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El Ujier, Mariano Roque Alonso & Testanova, Asunción (2025)

06/08/2025

𝐇𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟕𝟐 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨́𝐟𝐮𝐠𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐼𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑠𝑎 𝑓𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒ℎ𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑦 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 2002, 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎́ 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜. 𝐿𝑎 𝑗𝑢𝑒𝑧𝑎 𝐿𝑖𝑐𝑖 𝑆𝑎́𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑜́ 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑.

La Policía Nacional detuvo a Inocente Sosa, de 72 años, quien se encontraba prófugo desde 2002 en el marco de una causa por supuesta tentativa de homicidio. La denuncia en su contra fue presentada el 2 de mayo de ese año por Albino Peña, tras un hecho ocurrido en julio de 2001 en la ciudad de Itá.

Según la imputación formulada por el entonces fiscal Raúl González Valdez, el hecho habría ocurrido el 1 de julio de 2001, alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando Peña, al salir de una fiesta bailable, fue interceptado por Sosa en compañía de otras personas no identificadas. En el lugar se habría producido una discusión, durante la cual el denunciado habría utilizado un arma blanca para herir a Peña a la altura del pecho.

Tras la denuncia, la Fiscalía convocó a Sosa a prestar declaración indagatoria, pero este no se presentó. En consecuencia, el 9 de abril de 2003, el Juzgado de Garantías declaró su rebeldía y emitió orden de captura.

El actual agente fiscal de la causa es Francisco Torres. Tras la reciente detención del procesado, se llevó a cabo la audiencia de levantamiento de rebeldía e imposición de medidas cautelares ante la jueza Lici Teresita Sánchez.

Sosa fue asistido por los abogados Edith Benítez de Dávalos y Pablo David Melgarejo Colmán, quienes solicitaron el arresto domiciliario, citando como argumentos su edad y el arraigo familiar. Como fianza personal, la defensa ofreció al yerno del encausado.

En su resolución, la magistrada resolvió levantar la rebeldía y dejar sin efecto la orden de captura. A partir de esta decisión, vuelven a correr los plazos procesales, y la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el próximo 5 de septiembre.

La jueza también tuvo en cuenta la normativa que prohíbe la imposición de prisión preventiva a personas mayores de 70 años, por lo que dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario. El procesado deberá permanecer en su vivienda ubicada en el barrio Paranambu 2 de la ciudad de Itá, y no podrá salir del país sin autorización del juzgado.

La investigación se centra en la supuesta tentativa de homicidio denunciada hace 24 años, en la que Albino Peña afirmó haber sido herido con arma blanca durante un altercado con el ahora imputado.

06/08/2025

𝐄𝐱𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐜𝐨

𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝐸𝑠𝑝𝑖́𝑟𝑖𝑡𝑢 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑜. 𝑆𝑒𝑛̃𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑖́𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑟𝑎́𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 2003 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑓𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒.

El abogado y exministro Francisco de Vargas presentó una ratificación de denuncia ante la Secretaría y la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. La gestión fue realizada en representación de la Asociación Espíritu Santo, con el objetivo de impulsar diligencias procesales y solicitar información sobre el estado actual de la causa.

De acuerdo con los antecedentes, la denuncia original fue formulada el 5 de abril de 2022, cuando la Unidad Antidrogas estaba a cargo del entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz. Actualmente, dicha dependencia se encuentra bajo la dirección de la fiscala Matilde Moreno. “Uno de los principales objetivos de esta nueva presentación fue justamente pedir que se informe si ya se asignó una unidad fiscal para avanzar con la investigación”, señaló De Vargas. Según relató, la fiscala Moreno no recepcionó la ratificación y recomendó iniciar un nuevo expediente.

Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sí admitió el escrito, que expone un relato de hechos presuntamente constitutivos de infracciones penales en inmuebles cuya individualización ya fue detallada en la presentación inicial. La Asociación Espíritu Santo aclaró que no ejerce posesión directa sobre las tierras, lo que ha dificultado la verificación in situ de las actividades que allí se estarían desarrollando.

Los terrenos mencionados abarcan cerca de 310.000 hectáreas ubicadas en zona de Seguridad Fronteriza, conforme a la Ley Nº 2.532/05. Desde 2003, estos campos son arrendados por la empresa Victoria S.A., y actualmente se encuentran en litigio con cuatro firmas offshore no registradas en Paraguay.

