23/06/2026
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AUDITORÍA REVELA GRAVES IRREGULARIDADES EN MUNICIPIO DE SAN GERMÁN Y CONTRALORA RECHAZA JUSTIFICACIONES DEL ALCALDE
San Germán - La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada al Municipio de San Germán que reveló múltiples deficiencias en áreas fiscales, administrativas y de recursos humanos durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2024.
La auditoría concluyó con una opinión cualificada y documentó cinco hallazgos principales relacionados con pagos indebidos por licencias acumuladas de enfermedad, la formalización de contratos sin las garantías requeridas, atrasos en auditorías financieras e informes federales, deficiencias en la documentación de la Junta de Subastas y nombramientos de personal que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por ley.
Uno de los hallazgos señala que el Municipio desembolsó aproximadamente $876,629 por concepto de liquidación de licencias acumuladas de vacaciones y enfermedad a 182 exservidores públicos entre enero de 2021 y noviembre de 2024. Como parte del examen, la Oficina de la Contralora evaluó una muestra de 20 pagos por $24,864 y determinó que se pagaron sin facultad legal 237 días de licencia de enfermedad acumulados en exceso del límite de 90 días permitido por ley.
Según el informe, estos pagos indebidos representaron un desembolso de $24,864 que pudo haberse utilizado para otras necesidades municipales. La auditoría atribuyó la situación a que funcionarios de Recursos Humanos se apartaron de las disposiciones del Código Municipal y de sus responsabilidades administrativas.
Aunque el alcalde indicó que algunas de las liquidaciones fueron autorizadas por la pasada administración y sostuvo que el Municipio actuó amparado en una ordenanza municipal, la Oficina de la Contralora determinó que el hallazgo prevalece debido a que la ley únicamente permite el pago de excesos de vacaciones acumuladas y no de licencias de enfermedad que excedan los 90 días.
Otro de los señalamientos corresponde a la formalización de un contrato de $1 millón para trabajos de revestimiento asfáltico y escarificación de superficies sin obtener las fianzas de cumplimiento y de pago de mano de obra, equipo y materiales requeridas.
La auditoría determinó que ni funcionarios municipales ni el contratista pudieron presentar evidencia de dichas garantías, privando al Municipio de la protección necesaria ante posibles incumplimientos relacionados con el proyecto.
Sobre este hallazgo, el alcalde indicó que se trató de un error involuntario y aseguró que se implementaron medidas correctivas para exigir y corroborar toda la documentación requerida antes de formalizar contratos futuros.
La Oficina de la Contralora también encontró deficiencias relacionadas con la contratación de servicios de auditoría externa y atrasos en la entrega de informes requeridos por reglamentación federal.
El informe establece que cuatro contratos para auditorías externas fueron otorgados entre 13 y 146 días después de las fechas establecidas por ley. Además, el estado financiero auditado correspondiente al año fiscal 2021-2022 fue remitido con 90 días de atraso a la Federal Audit Clearinghouse (FAC).
La auditoría concluyó que estas situaciones pueden afectar la disponibilidad de información financiera actualizada para la toma de decisiones y potencialmente impactar la asignación de fondos federales al Municipio.
Aunque el alcalde atribuyó los atrasos a extensiones federales relacionadas con el impacto del huracán Fiona, la Oficina de la Contralora sostuvo que el hallazgo prevalece debido a que el informe auditado fue entregado fuera del término concedido.
Otro hallazgo significativo estuvo relacionado con las actas de la Junta de Subastas. La auditoría reveló que de 77 reuniones celebradas entre mayo de 2022 y julio de 2024, las actas de 39 reuniones no habían sido transcritas al momento del examen realizado por los auditores.
La Oficina de la Contralora señaló que esta situación impide mantener registros completos y confiables sobre las decisiones y adjudicaciones de la Junta y dificulta la encuadernación oficial de las actas conforme a ley.
La administración municipal indicó que había completado la transcripción y encuadernación correspondiente al año fiscal 2022-2023 y que continuaba trabajando con las actas del año fiscal 2023-2024.
Asimismo, la auditoría identificó irregularidades en nombramientos dentro de la Policía Municipal. El informe señala que un funcionario nombrado como comisionado de la Policía Municipal y un empleado nombrado como inspector no cumplían con los requisitos académicos y de experiencia establecidos por ley y por los planes de clasificación municipales.
En uno de los casos, el funcionario recibió más de $90,000 entre salarios y diferenciales de sueldo durante el período auditado.
El alcalde defendió el nombramiento del comisionado alegando que la experiencia del funcionario como vigilante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y su preparación en la Academia de la Policía de Puerto Rico cumplían con los requisitos alternos establecidos por ley.
Sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la definición legal de “oficial” no incluía el puesto de vigilante del DRNA y determinó que el funcionario no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo, por lo que el hallazgo prevaleció.
Como resultado de la auditoría, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, al presidente de la Legislatura Municipal y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre ellas el recobro de pagos indebidos, fortalecer los procesos de contratación, garantizar la contratación oportuna de auditores externos, cumplir con los términos federales de entrega de auditorías y verificar adecuadamente los requisitos de funcionarios y empleados antes de sus nombramientos.
Las explicaciones ofrecidas por la administración municipal no fueron suficientes para que la Oficina de la Contralora descartara ninguno de los hallazgos señalados en la auditoría, por lo que todos los señalamientos permanecieron vigentes en el informe final.
Auditoria OC-26-38 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.
