27/03/2025
DISCRIMINACIÓN ORGANIZADA: Comerciantes de Ponce se confabulan en reunión secreta para obstruir derechos de personas con discapacidad
Ponce, Puerto Rico - Una coalición de comerciantes demandados por violaciones a la Ley ADA ha organizado una reunión secreta para coordinar estrategias legales destinadas a evadir su responsabilidad de garantizar la accesibilidad universal, vulnerando así los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Esta conspiración es aparentemente liderada por un conocido restaurante de alta gama, establecimiento que según fuentes cercanas al caso, habría llegado al extremo de sugerir "no dejar entrar" a personas con discapacidades, una actitud que refleja la discriminación sistemática que enfrentan miles de puertorriqueños diariamente.
La reunión, celebrada el 24 de marzo, revela la resistencia persistente de estos negocios a cumplir con leyes federales que llevan más de tres décadas vigentes. En vez de implementar las modificaciones necesarias para garantizar entornos accesibles, estos comerciantes prefieren unirse para obstaculizar el acceso a la justicia y perpetuar barreras discriminatorias.
Comunidad se moviliza por la justicia
Lo que comenzó como una demanda legal se ha transformado en un movimiento comunitario por los derechos civiles. Decenas de residentes de Ponce se han comunicado para ofrecer su testimonio sobre las barreras de accesibilidad que han enfrentado, mientras que otros exploran formas de unirse a esta lucha contra la discriminación sistemática.
"La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora", comentó una fuente cercana al caso. "Personas con y sin discapacidades están dispuestas a testificar sobre las humillaciones y dificultades que han experimentado simplemente intentando acceder a estos comercios o en las aceras del Municipio. Ya no es solo una demanda legal—es un llamado a la acción colectiva".
A pesar del creciente apoyo comunitario y la posibilidad de ampliar la demanda con más testimonios, los representantes legales mantienen su estrategia enfocada en una "victoria rápida y contundente" que establezca un precedente claro para el resto de establecimientos.
"Lo que estamos presenciando no es solo una estrategia legal, sino un acto coordinado de discriminación contra una comunidad ya marginalizada", señaló un activista por los derechos de personas con discapacidad. "Estas tácticas dilatorias tienen un impacto real y devastador en la vida cotidiana de quienes simplemente buscan el derecho básico de moverse libremente por su ciudad".
Obstrucción sistemática a los derechos civiles
Nuestras fuentes revelan que los participantes de esta reunión no solo discutieron tácticas para retrasar procesos judiciales ("ganar tiempo"), sino también estrategias para orquestar una campaña de desprestigio contra quienes exigen simplemente que se cumplan las leyes federales.
"La negativa a cumplir con las normas de accesibilidad no es un asunto de recursos económicos, sino de voluntad política y respeto a la dignidad humana", explicó un experto en derechos civiles. "Estas barreras arquitectónicas son también barreras a la participación ciudadana plena, al trabajo, a la educación y a la vida independiente".
Una oportunidad para hacer lo correcto
En un gesto que demuestra compromiso con el cambio más que con la confrontación, los representantes legales de Velez Law Group han extendido una propuesta histórica: el primer comerciante que decida separarse de esta coalición obstructiva y comprometerse genuinamente con la accesibilidad universal será liberado completamente de la demanda.
La oferta incluye:
* Retiro inmediato como parte demandada
* Un acuerdo de cumplimiento voluntario con plazos razonables
* Reconocimiento público como líder en inclusión y accesibilidad en Ponce
* Apoyo técnico para implementar las modificaciones necesarias
Condición única: Para calificar para esta oferta excepcional, el comerciante deberá divulgar voluntariamente y con total transparencia todo lo discutido en dicha reunión secreta, incluyendo estrategias, participantes y acuerdos alcanzados.
"Esta propuesta refleja nuestro verdadero objetivo: no buscamos litigios prolongados sino entornos accesibles para todos", explicó un representante del caso. "El comercio que acepte esta oferta no solo estará cumpliendo con la ley, sino reconociendo la dignidad inherente de todos sus clientes potenciales y contribuyendo a desmantelar prácticas discriminatorias coordinadas".
El silencio perpetúa la discriminación
Es crucial recordar que el privilegio abogado-cliente pertenece al cliente, no al abogado. Ningún comerciante está obligado a participar en estrategias colectivas que vayan contra sus propios intereses comerciales o valores éticos.
"La accesibilidad no es una concesión o un favor—es un derecho protegido por ley. Los comercios que se resisten al cambio no solo enfrentan consecuencias legales sino que pierden oportunidades de negocio en un mercado cada vez más consciente de la inclusión", señaló un analista.
Cualquier comerciante que desee romper filas con esta coalición, revelar los detalles de estas reuniones secretas y demostrar liderazgo en accesibilidad puede comunicarse confidencialmente a: [email protected]
Un movimiento imparable hacia la inclusión
Esta situación en Ponce se suma a una tendencia nacional donde las comunidades exigen cada vez más entornos accesibles. En municipios como San Juan, Mayagüez y Carolina, la resistencia inicial eventualmente dio paso a transformaciones significativas que beneficiaron no solo a personas con discapacidad sino a toda la comunidad.
"La historia nos ha enseñado que los derechos no se conceden voluntariamente—se ganan a través de la acción decidida. Esta demanda es parte de un movimiento más amplio por una sociedad donde la accesibilidad sea la norma, no la excepción", concluyó un defensor de derechos civiles.
Seguiremos informando sobre este caso en desarrollo, manteniendo el foco en lo que realmente importa: el derecho inalienable de todas las personas a participar plenamente en la vida pública sin obstáculos artificiales ni discriminación.