En 2018, las propiedades fueron adjudicadas a dichas compañías por decisión de la jueza Tana Irún. Esta resolución fue posteriormente cuestionada y derivó en su destitución por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia. La magistrada enfrenta actualmente un proceso por presunto prevaricato.

Según los documentos presentados por De Vargas, pobladores de la zona habrían alertado sobre la supuesta construcción de pistas clandestinas en estos inmuebles, presuntamente utilizadas para actividades relacionadas con el tráfico de mercancías y sustancias prohibidas.

Asimismo, se recuerda un procedimiento realizado el 16 de mayo de 2021, cuando efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta —conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— incautaron aproximadamente 449 kilogramos de co***na en un campamento instalado en una de las propiedades en disputa.

Una de las finalidades de la presentación fue solicitar formalmente información sobre la eventual asignación de una unidad fiscal encargada de dar seguimiento a la investigación.

De Vargas explicó que fue convocado por la Asociación debido a su trayectoria profesional en la materia, ya que se desempeñó como fiscal de la Unidad Antidrogas N° 1 hasta 2012, año en que asumió como ministro de la Senad, cargo que luego fue ocupado por el fiscal Marcelo Pecci. Posteriormente, fue nombrado ministro del Interior.

En su escrito, solicitó que, en atención al principio de transparencia y al derecho de la víctima, se informe el número de causa asignada, la unidad penal a cargo, el nombre del agente fiscal interviniente, así como las diligencias preliminares realizadas hasta la fecha.

06/08/2025

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐢𝐝𝐨

La fiscala penal Laura Giacummo informó que remitió un pedido de informes a la Cámara de Senadores con relación a Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera, quienes se encuentran bajo investigación por presunto cobro indebido de honorarios durante su paso como funcionarios del Congreso Nacional. Ambos son familiares directos de la senadora Noelia Cabrera.

El requerimiento, de carácter urgente, solicita a la institución legislativa la remisión de documentación oficial referida a los antecedentes laborales de las personas mencionadas.

“Se pidieron copias autenticadas, eso también seguramente lleva su trabajo copiar, autenticar o certificar”, explicó la agente fiscal en una entrevista con El Observador, programa emitido por Ñanduti Radio-TV.

Giacummo señaló que los documentos requeridos deben ser entregados en un plazo de entre 48 y 72 horas, de conformidad con los tiempos procesales establecidos. Aclaró también que el pedido incluye copias autenticadas, lo cual demanda un procedimiento interno de certificación en el ámbito administrativo del Senado.

El Ministerio Público ya inició las diligencias preliminares. Según la fiscala, las solicitudes fueron presentadas oficialmente entre el lunes y el martes, teniendo en cuenta el horario de atención del Congreso.

En paralelo, durante la jornada del martes se presentó ante la Unidad Penal el abogado de la defensa, quien entregó una carta poder en representación de los investigados.

Giacummo indicó además que la investigación contempla otras líneas de verificación, como solicitudes de imágenes de circuito cerrado y oficios a empresas de telecomunicaciones sobre datos de geolocalización, que ya están en trámite.

En ese sentido, recordó que la labor del Ministerio Público se rige por el principio de objetividad.

De acuerdo con registros públicos y reportes periodísticos, Iván Ramiro e Iris Rebeca fueron contratados en agosto de 2023 en calidad de funcionarios de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad del Senado. No obstante, ambos habrían presentado su renuncia luego de ser señalados por supuestas ausencias reiteradas.

Durante su paso por la función pública, Iván percibía un salario mensual de G. 13.500.000, mientras que Iris cobraba G. 8.000.000. Se sospecha que entre abril y julio del presente año, ambos asistían con regularidad a un estudio jurídico privado vinculado al entorno familiar, mientras mantenían vínculos contractuales con el Congreso.

En el caso de Iris, los registros indican que justificó parte de sus ausencias mediante el formulario F16, que habilita el trabajo remoto bajo determinadas condiciones. Según las planillas, habría marcado asistencia 31 días en 2023 y solo 13 días en 2024.

