08/02/2025
La dictadura de Ortega libera a 1,500 presos comunes, incluidos condenados por delitos violentos
En un movimiento que ha generado alarma y controversia, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó este 31 de julio de 2025 a 1,500 presos comunes, amparados en lo que el Ministerio del Interior denomina “Beneficios Legales de Convivencia Familiar”. La medida incluye a 1,375 hombres y 127 mujeres, quienes se encontraban recluidos en penitenciarías de todo el país, como Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, León, Estelí, Chinandega y Bluefields.
Lo más polémico de la medida es que entre los beneficiados se encuentran personas condenadas por delitos graves como robo con violencia, asalto con arma blanca, as*****to y violación. El régimen asegura que estos reclusos demostraron buena conducta durante su encarcelamiento y merecen una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad.
“Es parte de nuestro modelo de reconciliación”, afirmó Rosario Murillo en su alocución oficial, al justificar la excarcelación masiva. “Cometieron errores, cometieron delitos, pero han demostrado buen comportamiento. Merecen volver con sus familias, trabajar, enderezarse y prosperar”, dijo la vocera del régimen, en un discurso cargado de retórica conciliadora.
Las autoridades también afirmaron que los programas de formación implementados en las cárceles —desde alfabetización hasta estudios universitarios— han sido determinantes para la decisión. Además, alegaron que los internos participaron en actividades culturales, deportivas y espirituales.
Sin embargo, esta liberación ocurre en medio de un contexto en el que decenas de presos políticos permanecen tras las rejas por ejercer su derecho a expresarse libremente o por manifestarse contra el régimen. Para muchos, la excarcelación masiva de presos comunes contrasta brutalmente con la crueldad y el encierro que enfrentan quienes disienten del poder.
Mientras el gobierno asegura que se trata de un gesto de reconciliación, voces críticas temen un trasfondo político y advierten sobre los riesgos sociales de liberar a personas con historial de violencia, en un país marcado por la impunidad y el control absoluto del poder.
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