12/04/2025
EN EN RIESGO SEGUN COMISION ADVIERTE CRISIS INSTITUCIONAL
La reciente advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelve a colocar a Guatemala bajo el reflector internacional. Y no por méritos democráticos, sino por una crisis institucional que se agrava mientras quienes deberían garantizar la justicia profundizan su deterioro. El informe, resultado de una visita al país en julio, confirma lo que la ciudadanía, la prensa independiente y organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando: el sistema de justicia está siendo manipulado para perseguir y silenciar voces incómodas.
La CIDH constató una estructura de injerencia sistemática diseñada para socavar la independencia judicial. Según el organismo, el Ministerio Público y ciertos sectores del Poder Judicial han instrumentalizado el aparato penal para proteger intereses particulares, perpetuar la impunidad y criminalizar a quienes denuncian la corrupción. Esto no es un hallazgo menor. Se trata de un señalamiento directo al corazón del Estado de derecho.
El deterioro no es nuevo. Naciones Unidas ya había advertido en 2024 sobre la persecución contra operadores de justicia y periodistas. Estados Unidos y más de 40 países han sancionado a la fiscal general María Consuelo Porras por socavar la democracia, mientras el exilio forzado de más de cien personas entre 2022 y 2024 evidencia la magnitud del hostigamiento. Quien investiga la corrupción termina huyendo del país; quien la facilita, mantiene su cargo o es premiado con otro.
El informe de la CIDH pone sobre la mesa casos emblemáticos que revelan el uso selectivo y discrecional del sistema penal. El periodista José Rubén Zamora, detenido desde hace más de tres años, continúa encarcelado sin juicio justo, sin garantías mínimas, procesado en expedientes plagados de irregularidades. También destacan los casos de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, apresados tras participar en las protestas de 2023 contra los intentos del Ministerio Público de frenar la voluntad popular expresada en las urnas.
A esto se suma un escenario preocupante: la connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial para debilitar al Ejecutivo. La vieja práctica de protegerse mutuamente frente a acusaciones de corrupción continúa vigente, dejando en evidencia que el problema no es aislado, sino estructural. El sistema entero parece diseñado para no funcionar cuando se trata de rendir cuentas.
Pero la crisis trasciende los tribunales. La CIDH señala que los pueblos indígenas siguen enfrentando profundas desigualdades, con servicios básicos insuficientes y oportunidades limitadas. Las mujeres, niñas y comunidades LGBTI continúan siendo víctimas de violencia y exclusión. La justicia, en lugar de protegerlas, permanece atrapada en sus propias redes de manipulación.
El informe no solo diagnostica, también propone: 43 recomendaciones para recuperar la institucionalidad democrática, fortalecer la independencia judicial y garantizar los derechos humanos. Entre ellas, destaca un examen independiente del Ministerio Público durante el periodo de Consuelo Porras, una evaluación que podría revelar de forma clara el daño causado y las reformas necesarias para evitar que se repita.
La creación de la “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política” es una respuesta ciudadana a esta crisis, un esfuerzo por documentar y exigir accountability en instancias nacionales e internacionales. Es un recordatorio de que, aunque las instituciones se debiliten, la sociedad no ha renunciado a la búsqueda de justicia.
Guatemala no puede permitirse seguir normalizando la impunidad. Cuando la justicia se convierte en un arma política, la democracia entra en terapia intensiva. Las advertencias están hechas. Los hechos están documentados. La pregunta ahora es si el país tendrá la voluntad y el coraje de enfrentar lo que la CIDH ha dejado expuesto sin matices: un sistema que, si no se reforma pronto, puede poner en riesgo la gobernabilidad misma.
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