Aunque ya no se encuentran en funciones, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ordenó un sumario administrativo interno. La medida apunta a revisar las planillas de asistencia, los justificativos presentados y las tareas asignadas, con el objetivo de determinar si existieron posibles irregularidades, uso indebido de influencias o supuestos casos de nepotismo.

15/07/2025

𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐲 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚

𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐺𝑜𝑛𝑧𝑎́𝑙𝑒𝑧 𝐾𝑎𝑟𝑗𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙. 𝐿𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑟𝑡𝑖𝑜́ 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑓𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar la recusación interpuesta por Fernando González Karjallo contra la jueza Andrea Vera, integrante del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, sede Capital.

El camarista Gustavo Amarilla, como preopinante, fundamentó su postura indicando que la argumentación del recusante se basó en el rechazo previo de sus pretensiones en otra causa. Según señaló, esta situación fue planteada como motivo suficiente para considerar afectada la imparcialidad de la magistrada, aludiendo a la existencia de una “preopinión” o preconcepto.

Sin embargo, el magistrado sostuvo que el desacuerdo con decisiones jurisdiccionales anteriores no constituye, por sí solo, una causal objetiva de recusación conforme al ordenamiento jurídico vigente. Añadió que el artículo invocado por el recusante exige una conducta activa del juez que implique favorecer a una de las partes en el proceso, lo que no fue acreditado.

Asimismo, señaló que la presentación carece de respaldo fáctico concreto y se basa en una hipótesis eventual, lo que —a juicio del tribunal— configura un uso abusivo del derecho y una conducta procesal de mala fe. “Esta conducta carece de sustento jurídico y afecta el normal desarrollo del proceso”, afirmó Amarilla.

En relación con el inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, invocado por González Karjallo, el camarista explicó que esta disposición establece una causal residual que puede ser utilizada únicamente por el propio magistrado, en caso de experimentar una situación personal que afecte su imparcialidad. “Es una cuestión subjetiva y de apreciación personal, solo al juez es dable saber en qué medida pesan sobre su conciencia”, añadió.

Con base en estos argumentos, concluyó que los motivos invocados “no configuran una causal legalmente válida que permita cuestionar la imparcialidad o independencia de la Dra. Andrea Vera”, y que no se ha demostrado ninguna circunstancia que justifique su apartamiento del caso.

Adicionalmente, la Sala Penal declaró inoficioso el tratamiento de la recusación presentada contra el juez Arnulfo Arias Maldonado, por no corresponder su análisis en este contexto.

El dictamen fue compartido por los ministros José Waldir Servín y Alberto Martínez Simón, quienes se adhirieron a los fundamentos del preopinante.

15/07/2025

𝐀𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞́𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥

𝑈𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑣𝑖́𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜́ 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖́𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛. 𝑆𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑖́𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 “𝑀𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒́𝑠”, 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜́ 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 21 𝑦 22 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒.

Integrantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés se manifestaron este martes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde presentaron un pedido formal de audiencia dirigido a los ministros del máximo tribunal.

El representante del grupo, Pedro Coronel, explicó que la solicitud busca obtener una respuesta institucional ante los reclamos de personas que afirman haber sido afectadas por embargos judiciales considerados irregulares. También solicitaron que se garantice el desarrollo de una investigación independiente sobre posibles hechos de corrupción en el sistema judicial.

Entre los puntos expuestos, Coronel mencionó la necesidad de proteger derechos fundamentales de los afectados, como el acceso a la salud, la vivienda, la alimentación y la educación, los cuales se habrían visto comprometidos a causa de las retenciones de haberes.

Los manifestantes anunciaron además que a partir del 21 y 22 de julio llevarán adelante una medida de protesta frente al Palacio de Justicia en Asunción, con el objetivo de reiterar sus demandas y sostener el reclamo ante las autoridades competentes.

Según lo expresado por la Coordinadora, los objetivos centrales de la movilización son: exigir una respuesta efectiva a las víctimas del esquema de cobros; reclamar una investigación judicial transparente y libre de interferencias; y solicitar medidas concretas que garanticen los derechos sociales y económicos de las personas afectadas.

De acuerdo con estimaciones de los organizadores, el esquema de los pagarés habría afectado a más de 15.000 personas en distintas zonas del país.

