06/03/2026
Millones para el ACR Imiría que nadie ve: denuncian gasto de más de 6 millones sin obras y alertan presencia de narcotráfico en la zona
Por: Redacción
Un presunto manejo irregular de millonarios recursos públicos, la falta de rendición de cuentas y la posible presencia de actividades de narcotráfico dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Imiría han generado una grave denuncia de comunidades indígenas y pobladores de caseríos de la zona, quienes exigen una investigación profunda sobre el destino del dinero destinado a proyectos de desarrollo de acuerdo con información oficial proporcionada por funcionarios del propio Estado, hasta diciembre de 2024 se habrían ejecutado 6’257,425.15 soles en proyectos destinados a comunidades dentro del ACR Imiría. Sin embargo, dirigentes indígenas cuestionan que muchas de las supuestas obras o intervenciones no existen en la realidad. La interrogante que plantean es directa:
¿Dónde está el dinero proyecto por proyecto?
¿Dónde están las obras que justifican esos millones?
¿Dónde está la rendición de cuentas ante las comunidades?
Presupuesto millonario sin explicación
Según la información revisada por los denunciantes, el programa de proyectos dentro del ACR habría considerado 110 beneficiarios entre comunidades y caseríos, mientras que aún quedaban 11’990,567.85 soles del presupuesto asignado, sin considerar los gastos que se habrían realizado durante el año 2025.
Esto significa que más de 18 millones de soles habrían estado comprometidos en proyectos vinculados al ACR, una cifra que hoy genera serias dudas entre los pobladores.
Dirigentes comunales sostienen que, pese a las cifras reportadas en documentos administrativos, no existen obras visibles, infraestructura ni proyectos productivos que respalden el gasto reportado en muchas localidades.
“En los papeles los proyectos aparecen ejecutados, pero en las comunidades no hay nada. Nadie ha venido a rendir cuentas ni a explicar en qué se gastó el dinero”, denuncian.
Denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
Ante estas irregularidades, los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, según los denunciantes, el avance de las investigaciones ha sido limitado.Hasta el momento, las diligencias se habrían centrado en recoger declaraciones de funcionarios públicos y ordenar una pericia contable, sin que se realicen inspecciones exhaustivas en las comunidades para verificar la existencia real de los proyectos reportados.
La pregunta que plantean los denunciantes es contundente:
¿Se investigó en el territorio o solo en los documentos?
Para los dirigentes indígenas, una investigación seria debería incluir verificaciones directas en los caseríos y comunidades supuestamente beneficiadas, algo que hasta ahora según afirman no se ha realizado.
Silencio de la Contraloría
Las críticas también alcanzan a la Contraloría General de la República – sede Ucayali, institución que fue alertada sobre las presuntas irregularidades.
Según los denunciantes, se solicitó su intervención para fiscalizar la Dirección de Gestión Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) y otras áreas involucradas en la ejecución de los proyectos.
Sin embargo, aseguran que no se realizaron acciones concretas de control ni verificaciones en el campo.
“Ni la Contraloría ni otras autoridades han ido a ver si los proyectos existen realmente. Las comunidades siguen esperando respuestas”, señalan.
Narcotráfico dentro del área protegida
El caso adquiere una dimensión aún más grave con otro elemento revelado en documentos fiscales: la presencia de actividades vinculadas al narcotráfico dentro del ACR Imiría.
Diversas intervenciones de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DINANDRO) han permitido detectar pozas de maceración y sembríos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida, según consta en investigaciones fiscales.
Entre los documentos revisados figuran actuaciones relacionadas con:
Carpeta Fiscal N.° 61-2025
Carpeta Fiscal N.° 55-2025, en la Segunda Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Dr**as de Pucallpa
En estas investigaciones se habrían documentado operativos donde se encontraron pozas de maceración utilizadas para la producción de pasta básica de co***na, lo que evidencia la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico dentro del territorio del ACR.
¿Quién controla lo que ocurre en el ACR?
Las comunidades cuestionan que, pese a la gravedad de estos hechos, no se hayan tomado medidas firmes para investigar responsabilidades dentro de la administración del área de conservación.
Dirigentes indígenas sostienen que las autoridades regionales tenían conocimiento de la presencia de actividades ilícitas en la zona, pero no habrían actuado con la diligencia necesaria para denunciarlas o combatirlas.
Por ello, exigen que se investigue la posible responsabilidad de funcionarios públicos por omisión de denuncia o encubrimiento de delitos, incluyendo a autoridades del Gobierno Regional de Ucayali y responsables de la administración del ACR.
Comunidades con miedo
Otro aspecto que preocupa es el temor de los comuneros a denunciar públicamente lo que ocurre en el territorio.
Las comunidades se encuentran alejadas de los centros urbanos, con limitada presencia del Estado, lo que —según los dirigentes— genera un clima de vulnerabilidad frente a posibles represalias.
“Muchos comuneros saben lo que ocurre, pero tienen miedo de hablar porque están solos y nadie los protege”, señalan.
Exigen investigación nacional
Frente a este escenario, organizaciones indígenas y dirigentes locales exigen:
Una auditoría completa del presupuesto destinado al ACR Imiría
Verificación en campo de todos los proyectos ejecutados
Investigación penal a los funcionarios responsables del manejo del presupuesto
Acciones firmes contra el narcotráfico dentro del área protegida
Para las comunidades, lo que ocurre en el ACR Imiría refleja un problema estructural en la Amazonía:
millones destinados al desarrollo de los pueblos indígenas que muchas veces nunca llegan a las comunidades.
“Los pueblos amazónicos no pueden seguir siendo usados en informes y presupuestos que nunca se traducen en obras reales”, concluyen los dirigentes.
