10/30/2025
🚩⚡Grupo Energía Bogotá🇨🇴 y la corrupción en otros países⚡🏴☠️
🚩⚡Grupo Energía Bogotá 🇨🇴, TRECSA🇬🇹 y la corrupción en otros países..
Corrupción en el sector eléctrico de Guatemala: el papel de TRECSA ⚡y del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala
En Guatemala, el funcionamiento del sector eléctrico viene acompañado de múltiples cuestionamientos sobre transparencia, uso de los recursos públicos y contratación de infraestructura clave. En este contexto surge la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA) como actor central: concesionaria de líneas de transmisión y proyectos energéticos, y al mismo tiempo señalada por diversas investigaciones como parte de mecanismos de corrupción que involucran al Estado, al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a entes reguladores.
Un primer hito relevante lo marca una investigación del Ministerio Público (MP) que devela un mecanismo de corrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas. Este tipo de denuncias apunta a la existencia de redes ocultas que operan mediante sobornos, tráfico de influencias y uso irregular de concesiones.
En diciembre de 2020, el MP informó que cinco personas habían sido capturadas, una estaba en vías de extradición y siete solicitudes de alerta roja fueron presentadas en relación con el caso denominado “Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas”.
Diversos análisis y publicaciones periodísticas han documentado cómo se habrían gestionado contratos energéticos con irregularidades, mencionando a TRECSA entre los actores señalados. Al mismo tiempo, organizaciones de investigación y observatorios ciudadanos han identificado que en el sector energético guatemalteco operan “mecanismos de corrupción” donde empresas privadas y funcionarios públicos intercambian favores y privilegios en detrimento del interés nacional.
Por ejemplo, se señala que un ex ministro del MEM habría recibido sobornos por más de setenta y cinco millones de quetzales durante el periodo 2012-2016.
Señalamientos contra TRECSA
Las investigaciones y análisis señalan varios puntos preocupantes:
Falta de transparencia en contratos: TRECSA ha sido objeto de cuestionamientos por los términos en que se le otorgaron concesiones para proyectos de transmisión eléctrica, que podrían implicar riesgos de fraude o corrupción. En particular, se investigan contratos firmados entre 2010 y 2015, cuando se adjudicaron varios tramos de transmisión bajo condiciones consideradas irregulares.
Fiscalización legislativa: El Congreso de la República ha pedido informes y auditorías sobre los parámetros legales bajo los cuales opera el proyecto de transmisión de TRECSA, solicitando rendición de cuentas.
Impactos sociales y ambientales: Informes independientes sostienen que la expansión de las líneas y subestaciones de TRECSA ha generado conflictos con comunidades locales, irregularidades en procesos de consulta y posibles vulneraciones a derechos humanos.
Relación con su casa matriz: TRECSA pertenece al Grupo Energía de Bogotá (GEB), conglomerado colombiano que ha sido objeto de críticas por presuntas prácticas empresariales agresivas y litigios internacionales en el país.
Subempresas y flujos financieros: Entre 2013 y 2015 se detectaron movimientos de dinero y sobornos provenientes de contratistas y subempresas relacionadas con el proyecto de transmisión. Estos fondos fueron canalizados a través de intermediarios y sociedades pantalla para asegurar la continuidad de contratos y concesiones.
El caso Erick Archila: antecedentes y conexiones con TRECSA
El exministro Erick Archila Dehesa, quien dirigió el Ministerio de Energía y Minas entre 2012 y 2015 durante el gobierno del Partido Patriota, fue señalado por recibir sobornos a cambio de favorecer contratos y permisos dentro del sector eléctrico. En 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo vincularon al caso “La Cooperacha” y posteriormente al “Mecanismo de Corrupción del MEM”, al comprobarse que recibió dinero de diversas empresas energéticas, entre ellas empresas contratistas de TRECSA y filiales de su red de proveedores.
Según las investigaciones, Archila habría recibido transferencias millonarias para agilizar autorizaciones de proyectos de transmisión y favorecer licitaciones en el marco del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía (PET), impulsado desde 2009. Parte de estos pagos se camuflaron como aportes de campañas o “consultorías técnicas” sin respaldo.