15/07/2025

𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐟𝐢𝐣𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒́𝑠, 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑛̃𝑎𝑙𝑜́ 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠. 𝐿𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑎́𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠.

La fiscala Teresa Sosa participó este lunes en una sesión de la Comisión Especial del Senado que investiga la red de estafas conocidas como la “mafia de los pagarés” y propuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sea la institución responsable de establecer una política clara sobre los descuentos aplicados a salarios de funcionarios públicos.

“La sugerencia que yo di a la Comisión –después de haber trabajado 5 años en este tema– es que necesariamente la directriz y los acuerdos tienen que partir desde el Ministerio de Economía, para tratar de solucionar definitivamente ya este problema y que se adecue la ley”, expresó Sosa durante su intervención.

Entre los años 2015 y 2020, la fiscala estuvo al frente de investigaciones que permitieron identificar unas 2.000 causas vinculadas al uso irregular de pagarés, muchas de ellas en perjuicio de funcionarios y jubilados.

Sosa explicó que la operativa de pago de salarios del sector público está bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo y que los fondos son canalizados a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sentido, sostuvo que el BNF no debería realizar descuentos directos ni establecer convenios con empresas privadas para gestionar deducciones automáticas sin autorización expresa de los titulares.

“Y es el BNF el que debe respetar que esa cuenta del funcionario es una cuenta salarial y no puede realizar cualquier tipo de descuento ni tener convenio con cualquier entidad o cualquier empresa para hacer esos descuentos”, señaló. También afirmó que esta entidad bancaria no cuenta con facultades legales para aceptar embargos judiciales sobre cuentas de salarios.

Por su parte, el presidente de la Comisión, senador Rafael Filizzola, calificó de preocupante que empresas privadas celebren acuerdos con el BNF para aplicar descuentos directamente a las cuentas de los funcionarios, sin que exista un mandato específico por parte de los mismos.

Filizzola reiteró que cualquier descuento debe canalizarse a través de la institución pública donde presta servicios el funcionario, y no directamente mediante el banco estatal. Asimismo, advirtió que si tanto el BNF como la Dirección de Jubilaciones no corrigen este tipo de prácticas, podrían derivarse denuncias penales por disposición indebida de fondos.

15/07/2025

𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞́𝐬: 𝐀𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨

Luego de la sesión de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés de la Cámara de Senadores, en la que participaron docentes jubiladas y la agente fiscal Teresa Sosa Laconich como invitadas, el senador Rafael Filizzola ofreció un resumen de los temas abordados. En su intervención, señaló que, además de los embargos, existe un problema con los descuentos aplicados a los ingresos de personas jubiladas.

“En este momento nosotros tenemos problemas en primer lugar por los embargos, porque muchas veces un mismo pagaré se utiliza en varios juicios, se triplica o cuadruplica la deuda, y tenemos problemas también con los llamados descuentos voluntarios, es decir, una persona que autoriza que se le descuente un monto de su salario”, afirmó Filizzola.

El legislador también se refirió a los obstáculos que enfrentan las personas jubiladas para revertir estos descuentos, incluso cuando ya se han definido medidas al respecto. Mencionó que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones continúa generando trabas. Criticó que, mientras los descuentos se aplican mediante una simple planilla de Excel, anularlos resulta un proceso más complejo. No descartó que la inacción estatal pueda dar lugar a denuncias judiciales.

“Ya con los ministerios nosotros hemos establecido una línea de trabajo que está teniendo problemas para ser implementada. Por ejemplo, la Dirección de Jubilaciones, que depende del Ministerio de Economía, estamos viendo que está poniendo una serie de obstáculos para implementar la cancelación de los descuentos convencionales. Porque una persona, así como tiene la potestad de autorizar el descuento, también tiene la potestad de desautorizar el descuento”, señaló.

Desde la Comisión se destacó que, en el marco de la investigación, se identificaron descuentos calificados como abusivos. Las personas afectadas habían autorizado voluntariamente ciertos descuentos, pero los pagarés aparecen posteriormente como base de demandas de embargo en juzgados alejados del domicilio de las víctimas.

