25/09/2025
CASO CONSTITUYE UN PRECEDENTE NEFASTO PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL PAÍS
Corrupción judicial y poder financiero:
un bancario sería mentor de despojo
ilegal de planta industrial
El conflicto que derivó en el desalojo y la paralización de la planta industrial de N.A. Foods dejó al descubierto un esquema que, según la denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de dos juezas de Alto Paraná, combina corrupción judicial, conflictos de interés bancarios y maniobras financieras dirigidas por el empresario bancario Alfredo Raatz. Para los denunciantes, lo ocurrido constituye un precedente nefasto para la seguridad jurídica del país, un mensaje que desalienta la inversión y exhibe cómo el poder económico logra someter a la justicia paraguaya a intereses particulares.
En el centro de la trama aparece Alfredo Raatz, exdirector del extinto Banco Regional. Los denunciantes sostienen que Raatz utilizó la posición estratégica que tuvo en la banca para armar la ejecución de la planta industrial, primero como director del banco acreedor y luego desde su empresa vinculada. No se trata solo de un acreedor defendiendo su crédito: la acusación señala que el mismo grupo que impulsó el remate terminó comprando la planta a través de una empresa pantalla, Avícola Itapúa S.A., que en realidad responde a la órbita de Oleaginosa Raatz S.A., firma controlada por los mismos directivos del entonces Banco Regional.
La denuncia también apunta a un entramado de abogados y asesores comunes. El penalista que representa a Raatz es también asesor del banco, y lo mismo ocurre con los abogados civiles. Esta superposición de roles no solo desnuda un conflicto de intereses evidente, sino que además es materia de observación y sanción por parte del Banco Central del Paraguay y organismos financieros internacionales, donde la separación de funciones es requisito elemental para evitar fraudes.
El despojo no comenzó con la resolución judicial de septiembre de 2025. Según la causa penal abierta en 2022, exdirectivos de N.A. Foods llevaron adelante un vaciamiento financiero deliberado: ocultaron libros contables, desviaron fondos —incluido un pago de 67.000 dólares de un cliente extranjero— y montaron una administración paralela que operaba a espaldas del interventor judicial.
El objetivo, de acuerdo con la investigación, fue llevar a la compañía a una insolvencia artificial y provocar el incumplimiento del crédito hipotecario con el Banco Regional. Esa deuda “fabricada” fue luego utilizada como palanca para ejecutar la planta industrial. Sin embargo, en agosto de 2025 todos los acusados fueron sobreseídos definitivamente en la causa penal (expediente N° 449/2022), incluyendo a dos altos ejecutivos del banco. La impunidad previa envalentonó a los responsables para avanzar sin obstáculos hacia la ofensiva final en el fuero civil.
Cuando se concretó el remate, la compradora resultó ser Avícola Itapúa S.A., una firma que, según la denuncia, era poco más que una empresa de maletín. Su presidente y vicepresidente figuraban como empleados de Oleaginosa Raatz S.A., lo que demuestra que no era un tercero independiente, sino un vehículo creado para dar apariencia de legalidad a una autocompra. En esencia, el Banco Regional ejecutó la planta y sus propios accionistas la adjudicaron para sí mismos, cerrando el círculo de la maniobra.
ROSCA JUDICIAL Y
RESOLUCIONES EXPRÉS
Lo que transformó el conflicto en un escándalo nacional fue la actuación judicial. N.A. Foods había conseguido en agosto una medida cautelar de prohibición de innovar que resguardaba su planta y sus mercaderías. Sin embargo, el 15 de septiembre, en un trámite fulminante de 64 minutos, la jueza interina Delcy Cardozo levantó la cautelar a pedido de Avícola Itapúa, sin siquiera dar traslado a la empresa afectada.
La interinación misma fue irregular: la jueza de Niñez asumió un caso civil-comercial pese a que existían jueces disponibles en ese fuero, lo que contraviene la Acordada 1552/2021. A ello se suma la denuncia de un posible parentesco y vínculo personal entre las juezas y el abogado de la contraparte, lo que en cualquier jurisdicción sería causal inmediata de excusa.
El resultado fue devastador: la resolución permitió el desalojo inmediato, la paralización de operaciones y el despido de más de 50 trabajadores, además de la afectación a terceros depositantes de granos. Para los denunciantes, el fallo no solo fue contrario a la ley, sino que estaba preparado de antemano, revelando un grado de corrupción judicial que socava la credibilidad del sistema entero.
El trasfondo financiero también explica la prisa. En 2022 se anunció la fusión de Banco Regional con Banco Sudameris, aprobada en 2023 por el Banco Central. En ese contexto, los balances debían llegar “limpios” a los reguladores. Una deuda litigiosa como la de N.A. Foods podía ser un obstáculo para la operación. De allí la hipótesis de los denunciantes: la ejecución de la planta fue parte de una operación de limpieza contable para allanar el camino de la fusión, a costa de una empresa nacional y de sus trabajadores.
DENUNCIA ANTE EL JEM
Frente a este panorama, N.A. Foods presentó una acusación por mal desempeño contra las juezas Delcy Cardozo y Gabriela Ramírez. El escrito, firmado por el abogado Jorge Luis Daurelle Ibarra, pide la apertura de sumario, la instrucción de prueba y la remoción de las magistradas, bajo causales de parcialidad manifiesta e ignorancia inexcusable de la ley previstas en la Ley 6814/2021.
La empresa sostiene que el caso encuadra en precedentes donde el JEM sancionó a jueces por fallos dictados contra la ley y que derivaron en la vulneración de derechos constitucionales. En juego no está solo la suerte de una fábrica, sino la vigencia del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad en Paraguay.
Más allá de los tecnicismos jurídicos y financieros, lo que subyace es un mensaje político y económico: si los grandes bancos y sus directivos pueden manipular la justicia para quedarse con activos estratégicos, nadie está a salvo. La denuncia de N.A. Foods revela un patrón de connivencia entre poder económico y poder judicial que, de no ser corregido, compromete seriamente la imagen del país ante inversionistas y organismos internacionales.
