17/01/2026
DENUNCIAN TRATO INDIGNO A ADULTOS MAYORES Y EXIGEN TRANSPARENCIA EN CENTRO DE ENVEJECIENTES DE TOA BAJA
Toa Baja, Puerto Rico — La escena que se observa en la imagen que acompaña este comunicado no es un hecho aislado ni circunstancial. Representa una realidad que se repite de forma constante en el municipio de Toa Baja, donde adultos mayores son obligados a esperar en largas filas, en ocasiones por casi una hora, para que se abran las facilidades del Centro de Envejecientes municipal y puedan recibir servicios esenciales.
Personas de edad avanzada, muchas con condiciones de salud, movilidad limitada y uso de andadores, permanecen de pie o sentadas a la intemperie, expuestas al calor y sin una planificación adecuada, lo que evidencia una alarmante falta de empatía y sensibilidad hacia una de las poblaciones más vulnerables del pueblo.
“Lo más preocupante es que estos adultos mayores no llegan allí por cuenta propia. Es el propio municipio el que los va a buscar a sus residencias para transportarlos al Centro de Envejecientes, por lo que la responsabilidad del municipio comienza desde el mismo momento en que ese adulto mayor sale de su hogar”, expresó Eric Rossner, educador y líder del Partido Popular Democrático en Toa Baja. “No puede ser que el municipio los recoja, los traslade y luego los deje esperando por largos periodos de tiempo, expuestos y sin condiciones dignas. Eso es una falta grave de responsabilidad y de humanidad”.
A esta situación se suma una alegación de extrema seriedad que requiere explicaciones claras e inmediatas por parte del alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García. La información nos adviene por una fuente que pidió proteger su identidad por temor a represalias y no poder recibir los servicios.
Según dicha información, alegadamente desaparecieron mil dólares ($1,000) del Centro de Envejecientes justo antes del Día de Acción de Gracias. Se trata de un dinero que no corresponde a fondos regulares del municipio, sino que era aportado voluntariamente por los propios envejecientes y colocado en una caja destinada a cubrir gastos menores, actividades y necesidades básicas para el disfrute y funcionamiento del centro.
“Ese dinero le pertenece a los propios envejecientes, no a ninguna administración. Es dinero que ellos mismos aportan para poder sostener su espacio y sus actividades. Por eso es inaceptable que hoy no exista una explicación clara de qué ocurrió con esos fondos”, sostuvo Rossner. “Más grave aún es que, alegadamente, se haya intentado manejar esta situación de forma interna, sin que exista una querella formal ante la Policía de Puerto Rico y sin permitir que se investigue mediante las cámaras de seguridad del propio centro. Eso no es transparencia y tampoco protege a nuestros envejecientes”.
El alcalde de Toa Baja tiene la responsabilidad de explicar públicamente qué ocurrió con ese dinero y por qué no se activaron los mecanismos correspondientes para que las autoridades investigaran el incidente de manera formal. Pretender resolver internamente una situación de esta naturaleza no solo es impropio, sino que vulnera la confianza de los adultos mayores y de toda la ciudadanía.
Igualmente preocupante es el silencio del representante del Distrito 10, Pedro Julio Pellé Santiago, cuya función constitucional es fiscalizar, alzar la voz y defender los intereses de los ciudadanos de Toa Baja y Cataño.
Su falta de acción ante estas situaciones lo convierte, por omisión, en cómplice de una administración municipal que no está rindiendo cuentas.
Nuestros adultos mayores merecen dignidad. Nuestro pueblo merece verdad. Y quienes gobiernan tienen la obligación de responder. El silencio institucional también es una forma de abandono.