Filizzola recordó que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ya participó en reuniones con la Comisión, y que luego se desarrollaron encuentros técnicos considerados satisfactorios. Sin embargo, señaló que los jubilados aún deben acudir cada mes a Asunción para presentar sus pedidos de cese de descuentos, lo cual representa un esfuerzo considerable. “A pesar de que hubo coincidencias con el ministro y con todo su equipo, estamos viendo que el director de Jubilaciones está poniendo problemas”, remarcó.

El senador también hizo mención a la situación del Banco Nacional de Fomento (BNF), al que calificó como un actor clave en este esquema. Explicó que la institución estatal mantiene un convenio con una empresa gestora de cobranzas, la cual recibe fondos de los descuentos sin contar con mandato expreso de los beneficiarios. Consideró que esta práctica es irregular.

“Ni siquiera es un servicio de cobranzas, en puridad, porque lo que hacen es, literalmente, prestar su cuenta de BNF para recibir los pagos y luego transferirlos a los acreedores. Ellos tienen un contrato con una empresa X, pero el beneficiario jamás autorizó a esa empresa a que gestione un débito de su salario. Además, la cuenta de los funcionarios públicos del BNF es una cuenta de salarios, es decir, no se puede tocar”, remarcó el senador Filizzola.

Finalmente, advirtió que la Comisión no descarta recurrir a la vía penal si continúan los descuentos no autorizados. “Si la Dirección de Jubilaciones y el BNF continúan realizando descuentos no autorizados, estarían no solo obstaculizando, sino disponiendo sin autorización de dinero que no les pertenece y eso es delito. Así que, en su momento, si esto no se resuelve, la comisión va a tener que hacer las correspondientes denuncias penales”, concluyó.

12/07/2025

𝐋𝐨 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 ₲𝟏𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞́ 𝐬𝐚𝐥𝐝𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐢́𝐚

𝑈𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜́ 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒́𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑜𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑏𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒́ 𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙.

Óscar Mereles vivió más de un año bajo la presión constante de llamadas y mensajes que le exigían el pago de una deuda de ₲14 millones, supuestamente contraída con dos casas comerciales. Tras acudir a la Comisión Especial del Senado que investiga la mafia de los pagarés, logró demostrar que una de las deudas ya estaba saldada y la otra no existía.

El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, explicó que al afectado se le atribuían obligaciones con las casas comerciales Facilandia y Stilo Hogar. “Se le exigía el pago de ₲14 millones por intereses punitorios por la mora”, indicó, refiriéndose al motivo que impulsó la intervención parlamentaria.

Acompañado por un asesor técnico de la Comisión, Mereles se presentó en la sede de Vinanzas S.A., agencia de cobranzas vinculada al grupo Ueno Holding, donde se solicitó la verificación documental de las supuestas deudas. Allí se constató que el pagaré de Facilandia existía, pero ya había sido cancelado. Sin embargo, el documento no fue devuelto ni anulado, lo que permitió que continuara usándose como base para el reclamo.

Respecto a la supuesta deuda con Stilo Hogar, se verificó que no había constancia de relación comercial alguna con Mereles, conforme a lo sostenido por el afectado y confirmado por la Comisión.

Tras la gestión, la agencia emitió una constancia reconociendo que la deuda con Facilandia estaba saldada y se comprometió a entregar el pagaré original en un plazo de siete días, informando que el documento se encontraba guardado en un depósito.

La Comisión Especial de Investigación del Senado indaga una red de irregularidades vinculadas al uso de pagarés, que afecta a miles de personas, entre ellas funcionarios públicos y jubilados. La investigación apunta a presuntos descuentos indebidos, reclamos por deudas ya pagadas y ejecuciones múltiples sobre un mismo documento.

11/07/2025

𝐕𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞́𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 𝟏𝟓𝟎 𝐤𝐦 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢́𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚

𝐺𝑙𝑎𝑑𝑦𝑠 𝐿𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑜́ 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐴𝑠𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 2024, 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜́ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒́𝑠.

Gladys Larrea, residente de San Estanislao, departamento de San Pedro, recorrió cerca de 150 kilómetros hasta la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, con el objetivo de conocer el estado de una causa que denunció en diciembre de 2024 ante el Ministerio Público.

