas se presenta como músculo político, pero también expone la fragilidad del proyecto: cuando hay postulantes “como cancha”, la coherencia programática suele diluirse. La pregunta incómoda es si todos estos aspirantes comparten una visión real de desarrollo o si solo responden a una estrategia de supervivencia electoral.

En la práctica, inundar distritos con listas no garantiza alcaldías ni liderazgo provincial. El votante huarochirano no necesariamente premia la sobreoferta; más bien exige propuestas concretas para problemas que llevan años esperando solución. La saturación de candidatos podría terminar generando el efecto contrario: confusión, desgaste y desconfianza.

Mientras los partidos celebran su despliegue numérico, la ciudadanía observa con escepticismo. Porque en Huarochirí no faltan candidatos; lo que escasea son respuestas. Y en ese vacío, la alianza APP–La Cholita tendrá que demostrar que su estrategia es algo más que una apuesta por llenar casillas en la papeleta.

18/05/2026

¡El ecógrafo no se toca!
POBLACIÓN EXPULSA A PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL Y DESTAPA EL ABANDONO DEL MATERNO INFANTIL

La paciencia se agotó. La indignación vecinal estalló y terminó con una escena que desnuda el caos administrativo y la desconexión con la realidad sanitaria: pobladores se autoconvocaron para impedir que se lleven el ecógrafo del Centro de Salud Materno Infantil de Manzanares, obligando a retirarse al personal del Hospital Regional de Huacho que, aparentemente, llegó para retirar el equipo.

La reacción no fue improvisada. Fue el resultado de semanas de espera, promesas incumplidas y decisiones que la población percibe como arbitrarias y provocadoras.

UN “PRÉSTAMO” QUE AMENAZA CON DEJAR SIN ATENCIÓN A LOS PACIENTES
El jefe del establecimiento confirmó que la orden partió desde la dirección del hospital regional: el ecógrafo debía ser entregado en calidad de préstamo los días 13, 14 y 15 de abril para cubrir una brecha de 1400 ecografías pendientes en el hospital.

El problema es evidente: esas mismas fechas ya estaban programadas para atender a pacientes que llevan entre dos y tres semanas esperando, provenientes de Huacho, Huaura, Hualmay y Carquín. Si el equipo se retiraba, el centro de salud tendría que reducir a la mitad su capacidad de atención, golpeando directamente a gestantes y pacientes vulnerables. En otras palabras: se pretendía tapar un hueco abriendo otro.

EL FANTASMA DEL EQUIPO QUE NUNCA VOLVIÓ
El temor de la población no es paranoia: es memoria. El jefe del establecimiento recordó que anteriormente el hospital regional retiró el equipo de anestesiología… y jamás lo devolvió.
La explicación oficial resulta tan alarmante como absurda: no se utiliza porque falta personal, y la contratación de un cirujano es responsabilidad del hospital regional. Es decir, se llevan equipos porque no hay presupuesto para contratar profesionales, pero tampoco hay presupuesto para devolverlos ni para resolver el problema de fondo.

La cadena de decisiones es clara: el hospital decide; los centros de salud solo obedecen.

PIQUETES, CAMIONETA Y RETIRADA
Mientras se realizaba la entrevista, una camioneta del hospital regional apareció por la puerta posterior del establecimiento. La maniobra cambió rápidamente hacia la puerta principal, pero el rechazo vecinal fue inmediato y contundente. La presión ciudadana fue tal que el personal optó por retirarse.
La población anunció piquetes de vigilancia para evitar cualquier intento futuro de retirar el equipo.

PROMESAS VS REALIDAD: BAÑOS SIN AGUA Y EDIFICIO EN DETERIORO
La indignación crece porque las declaraciones oficiales chocan con la realidad. El director del hospital regional había asegurado que los problemas del centro de salud estaban resueltos. Sin embargo, los vecinos denuncian que:
Los servicios higiénicos no tienen agua y están inoperativos.
La infraestructura se deteriora por falta de mantenimiento.

La brecha entre el discurso y los hechos es tan grande como la fila de pacientes esperando atención.

UNA BOMBA SOCIAL ENCENDIDA
Vecinos aseguran que no permitirán que el ecógrafo salga del establecimiento y advierten que las decisiones del director, Santiago Ruíz, están generando una tensión innecesaria que podría escalar con consecuencias imprevisibles.
La escena de una camioneta retrocediendo ante la presión ciudadana no es un hecho aislado: es la señal de una crisis de confianza que crece.

¿Quién está defendiendo realmente el derecho a la salud? ¿El director del Hospital Regional de Huacho o la población del CONO SUR?

Fuente: Renato V.

Yancunta

18/05/2026

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