12/06/2025
🟣DEFENSOR DENUNCIA CAMPAÑA DE ODIO; COMUNIDADES MAYAS ACUSAN INTERESES INMOBILIARIOS DETRÁS
Lo que comenzó como una ola de ataques digitales escaló hoy a un punto crítico. El director de la Fundación Yansa A.C., Sergio Oceransky, denunció públicamente una campaña de difamación, amenazas de muerte y el presunto pago de hasta 40 mil pesos para movilizar “acarreados” a una protesta en su contra, organizada —según testimonios— por personas que afirmaron estar vinculadas a la inmobiliaria Ciudad Maderas.
A la conferencia de prensa acudieron y mostraron su respaldo representantes de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas y Sisal, así como integrantes de colectivos de defensa del territorio, abogadas y miembros del equipo de la Fundación Yansa, quienes exigieron frenar la escalada de agresiones y la criminalización de defensores.
La denuncia, presentada ante el CONAPRED y la Fiscalía General del Estado (FGE), exige una investigación inmediata y advierte sobre el riesgo creciente de violencia no solo contra Oceransky, sino también contra su equipo legal y colaboradores.
De los ataques digitales a los intentos de movilización pagada
Durante la conferencia, realizada frente al Palacio de Gobierno, Oceransky exhibió mensajes de redes sociales que incitaban abiertamente a la violencia: llamados al linchamiento, amenazas de as*****to, agresiones físicas y hasta referencias a prender fuego a propiedades o al propio defensor.
“Esta campaña ya cruzó la frontera del mundo digital al terreno real”, señaló. “El ofrecimiento de dinero para llevar acarreados a una protesta en mi contra demuestra que hay un intento organizado, con recursos y con objetivos muy claros”.
La marcha, convocada para las 5 de la tarde, fue cancelada de última hora tras la difusión pública de las denuncias.
Posible vínculo con Ciudad Maderas
Oceransky detalló que el ofrecimiento de hasta 40 mil pesos provino de personas que aseguraron tener relación con Ciudad Maderas, empresa contra la cual la Fundación Yansa obtuvo recientemente una suspensión definitiva mediante una demanda de amparo.
“Le corresponde a la Fiscalía investigar si realmente se trata de operadores de Ciudad Maderas o si hay otros intereses económicos escondiéndose detrás de su nombre”, advirtió.
Representantes de las comunidades mayas presentes subrayaron que estos patrones de presión, desinformación y criminalización coinciden con prácticas atribuidas a proyectos inmobiliarios que buscan intervenir en tierras comunales.
Comunidades mayas cierran filas y denuncian criminalización
Los representantes de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas y Sisal, quienes estuvieron hoy acompañando al defensor, condenaron la apertura de carpetas de investigación sin sustento por parte de la FGE, señalando que estas se utilizan como herramientas de intimidación para obstaculizar la defensa territorial.
Activistas señalaron que mientras se fabrican cargos contra quienes protegen el territorio, “los verdaderos responsables de devastación ambiental y daño patrimonial operan con total impunidad”.
Desconfianza en la FGE y exigencia de garantías
Oceransky explicó que presentó primero su denuncia ante el CONAPRED debido a la falta de confianza en la FGE, que previamente abrió procesos en su contra y contra defensores de Ixil por supuestos despojos que las comunidades afirman nunca existieron.