El expediente se encuentra a cargo del fiscal Walter Melo, de la Unidad Fiscal de Santaní, Donde la fiscala adjunta Alicia Sapriza. A la víctima le informaron que su denuncia fue enviada hasta la capital, sin embargo, no obtuvo mayores respuestas.

De acuerdo con los antecedentes presentados por Larrea en su denuncia, en el año 2018 solicitó un préstamo de G. 2.000.000 a una persona identificada como Marcos Acosta López. Como parte del acuerdo, realizó pagos mensuales de G. 400.000 durante un periodo de 26 meses, lo que suma un total de G. 10.400.000.

Pese a los pagos realizados, en 2021 fue objeto de un embargo por G. 4.000.000 que también fue ejecutado en su totalidad. Sin embargo, manifestó que actualmente enfrenta de nuevo proceso de descuentos judicial por G. 3.600.000.

Larrea refiere que ha solicitado información en varias oportunidades tanto al fiscal Melo como a la adjunta Sapriza, sin obtener avances concretos. Ante esta situación, acudió directamente a la Fiscalía General del Estado, donde volvió a exponer su reclamo.

Según la denunciante, hasta la fecha no se ha formalizado imputación alguna dentro del proceso. La causa está vinculada al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, que ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años.

10/07/2025

𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡𝐢́𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐏𝐚𝐯𝐨 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐈𝐈

𝐸𝑙 𝐽𝑢𝑧𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑏𝑢́𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑦 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.

El juez Osmar Legal ordenó el secuestro y la localización de varios vehículos registrados a nombre de Alexandre Rodrigues Gomes y la empresa Salto Diamante S.A., en el marco de la investigación conocida como caso Pavo Real II. La medida fue solicitada por el Ministerio Público, que atribuye a los involucrados actividades relacionadas con lavado de dinero. Los bienes asegurados deberán quedar bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

Los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla explicaron que Rodrigues Gomes habría formado parte de una estructura criminal paralela, que funcionaba como brazo financiero del clan liderado por Jarvis Chiménez Pavão. Esta organización habría desarrollado operaciones de lavado de activos, adquisición de inmuebles y reinversión de capital ilícito mediante empresas como Salto Diamante S.A., Pasfin, Agroforestal Las Quebradas, entre otras.

La investigación señala que los vehículos —que incluyen camionetas de alta gama, camiones, apiladoras, tractores y palas cargadoras— fueron adquiridos entre 2015 y 2021 sin contar con la documentación legal que respalde su compra. Entre los bienes relacionados con esta presunta red de lavado figura la estancia “Negla Poty”, considerada clave para el caso.

El Juzgado fundamentó la orden en los requisitos del artículo 693 del Código Procesal Civil, destacando la verosimilitud del derecho invocado, el peligro que implica la demora y la exención de contracautela, dado que la solicitud proviene del Ministerio Público. Asimismo, valoró la existencia de una probabilidad razonable sobre los derechos reclamados y la necesidad urgente de impedir la disposición o transferencia de estos bienes durante el proceso judicial.

Entre los vehículos asegurados se encuentran marcas reconocidas como Ford, Toyota, RAM, Fiat, Audi, IVECO, así como maquinaria agrícola de las firmas John Deere y Lovol, con un valor de mercado millonario. SENABICO deberá garantizar la conservación y custodia de estos bienes hasta que se defina su posible comiso en la causa.

10/07/2025

𝐄𝐥 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐧̃𝐞𝐳 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟐𝟗 𝐦𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

Durante el primer semestre de 2025, el fuero de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial registró la entrada de 29.109 nuevos expedientes en todo el país, según el informe estadístico presentado por la ministra Carolina Llanes, vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y enlace de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de Niñez y Adolescencia (OTANA). Esta cifra refleja la complejidad y la alta litigiosidad en asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

En comparación, en 2024 se contabilizaron 45.064 casos ingresados en este fuero especializado. El informe también detalla que en los primeros seis meses de 2025 se dictaron 15.208 sentencias definitivas y 26.426 autos interlocutorios. Asimismo, se expidieron 212.133 cédulas de notificación por parte de los jueces y tribunales de Niñez y Adolescencia a nivel nacional.

