07/08/2026
Primero cedieron una plaza pública sin consentimiento de los vecinos y ya no quieren revocar la resolución después de una larga lucha y ahora los vecinos de Boquerón 2 en pie de Guerra y denuncian violación de Ordenanza por parte de la Municipalidad de CDE.
DONDE ESTA EL FIGURETI DE ALDO BARRIOS PORQUE NO COMENTA NADA SOBRE ESTO??
Centenares de vecinos cuestionan que la propia Municipalidad haya autorizado un edificio de 12 niveles desconociendo una ordenanza que ella misma promulgó apenas semanas antes. Advierten que el caso representa un grave precedente para la seguridad jurídica y la planificación urbana de Ciudad del Este.
Lo que durante más de dos años fue presentado como un ejemplo de participación ciudadana y construcción democrática hoy amenaza con convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la administración municipal de Ciudad del Este.
Centenares de vecinos del Barrio Boquerón II interpusieron un recurso de reconsideración contra la Resolución N.° 172, por la cual la Intendencia Municipal autorizó la construcción de un edificio de 12 niveles dentro de un sector declarado residencial por la Ordenanza Municipal N.° 006/2026. La autorización fue otorgada el 25 de junio de 2026, cuando dicha ordenanza ya se encontraba plenamente vigente.
La Ordenanza N.° 006/2026 fue el resultado de una larga lucha iniciada en 2024 por los vecinos del barrio, quienes durante más de dos años impulsaron reuniones, presentaron notas, reunieron firmas, participaron en mesas de trabajo y defendieron públicamente la necesidad de preservar el carácter residencial de Boquerón II. Ese proceso culminó con la aprobación unánime de la norma por la Junta Municipal y su posterior promulgación por la propia Intendencia, convirtiéndose en una conquista ciudadana destinada a proteger la identidad del barrio frente al crecimiento desordenado.
Sin embargo, apenas dos meses después de haber promulgado esa misma ordenanza, la Municipalidad aprobó un proyecto que —según sostienen los recurrentes— contradice frontalmente los límites de altura, densidad y ocupación del suelo establecidos por la propia normativa. La resolución autorizó un edificio cuya altura supera ampliamente el máximo permitido para el sector, generando una contradicción que hoy se encuentra en el centro de la controversia.
Los vecinos rechazan el argumento de que el expediente fue presentado antes de la entrada en vigencia de la nueva regulación. Afirman que ningún derecho a construir nace con la simple presentación de planos y que toda autorización debe ajustarse al ordenamiento jurídico vigente al momento en que la Administración dicta su decisión. En consecuencia, sostienen que la Municipalidad tenía el deber de aplicar la Ordenanza N.° 006/2026 y no una normativa ya substituída.
La preocupación, sin embargo, trasciende ampliamente este proyecto. Para los vecinos, si la Municipalidad puede dejar de aplicar una ordenanza vigente alegando que un expediente ingresó con anterioridad, cualquier norma urbanística podría convertirse en una simple declaración de buenas intenciones, susceptible de ser desplazada por resoluciones administrativas individuales. Ello —afirman— vaciaría de contenido las decisiones de la Junta Municipal y comprometería seriamente la seguridad jurídica y la credibilidad de las instituciones.
Una actuación que genera profunda preocupación institucional
La actuación de la Municipalidad merece una profunda reflexión. Resulta difícil comprender cómo una administración que promulgó una ordenanza destinada a proteger un barrio residencial termine autorizando, pocas semanas después, una construcción que, según los recurrentes, contradice precisamente esa misma norma. Los hechos expuestos revelam una actuación administrativa que compromete la coherencia institucional y el principio de legalidad. Cuando la autoridad encargada de hacer cumplir las ordenanzas es cuestionada por prescindir de ellas en sus propias decisiones, la confianza ciudadana se resiente, se desvaloriza el esfuerzo democrático de quienes participaron en la elaboración de la norma y se instala una preocupante incertidumbre sobre la fuerza obligatoria de las decisiones públicas.
Los vecinos adelantaron que la presentación del recurso constituye apenas el primer paso de una estrategia destinada a exigir el cumplimiento efectivo de la Ordenanza N.° 006/2026. Advirtieron que, si la Municipalidad no revoca la Resolución N.° 172 y restablece la legalidad, recurrirán a todas las acciones administrativas, judiciales y constitucionales que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para impedir que una ordenanza vigente quede reducida a una simple declaración sin efectos prácticos.
Por ahora, la decisión está en manos de la Municipalidad. Pero los vecinos aseguran que esta historia está lejos de terminar. Si la resolución no es revocada, la disputa trascenderá el ámbito administrativo y llegará a todas las instancias necesarias para hacer cumplir la Ordenanza N.° 006/2026. Lo que ocurra en los próximos días no definirá únicamente el destino de un edificio. Definirá si en Ciudad del Este las ordenanzas municipales son verdaderamente obligatorias o si pueden ser dejadas de lado por la propia autoridad encargada de hacerlas cumplir.
