29/05/2026
🚨 PRESUNTAS CONTRATACIONES IRREGULARES ALCANZAN A ENTORNO FAMILIAR DEL PODER REGIONAL EN TUMBES 🚨
Tribunal detectó vacío documental y Contraloría ya había puesto la lupa sobre órdenes de servicio cuestionadas
. Un nuevo caso pone bajo cuestionamiento la transparencia de las contrataciones públicas en el Gobierno Regional de Tumbes. Documentación oficial revela que órganos de control y el Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE evaluaron órdenes de servicio emitidas a favor de una proveedora del Estado que mantendría un vínculo de afinidad directa con la actual autoridad regional.
En el centro de la controversia aparece Rosa Karime de Lama Hirsh, vinculada a la Dirección Regional de Salud de Tumbes, quien figura como proveedora en contrataciones públicas realizadas mientras la actual gobernadora regional ejercía primero como vicegobernadora y luego asumía el despacho regional.
⚠️ POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES
Según el análisis jurídico del caso, la contratación de una persona con vínculo familiar con una autoridad en funciones podría configurar un supuesto de impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, norma que busca proteger los principios de:
* transparencia,
* imparcialidad,
* libre competencia,
* y uso correcto de recursos públicos.
La sospecha es clara: si existía una relación de afinidad con una autoridad regional, correspondía una revisión estricta para evitar cualquier posible favorecimiento indebido.
📄 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL Y VACÍO PROBATORIO
La Resolución N.° 3472-2026-TCP-S4 del Tribunal de Contrataciones Públicas da cuenta del inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la presunta infracción de “contratar con el Estado estando legalmente impedido”.
Sin embargo, el punto más grave del caso no fue solo la contratación observada, sino la falta de documentación esencial por parte de las entidades públicas involucradas.
Según la resolución, no se remitieron de manera completa documentos clave como:
* órdenes de servicio con constancia de recepción,
* comprobantes de pago,
* informes de conformidad,
* notificaciones,
* y pruebas de la efectiva prestación del servicio.
Pese a reiterados requerimientos, la información fue enviada de manera incompleta o simplemente no fue entregada.
🏛️ NO HUBO SANCIÓN, PERO TAMPOCO ABSOLUCIÓN POLÍTICA
Debido a esa insuficiencia probatoria, el Tribunal resolvió declarar “No ha lugar” a la imposición de sanción administrativa, al no contar con elementos suficientes para acreditar plenamente la infracción imputada.
Pero la decisión no limpia el caso ni disipa las dudas. Por el contrario, el propio Tribunal dispuso remitir los actuados a los Órganos de Control Institucional, a fin de que se evalúen posibles responsabilidades administrativas por:
* la falta de colaboración,
* la ausencia de custodia documental,
* y las deficiencias en el manejo del expediente.
🔎 MÁS DUDAS QUE RESPUESTAS
El caso deja abiertas preguntas delicadas:
* ¿Quién autorizó las órdenes de servicio?
* ¿Quién validó los pagos?
* ¿Por qué no aparecen documentos fundamentales?
* ¿Hubo negligencia administrativa o algo más grave?
* ¿Existió influencia política en decisiones que debieron ser técnicas?
En el debate público, la falta de pruebas completas no ha sido interpretada como señal de inocencia administrativa, sino como un síntoma preocupante de desorden, opacidad y posible encubrimiento institucional.
📢 CASO SIGUE ABIERTO EN EL TERRENO DEL CONTROL
Aunque el Tribunal no sancionó por falta de sustento probatorio suficiente, el caso no está cerrado. Ahora corresponde a las instancias de control interno determinar si hubo:
* responsabilidad administrativa,
* responsabilidad civil,
* o incluso responsabilidad penal.
La controversia golpea directamente la imagen del poder regional, porque las contrataciones cuestionadas habrían ocurrido en un periodo donde la actual autoridad ya formaba parte del círculo de decisión del Gobierno Regional.
En Tumbes, la pregunta ya no es solo si hubo contratación irregular.
La pregunta es: ¿quién permitió que un caso tan delicado termine sin documentos, sin claridad y con más sospechas que certezas?