La mayoría de los procesos están vinculados a temas como la prestación y aumento de la cuota alimentaria, cuestiones de filiación y otros asuntos relacionados con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este escenario demanda un esfuerzo constante de los tribunales para garantizar la atención adecuada en un ámbito sensible, donde están en juego no solo derechos legales sino también el bienestar y desarrollo de los menores involucrados.

Los jueces del fuero intervienen en diversos tipos de causas, incluyendo demandas de filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, designación o remoción de tutores, solicitudes relacionadas con ayuda prenatal y protección a la maternidad, así como fijación de cuota alimentaria. Además, atienden casos de guarda, abrigo y convivencia familiar, reclamos por incumplimiento de normas en salud, educación y trabajo infantil y adolescente, así como procesos derivados de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

También forman parte de la competencia de este fuero los casos de maltrato que no constituyen delitos penales, procesos de adopción, venias judiciales y otros asuntos conexos. En este contexto, la Corte Suprema, a través de OTANA, apunta a fortalecer los recursos y mecanismos para la protección integral de la infancia y adolescencia, reafirmando el compromiso con la mejora continua del servicio de justicia en esta área.

10/07/2025

𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐚𝐧 𝐡𝐚́𝐛𝐞𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐮𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐲𝐚 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐨́ 𝐬𝐮 𝐩𝐞𝐧𝐚

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, resolvió rechazar el hábeas corpus reparador promovido por la defensora pública Mirian Cárdenas Yambay a favor de Marcos Bareiro, quien fue condenado a ocho años de prisión por tentativa de homicidio. Pese a que el encausado habría cumplido ya la totalidad de la pena impuesta, los ministros entendieron que la vía procesal utilizada no es la adecuada para solicitar su libertad.

El recurso había sido presentado con base en el artículo 133, inciso 2), de la Constitución Nacional y en los artículos 3, 7, 19 y 23 de la Ley 1.500/1999, bajo el argumento de que la privación de libertad del condenado resulta ilegal, ya que habría compurgado completamente la sanción dictada por el tribunal de juicio oral y confirmada por la Cámara de Apelación. No obstante, los ministros señalaron que el hábeas corpus no puede utilizarse para cuestionar decisiones judiciales adoptadas por jueces competentes, aún cuando estas no se encuentren firmes, y que la acción carece de idoneidad para sustituir los mecanismos ordinarios previstos por el proceso penal.

En su voto, la ministra Llanes enfatizó que la garantía constitucional del hábeas corpus no está diseñada para acelerar o corregir demoras judiciales, por más injustificadas que puedan parecer. Citando doctrina nacional e internacional, remarcó que esta acción tiene un alcance limitado a examinar la legalidad formal de la detención y no permite pronunciarse sobre el fondo de resoluciones judiciales. Señaló además que el juez del hábeas corpus no puede asumir competencias que corresponden a los órganos jurisdiccionales ordinarios, ni interferir en causas penales mediante esta vía excepcional.

Según consta en el expediente, Bareiro fue condenado mediante sentencia dictada el 3 de febrero de 2021 y, de acuerdo a lo manifestado por su defensa, habría completado el cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad. Sin embargo, la Corte concluyó que su situación procesal deriva de una resolución judicial vigente, emitida por un órgano competente, y que las eventuales irregularidades deben canalizarse por los recursos legales previstos en el Código Procesal Penal.

Asimismo, la ministra recordó la vigencia de la Acordada N° 1511/2021, que establece que la prisión preventiva debe aplicarse de forma excepcional, y que los jueces tienen responsabilidad personal cuando se extienden ilegalmente restricciones a la libertad. A pesar de ello, entendió que no corresponde liberar al condenado por medio del hábeas corpus reparador, pues existen otras vías jurisdiccionales a través de las cuales puede plantearse la revisión de su situación.

Por tanto, la Sala Penal resolvió no hacer lugar a la acción constitucional promovida por la defensora pública, y ordenó la remisión urgente de las compulsas del expediente a los jueces naturales del caso, para que evalúen lo pendiente conforme a los artículos 250 y 252 del Código Procesal Penal.

El ministro Luis María Benítez Riera adhirió al voto de su colega, expresando su conformidad con los argumentos expuestos y el rechazo de la acción. La resolución quedó formalizada mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 88, de fecha 1 de abril de 2025.

El Ujier

06/08/2025

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15/07/2025

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12/07/2025

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