02/24/2026
Mientras miles de hondureños trabajadores —sin antecedentes penales, sin armas, sin poder— son detenidos, esposados, encarcelados y deportados, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado en tribunales federales de Estados Unidos de conspirar para traficar decenas de miles de toneladas de co***na, goza de tratos preferenciales, garantías y protección institucional.
Desde una perspectiva estrictamente legal, esto constituye una violación al principio de igualdad ante la ley y una aplicación selectiva del sistema de justicia.
La ley migratoria se aplica con máxima severidad al pobre, mientras la ley penal internacional se flexibiliza para el poderoso.
📌 El derecho internacional es claro:
La responsabilidad penal por narcotráfico transnacional no prescribe por conveniencia política.
La cooperación judicial no puede convertirse en moneda de negociación.
La impunidad de un ex jefe de Estado envía el mensaje de que el crimen organizado sí paga, si se ejerce desde el poder.
⚠️ Deportar masivamente a migrantes hondureños que huyen del daño estructural causado por redes criminales incrustadas en el Estado, mientras se protege a quienes dirigieron esas mismas estructuras, constituye una forma de castigo colectivo y una contradicción directa con los principios de derechos humanos que Estados Unidos afirma defender.
👉 No es aplicación de la ley, es arbitrariedad.
👉 No es justicia, es selectividad penal.
👉 No es Estado de Derecho, es impunidad organizada.
Los hondureños migrantes no son el problema.
El problema es un sistema que criminaliza la pobreza y blinda la corrupción.
La historia, el derecho y los pueblos no olvidan.
Y la impunidad jamás es eterna.