En total, las estructuras de corrupción relacionadas con el MEM y con las empresas contratistas del sector —entre ellas las asociadas a TRECSA— superaron los 75 millones de quetzales y 477 mil dólares estadounidenses en sobornos comprobados entre 2012 y 2016. Estos hechos, además de las órdenes de captura emitidas, reflejan un patrón de corrupción que benefició a grupos empresariales del sector energético a cambio de pagos ilícitos.
Mecanismos de corrupción en el sector energético
Los mecanismos que se repiten en los distintos casos documentados pueden agruparse en cuatro ejes principales:
Concesiones o contratos ventajosos: Empresas privadas obtienen concesiones para instalar líneas de transmisión o subestaciones bajo condiciones ventajosas gracias al tráfico de influencias o colusión con funcionarios.
Sobornos o pagos ilegales: A cambio de favores estatales, se realizan pagos a intermediarios o funcionarios para agilizar permisos, reducir controles o modificar licitaciones. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, entre 2012 y 2016 se comprobó el pago de sobornos provenientes de empresas vinculadas a la transmisión eléctrica, incluyendo contratistas de TRECSA.
Criminalización y represión: Las comunidades o actores que denuncian las irregularidades suelen enfrentar criminalización o intimidaciones judiciales.
Arbitrajes internacionales: Cuando el Estado intenta corregir o revisar contratos, las empresas recurren a tribunales internacionales, generando altos costos fiscales para Guatemala.
Estos patrones reflejan una estructura de poder donde la corrupción no es un hecho aislado, sino parte de un sistema que favorece intereses privados frente al interés público.
Impactos para Guatemala
Las consecuencias de estos mecanismos son profundas:
Económicas: El país asume riesgos financieros por demandas y arbitrajes internacionales que pueden alcanzar cientos de millones de dólares. Guatemala enfrenta actualmente una reclamación de más de mil millones de dólares en arbitrajes vinculados al sector eléctrico.
Sociales: Comunidades afectadas por proyectos energéticos sufren desplazamientos, daños ambientales y falta de consulta.
Institucionales: Se debilita la credibilidad del Estado y la confianza en las instituciones públicas.
Energéticas: La planificación del sistema eléctrico se ve comprometida, generando desigualdad en el acceso y priorizando proyectos que benefician a grupos específicos.
Líneas de investigación pendientes
Para profundizar en la lucha contra la corrupción en el sector energético es necesario:
Revisar los contratos, permisos y adendas otorgados a TRECSA y otras empresas entre 2010 y 2015, años donde se documentaron los principales sobornos.
Exigir auditorías independientes sobre la ejecución del plan de transmisión eléctrica y la administración de fondos de inversión extranjera.
Investigar vínculos entre funcionarios públicos y empresas privadas, incluyendo los nexos entre el despacho de Erick Archila y las compañías intermediarias utilizadas para canalizar sobornos.
Escuchar a las comunidades afectadas, que muchas veces han sido ignoradas en los procesos de concesión y consulta.
Evaluar el impacto ambiental y social de los proyectos eléctricos más allá del discurso de desarrollo.
Conclusión
El caso TRECSA representa mucho más que un conflicto empresarial: es un reflejo del modelo de corrupción estructural que afecta al sector energético guatemalteco. Millones de quetzales en contratos, concesiones y arbitrajes internacionales evidencian la magnitud del problema.
La ciudadanía necesita transparencia, justicia y rendición de cuentas. Los funcionarios implicados deben ser investigados y las empresas deben responder por los daños económicos, sociales y ambientales derivados de sus operaciones.
Guatemala no puede seguir tolerando que su energía —literal y figuradamente— sea capturada por redes de poder y corrupción. La luz que el país necesita no solo debe provenir de la electricidad, sino también de la transparencia y la verdad.
💬 ¿Qué opinas de la relación entre empresas extranjeras y el Estado en Guatemala?
