10/09/2025
SENTENCIAN A ALCALDE Y TENIENTE ALCALDE DE SANTIAGO DE CHUCO A ESPERA QUE LOS SEPAREN DEL CARGO A AMBOS
La provincia de Santiago de Chuco atraviesa un momento de profunda crisis institucional. En menos de un año, tanto el alcalde provincial, Víctor Luján Chero, como el teniente alcalde, Santos Álvaro Horna Pereda, han sido sentenciados por la justicia peruana por delitos que comprometen directamente la confianza ciudadana y la legalidad en la gestión pública.
Por un lado, la Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque confirmó la condena contra el alcalde Víctor Luján Chero por el delito de contaminación ambiental, imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución durante tres años, con reglas de conducta estrictas. Este fallo abre la puerta a un proceso de vacancia, conforme al artículo 22 inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972), que dispone la vacancia del cargo cuando exista condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad.
De manera paralela, el Octavo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción sentenció al teniente alcalde Santos Álvaro Horna Pereda por peculado de uso en grado de tentativa (expediente N.° 02487-2020-21-1601-JR-PE-21). El funcionario fue hallado responsable de emplear un volquete municipal para beneficio personal, imponiéndosele un año y seis meses de pena privativa de libertad suspendida, reglas de conducta, reparación civil y, sobre todo, la pena de inhabilitación para el ejercicio de función pública durante el mismo periodo, en aplicación del artículo 36 inciso 2 del Código Penal.
El cuadro es grave: mientras el alcalde afronta una condena por atentar contra el medio ambiente en una tierra simbólica, donde la memoria de César Vallejo nos interpela a cuidar lo común, el teniente alcalde, su inmediato reemplazo, queda inhabilitado por corrupción. Esta situación genera un vacío de representatividad y cuestiona la capacidad ética de las autoridades elegidas.
Más allá de lo jurídico, el problema es político y moral. El artículo 39 de la Constitución establece que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, no de intereses personales o partidarios. Sin embargo, lo ocurrido en Santiago de Chuco refleja un patrón recurrente en varios gobiernos locales: la captura de los cargos por actores que priorizan sus beneficios individuales sobre el bien común.
El Jurado Nacional de Elecciones deberá pronunciarse sobre la vacancia y sucesión de cargos, pero la ciudadanía no puede quedar como espectadora pasiva. Urge repensar los mecanismos de control y vigilancia ciudadana sobre sus autoridades. Mientras no se fortalezcan los sistemas de rendición de cuentas, fiscalización social y formación ética de candidatos, seguiremos repitiendo una historia donde el voto popular se convierte en un cheque en blanco para la corrupción y el abuso de poder.
Santiago de Chuco, cuna de poetas y símbolo cultural de La Libertad, no merece cargar con autoridades que deshonran la confianza ciudadana y desnaturalizan el mandato de servicio público. La justicia ya se ha pronunciado; ahora corresponde que el sistema político y la sociedad civil exijan la renovación de liderazgos que coloquen al ciudadano y al desarrollo sostenible en el centro de la gestión.
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El Poder de la prensa
Trujillo - La Libertad
Perú
